Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 3 de septiembre de 2010

Este artículo detalla las presiones procedentes del establishments de la UE (el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo) y del mundo empresarial y financiero europeo y español al Presidente Zapatero para que tome medidas duras e impopulares para “salvar el país”. Tales establishments se refieren al canciller Schroeder responsable de las reformas impopulares (que causaron el descalabro del partido socialdemócrata alemán) como modelo para Zapatero, pues se asume que aquellas reformas (continuadas por la Sra. Merkel) han sido responsables de la recuperación alemana. Este artículo señala el error de tales supuestos señalando que el énfasis en las exportaciones como salida a la crisis –que enfatizó Schroeder-  se ha realizado a costa de las rentas del trabajo que han descendido como porcentaje de la renta nacional. El artículo muestra también que en contra de lo que aquellos establishments asumen, el resurgimiento del crecimiento alemán no se debe a las políticas de austeridad fiscal sino, al contrario, al estímulo económico de las economías importadoras, China y EEUU y a medidas estimulantes (crecimiento del déficit del estado alemán y aumento muy notable del gasto público por parte de los Landers) poco conocidas en los medios españoles.

El Presidente Zapatero ha estado sometido a enormes presiones para que adopte medidas que son muy impopulares que permitan –según los responsables de tales presiones- a la economía española salir de la crisis. Las medidas que desean que el Presidente Zapatero adopte incluyen reformas en el mercado laboral encaminadas a facilitar el despido, reducir los salarios, congelar las pensiones, retrasar la edad de jubilación, aumentar la regresividad de sus políticas fiscales, privatizar parte de la financiación de los servicios públicos, disminuir el gasto publico, y otras medidas que, en caso de aplicarse, en su conjunto, significaría el mayor recorte de beneficios sociales y laborales que haya ocurrido durante la democracia. Tales presiones proceden de las instituciones europeas (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Consejo Europeo), y del mundo financiero y empresarial, tanto europeo como español, y tienen como objetivo alcanzar lo que han deseado durante mucho años: debilitar al mundo del trabajo, justificando tales medidas como necesarias para aumentar las rentas del capital, condición sine qua non –según ellos- para que la economía española crezca y se recupere. Argumentan que el gobierno debe tener el valor de aplicar medidas “duras” que permitan resolver el enorme problema económico español, cuya máxima expresión es el mayor nivel de desempleo existente en la UE. De ahí que tales medidas duras, negativas para el bienestar de las clases populares, se presenten, paradójicamente, como necesarias para mejorar el día de mañana la calidad de vida de tales clases.
Esta presión sobre el Presidente Zapatero se ha presentado también en los fórums mediáticos españoles en que varios artículos le han aconsejado que se convierta en el Schroeder español. En estos artículos, las reformas llevadas a cabo por el canciller socialdemócrata alemán, Gerhard Schroeder, suelen presentarse como modélicas, instándose al Presidente Zapatero a que tenga el valor que tuvo tal canciller y realizar políticas duras e impopulares que, aun cuando le significaron un coste político elevado (que le significó la derrota electoral al partido socialdemócrata alemán), han resultado ser sumamente exitosas, pues han permitido (al ser continuadas por la canciller cristianodemócrata Angela Merkel) a Alemania salir de la crisis con un crecimiento económico espectacular. De ahí que se anime al Presidente Zapatero a que ponga los intereses del país por delante de los de su partido, identificando los intereses del país con los intereses de los defensores de tales políticas de austeridad (el capital financiero y el mundo empresarial, que están promoviendo tales políticas duras, y están presionando al presidente Zapatero para que se convierta en el Schroeder español).
En estos argumentos se ignoran, sin embargo, varios hechos. Uno de ellos consiste en las diferencias existentes entre las propuestas del canciller Schroeder y las que están presionando para que realice el Presidente Zapatero. En Alemania, el gobierno socialdemócrata basó sus reformas del mercado laboral en un intento de retener a los trabajadores en las empresas, en lugar de facilitar su despido, como están proponiendo al gobierno Zapatero el mundo empresarial y financiero. Una de las reformas importantes (y relevantes para España) que hizo el gobierno Schroeder en su programa de reformas, fue el de incentivar a los empresarios a que retuvieran a sus trabajadores en lugar de despedirlos, de manera que el estado paga subsidios a los empresarios para cubrir la reducción de horas de los trabajadores, consecuencia de la menor demanda en la producción. Ésta ha sido una de las razones de que Alemania haya mantenido un desempleo (7%) menor que el promedio de la UE-15, y ello a pesar de un declive muy notable de su PIB (4,6% en 2009), mayor que el ocurrido en España. El mundo empresarial y financiero español, sin embargo, están promocionando la facilidad de despido en lugar del mantenimiento del trabajador, medidas que, sin lugar a dudas, aumentarán el desempleo en España.
El punto flaco del programa de reformas del canciller Schroeder fue el de reducir las prestaciones sociales y el mantener los salarios bajos, en proporción a la elevada productividad laboral existente en Alemania. Esta medida fue clave para permitir un aumento de competitividad de los productos alemanes a nivel internacional, incrementándose espectacularmente sus exportaciones. El enorme crecimiento económico presentado en el último trimestre se debe, en parte, al extraordinario crecimiento de las exportaciones (resultado de los estímulos económicos en China y en EEUU). Pero la pregunta que debe hacerse y que no se hace es quién se ha beneficiado más de esta situación. Y la pregunta es fácil de responder. Los empresarios de las industrias exportadoras y los bancos, que acumulan euros obtenidos de las ventas de los productos alemanes en los países de la eurozona (dos terceras partes de las exportaciones van a estos países). Los salarios, sin embargo, se han mantenido estables, elemento importante para explicar el milagro alemán, basado en exportaciones. Ello explica también la escasa importancia de la demanda doméstica como estímulo de la economía alemana.
Y ahí está la gran debilidad del argumento del mundo empresarial y financiero, que desean que Zapatero se convierta en un Schroeder. El modelo exportador, a la larga, no se sostiene si todos los modelos económicos de los países de la UE se basan en la exportación como el mayor estímulo económico. Para que un país exporte, se requiere que haya otros que importen. Si todos exportan el sistema no funciona. Y ahí está el mayor problema de la UE. La exportación del modelo alemán, con salarios moderados (que quiere decir, por lo general, salarios bajos en relación a la productividad laboral) es un sistema insostenible en la Unió Europea. Alguien tiene que comprar lo que otros quieren exportar. Sino, todos tienen un grave problema.

LAS LIMITACIONES DEL MODELO SCHROEDER
Como ya he señalado en otros artículos, el modelo basado en las exportaciones no ha beneficiado especialmente a las clases populares de Alemania. En realidad, el desacuerdo entre el canciller Schroeder y su Ministro de Economía Oskar Lafontaine, se basó precisamente en este punto. El canciller Schroeder llevó a cabo políticas públicas que se basaron en lo que se llama “moderación salarial”, que quiere decir en lenguaje llano, que el crecimiento del producto consecuencia del aumento de la productividad se transforme más en rentas del capital que en las rentas del trabajo. Oskar Lafontaine quería implementar medidas que beneficiaran más a las segundas que a las primeras, transformando la demanda doméstica en el motor de la economía. Sus propuestas hubieran beneficiado más a las clases trabajadoras y clases medias de Alemania (y de la UE, por cierto). Venció Schroeder en aquel conflicto y Lafontaine dejó el gobierno, el partido socialdemócrata y ayudó a establecer el nuevo partido, Die Linke (la izquierda). El partido socialdemócrata alemán sufrió el mayor descalabro que haya sufrido en su periodo democrático.
En Alemania, la productividad laboral ha crecido más rápidamente que los salarios, creándose un excedente que ha beneficiado las industrias exportadoras y la banca. En España, sin embargo, los salarios, históricamente muy bajos, han aumentado más que la productividad, haciendo los productos españoles menos competitivos. Puesto que España no puede devaluar la moneda para abaratar sus productos, la única solución es que se bajen los salarios. Todas las propuestas de reforma del mercado laboral tienen este objetivo (aunque no se promuevan como tal). Para alcanzarlo se están proponiendo toda una serie de medidas regresivas, altamente impopulares y con pocas garantías de éxito. Las políticas de austeridad de gasto público, encaminadas a reducir el déficit público, están ralentizando el crecimiento económico y aumentando el desempleo (que a su vez determina una bajada de salarios). El caso de Lituania y Estonia, que están siguiendo a pies juntillas las recetas de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, es significativo. En ellos se está ralentizando el crecimiento económico y está aumentando el desempleo.

PRESTEN ATENCIÓN A LO QUE EL GOBIERNO MERKEL HACE, NO A LO QUE DICE
Mientras que el aumento del crecimiento económico alemán se debe, en parte, al enorme estímulo económico del gobierno Chino (y en menor medida al del gobierno estadounidense), con incremento de las exportaciones, hay otras dos causas de tal crecimiento, muy bien documentadas por el excelente artículo de Mark Weisbrot en The Guardian, “The Falacy of Taking German Lessons” (30.08.10), y que no han sido conocidas en los medios de información. Y las dos causas son las políticas keynesianas que el gobierno ha seguido y que contradicen las propuestas de austeridad que la canciller Merkel está promocionando para otros países, incluyendo España. Una es el aumento del déficit del estado alemán, que se ha doblado en un año. Según las cifras de estadística del gobierno federal, el déficit del estado en la primera mitad del 2010 (42,8 billones de euros), fue más del doble (18,7 billones) que el existente en la segunda mitad del 2009. Muy pocos países han visto crecer su déficit tan rápidamente, lo que significa, por lo tanto, un gran estímulo económico. La otra causa es el crecimiento del gasto público (y muy en particular de los “landers”, equivalente a las CCAA en España). Las reducciones de gasto a nivel central han sido más que compensadas con un gran crecimiento de los gastos públicos en las CCAA de Alemania, que ha significado un gran estímulo económico. Este crecimiento ha sido muy acentuado en la primera mitad de este año. Ninguna de estas dos causas del crecimiento económico en Alemania ha sido citada en los medios españoles. Las fuerzas financieras y empresariales que están presionando (exitosamente) al Presidente Zapatero (y que tienen gran influencia en los medios) quieren transformar España en un modelo exportador semejante al alemán (basado en una “moderación” salarial), sin tener en cuenta (debido, en parte, a su ignorancia y en parte a su fe en el dogma neoliberal) que el reciente crecimiento económico alemán se basa en políticas de estímulo económico en otros países, y también en la propia Alemania. Las recetas que el mundo financiero y empresarial están proponiendo para España mejorarán sus propios intereses, pero no los intereses de España y de sus clases populares.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 2 de septiembre de 2010

Este artículo muestra el impacto negativo que ha tenido en la calidad de vida de las clases populares la aplicación de las políticas neoliberales promovidas por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo y llevadas a cabo por el gobierno español. El artículo concluye apoyando la llamada de los sindicatos españoles y europeos a protestar el desarrollo de tales políticas.

Es importante que se entienda y se conozca qué ha estado ocurriendo en la Unión Europea durante estos últimos años (y no me refiero sólo a lo que ha pasado desde el inicio de la crisis en 2007). La participación de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional en el promedio de los países de la UE-15 ha ido descendiendo desde principios del establecimiento de la Unión hasta hoy, bajando del 69% al 56%. Este descenso ha sido mucho más acentuado en la zona euro, y todavía mayor en España. Ello ha ido acompañado de un aumento del desempleo en el promedio de la UE-15 (interrumpido provisionalmente en España por la burbuja inmobiliaria hasta que estalló) y de un deterioro de las condiciones de trabajo. El porcentaje de trabajadores que declara trabajar en condiciones estresantes en el promedio de la UE-15 ha pasado del 32% de la población empleada a un 54% en 2008. En España ha sido incluso mayor. Una consecuencia de ello es que las enfermedades laborales por estrés han aumentado.
Por si esto no fuera suficiente, la protección social se ha ido deteriorando. La tasa de crecimiento del gasto público social (que cubre los gastos públicos en las transferencias y servicios del Estado del bienestar) ha ido descendiendo en el promedio de la UE-15 desde principios de la década de los noventa (habiéndose interrumpido este descenso entre 2004 y 2008 en España durante la alianza –informal– del PSOE con IU-ICV, ERC y BNG). Ha vuelto a descender a partir de entonces, y España ha permanecido en la cola de la Europa social, siendo el país de la UE-15 con el gasto público social por habitante más bajo. Además de este descenso hemos visto una disminución de los derechos laborales en la mayoría de los países de la UE-15.
Mientras la clase trabajadora y grandes sectores de las clases medias veían disminuir su capacidad adquisitiva (la mayor causa del enorme endeudamiento de las familias), hemos visto un enorme incremento de los beneficios empresariales. Estos aumentaron un 38% en la media de la UE-15 y un 42,3% en la zona euro durante el periodo 1999-2008, mientras que los costes laborales aumentaron sólo un 17%. En España, este contraste entre la austeridad impuesta a las clases populares y la bonanza y exuberancia de los beneficios empresariales fue incluso más acentuado. Durante el mismo periodo, las mayores empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (casi el doble de la media de la UE-15), mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo periodo un 3,7% (casi cinco veces menos que en la UE-15). Dentro de estas empresas, las que alcanzaron elevadísimos niveles de beneficios fueron las financieras, que basaron su riqueza en el enorme endeudamiento de las familias europeas y españolas y en actividades altamente especulativas, incluyendo las inversiones inmobiliarias, que se convirtieron en el motor del crecimiento económico en varios países, incluyendo España. La banca española, bajo la pésima supervisión del Banco de España, tiene una enorme responsabilidad en el desarrollo del complejo bancario-inmobiliario-constructor y su burbuja, que al explotar ha creado el enorme problema económico, además de dificultar enormemente la accesibilidad al crédito por parte de la ciudadanía y de la mediana y pequeña empresa. Es una enorme incoherencia (para ponerlo de una manera amable) que el gobernador del Banco de España, Francisco Fernández Ordóñez, que junto con anteriores gobernadores es el responsable de una de las mayores causas de la crisis en España, esté ahora liderando el movimiento neoliberal, y responsabilice a los sindicatos por el elevado desempleo causado, según él, por una supuesta rigidez de los mercados laborales.
A nivel europeo, los hechos presentados en los párrafos anteriores se deben, no a los mercados financieros, sino al desarrollo de las políticas neoliberales, promovidas por las mayores instituciones de la UE, y muy en especial por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, controlado este último por las derechas (cristiano-demócratas y liberales). Estas instituciones han estado imbuidas del pensamiento neoliberal, al cual se han adaptado gran parte de los partidos socialdemócratas gobernantes que han abandonado elementos claves de la tradición socialdemócrata para convertirse en partidos socioliberales. Estas políticas han consistido en la desregulación de los mercados laborales, la reducción de la protección social, la reducción de los impuestos, el aumento de su regresividad (responsable, en parte, de que las desigualdades sociales en la UE-15 hayan alcanzado el mayor nivel conocido en los últimos 20 años), las privatizaciones de los servicios del Estado del bienestar, y la reducción de los beneficios laborales y sociales. La reducción de impuestos, por cierto, determinó el crecimiento de la deuda pública en todos estos países.
Todas estas políticas han respondido al enorme poder de clase, es decir, del capital (mundo empresarial y financiero y rentas superiores), que está aprovechando ahora la crisis creada por ellos para conseguir lo que ha estado deseando todos los años: debilitar todavía más al mundo del trabajo al cual pertenecen las clases populares. De ahí que sea fundamental que exista una protesta masiva el día 29 de septiembre, a nivel europeo y a nivel español, para iniciar un proceso de reversión de tales políticas, no tanto por un cambio político en el que ganen las derechas (PP en España y CiU en Catalunya) que empeoraría todavía más la situación, sino por un cambio muy sustancial en las izquierdas, y muy en especial de las gobernantes, que no ocurrirá a no ser que haya una protesta generalizada en contra de aquellas políticas. Así ocurrió, por cierto, en las últimas huelgas generales, y así debiera ocurrir ahora.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 26 de agosto de 2010

Este artículo critica la postura ampliamente extendida en los establishments financieros, mediáticos, y políticos españoles que asumen que subir los impuestos no es aconsejable en momentos de recesión pues disminuye la demanda y el estímulo económico. El artículo señala que la certeza de tal supuesto depende del tipo de impuestos y del uso que se haga de ellos por parte del Estado. Si la carga impositiva es progresiva y redistributiva, utilizándose aquellos fondos en la creación de empleo (en áreas tales como servicios del escasamente desarrollado Estado del Bienestar, en transporte público, y en áreas verdes) se estimula la demanda y el crecimiento económico. El artículo muestra datos que avalan tal propuesta.

La nueva sabiduría convencional es que, en momentos de recesión como el actual, no hay que subir impuestos, pues ello reduciría la capacidad de compra de los ciudadanos, disminuyendo la demanda de productos y servicios, y con ello la capacidad de estimular el crecimiento económico. Esta postura está ampliamente extendida en España, lo cual explica la reacción negativa que la propuesta del ministro de Fomento, José Blanco, ha tenido en centros financieros y empresariales del país y en los mayores partidos de la oposición conservadora y neoliberal en las Cortes españolas. Ello forzó a la vicepresidenta segunda del Gobierno socialista español, Elena Salgado, a clarificar que el Ejecutivo no piensa subir los impuestos sobre la renta, excepto en pequeñas variaciones, para conseguir mejorar su equidad.
La evidencia existente, tanto en EEUU como en la Unión Europea, no avala, sin embargo, los supuestos que apoyan tal sabiduría convencional. Es cierto que los impuestos sobre el consumo (como el IVA) pueden reducir la demanda. Ahora bien, incluso en este caso, su impacto reductor de tal demanda depende mucho del tipo de consumo que se grave. La experiencia en EEUU muestra que, como resultado de la enorme polarización de las rentas y su gran concentración en unos sectores muy minoritarios de la población, la gravación del consumo de lujo apenas ha afectado a su demanda, lo que demuestra que la crisis apenas ha tocado a las rentas superiores. Es una lástima que el Gobierno no haya sido suficientemente sensible en este punto, al no centrarse más en el consumo de las clases más adineradas.
Pero el mayor problema no es este. Que los impuestos reduzcan la demanda depende no sólo del origen de los fondos públicos, sino del destino de tales fondos. Si el Estado gasta estos fondos en reducir el déficit, por ejemplo, el impacto en el crecimiento económico es menor e indirecto. Se asume que la reducción del déficit aumentará la confianza de los mercados financieros y reducirá los intereses de los pagos de la deuda, lo cual permitirá mayores inversiones y mayor gasto público. Esta es la mayor justificación para reducir el déficit.
Sin desmerecer la importancia de este argumento, el hecho es que se basa en la fe y en la esperanza de que las cosas ocurrirán de esta manera. Pero lo cierto es que las dudas que existen acerca de la economía española radican no tanto en el déficit público, como en su escaso crecimiento económico. Creerse que se reactivará la economía a través de la reducción del déficit (conseguido a través de reducciones de gasto público e impuestos que afectan predominantemente al consumo de las rentas medias y bajas) es un error que se incrementaría todavía más con las propuestas de los partidos conservadores-neoliberales de la oposición, que van incluso más allá y desean reducir también los impuestos sobre la renta.
En realidad, lo que debería hacerse es aumentar la progresividad de los impuestos, tanto los del consumo como los de las rentas, incrementando notablemente los impuestos sobre el consumo de lujo y sobre las rentas superiores, corrigiendo además el enorme fraude fiscal (que beneficia principalmente a tales rentas). El aumento de los ingresos al Estado debería gastarse predominantemente en crear empleo, que es la intervención pública más eficaz para estimular la demanda y el crecimiento económico, corrigiendo los dos mayores problemas que tiene la economía española; es decir, las bajas tasas de ocupación y el elevado desempleo. De ahí la enorme importancia y urgencia de que existan políticas redistributivas que permitan al Estado transferir fondos de las rentas altas a las rentas medias y bajas mediante la creación de empleo por parte del Estado (central, autonómico y local), sobre todo en áreas como en la infraestructura social (en los servicios públicos del Estado del bienestar), en la física (sistemas de transporte público) y nuevas áreas productivas ecológicas, que permitan aumentar la cohesión social y la eficiencia económica del país.
La evidencia de la superioridad de esta estrategia sobre la que se está siguiendo, no sólo en España, sino en la mayoría de países de la UE, es abrumadora. Basta con ver los datos. Los países del norte de Europa, de tradición socialdemócrata, son los países que tienen mayor carga fiscal (la de Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia es equivalente al 47%, 48%, 42% y 42% del PIB, respectivamente). También son los que cuentan con una mayor progresividad de tal carga, de manera que son los que tienen menos desigualdades sociales en Europa. Estos elevados ingresos se invierten en las infraestructuras sociales y físicas, creando ocupación, bien a través de los servicios del Estado del bienestar, bien a través de servicios que faciliten la integración de la mujer al mercado de trabajo (lo que llamé en su día el cuarto pilar del bienestar; es decir, escuelas de infancia y servicios domiciliarios), aumentando la ocupación. Como consecuencia de ello, son países con elevadísimas tasas de empleo (Suecia, 72,2%; Dinamarca, 75,7%; Noruega, 76,8%, y Finlandia, 68,7%) y bajo desempleo, mucho menor que el promedio de la UE-15 (9%).
Los países del sur de Europa están en el polo opuesto. Son estados que han estado gobernados históricamente por las derechas y cuyas izquierdas gobernantes han tenido en sus áreas económicas una orientación escasamente keynesiana. Como consecuencia, tienen una carga fiscal muy baja (España, Grecia y Portugal tienen una carga fiscal del 33%, 31% y 36% de PIB, respectivamente, habiendo incluso descendido este año al 30% en España, el más bajo de la UE-15), una gran regresividad fiscal, unas enormes
desigualdades (las mayores en la UE-15), un Estado del bienestar subfinanciado, una tasa de ocupación muy baja (España, Portugal y Grecia tienen unas tasas de ocupación del 59%, 61,3% y 66%, respectivamente) y un desempleo elevado, mayor que el promedio de la UE-15. A la luz de tal evidencia, es preocupante ver que el equipo económico del Gobierno parece resistirse a corregir estos enormes déficits.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 23 de agosto de 2010

Este artículo señala que la subida de impuestos no tiene porque reducir la demanda y reducir el crecimiento económico tal como argumenta los pensadores neoliberales. El incremento de los impuestos a las rentas superiores generaría recursos públicos que en caso de invertirse en la creación de empleo de los servicios públicos del estado del bienestar (que tienen el número de empleados más bajo de la UE-15) estimularía la economía. El artículo muestra como los países que tienen mayor carga fiscal progresiva tienen mayor porcentaje de la población que trabaja y mejores estados del bienestar.

Uno de los dogmas que se reproducen en la doctrina neoliberal (basada en la fe en los mercados) es creer que subir los impuestos no es bueno para la economía, y todavía menos en momentos de recesión, es decir, en momentos de descenso de la actividad económica. Puesto que en una recesión hay un déficit de la demanda, se asume que la subida de impuestos reduciría todavía más tal demanda, pues la gente tendría menos dinero para consumir. Pero tal creencia ignora varios hechos. Uno es que el aumento de los impuestos no tiene porque reducir la demanda. Que los reduzca o no depende del tipo de impuestos. El impuesto del IVA (que se basa en el consumo), por ejemplo, puede reducir la demanda, aunque, incluso ahí tal reducción, depende del tipo de IVA y sobre que productos se aplique tal aumento. Pero, hay otros impuestos, como el impuesto sobre las rentas altas, que tienen un impacto menor en la reducción de la demanda, dado que la gente rica ya consume mucho y cuando recibe dinero extra, lo invierte más que no lo consume, pues su nivel de consumo ya es muy elevado. De ahí que se sabe en la literatura económica que las bajadas de impuestos a los ricos tienen más impacto en estimular el ahorro que el consumo, al revés de lo que ocurre cuando se bajan los impuestos de las rentas medias y bajas. Las personas de bajos ingresos consumen todo el dinero extra que reciben, pues siempre andan cortos de dinero. De ahí que si se quiere aumentar la demanda es mejor reducir los impuestos de las personas y familias de rentas medias y bajas que de las personas de rentas altas. En realidad, subir el impuesto de los ricos y de las rentas del capital puede aumentar la demanda si el estado –con los fondos recibidos como consecuencia del aumento de los impuestos- invierte en servicios e infraestructuras que creen empleo. Esta creación de empleo tiene un impacto muy importante e inmediato sobre el incremento de la demanda.
Y los datos así lo prueban. Los países que tienen una carga fiscal elevada y progresiva, tienen un mayor porcentaje de población adulta trabajando y ello como resultado de un mayor protagonismo del estado (sea central, autonómico o local) creando y expandiendo empleo sobre todo en los servicios públicos. No es por casualidad que sean también estos países los que tengan un estado del bienestar más extenso y de mayor calidad. Y los datos hablan por si mismos. Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia tienen una carga fiscal equivalente al 47%, 48%, 42% y 42% del PIB respectivamente. Y tienen el mayor porcentaje de población trabajando (la tasa de ocupación de Suecia es del 72,2% en 2008, la de Finlandia de 68,7%, la de Noruega el 76,8% y la de Dinamarca de 75,7%), incluyendo también tasas elevadas de empleo en su estado del bienestar (en Suecia la población empleada en el estado del bienestar era el 24,8% en 2007, en Finlandia era el 19,8% y en Dinamarca el 24,5%).
Por el contrario, son los países del sur de Europa, en los que las derechas han sido históricamente muy fuertes, donde los impuestos son más bajos. Y los porcentajes de la población que trabajan, incluyendo la población empleada en sus estados del bienestar, son también muy bajos. España, Grecia y Portugal tienen una carga fiscal de 33%, 31% y 36%, respectivamente, y a la vez una tasa de ocupación de 59.8%, 61.3% y 66.3%, con una ocupación en el estado del bienestar de 10.6%, 9.8% y 11.5%, respectivamente.

Lo que ha ocurrido durante estos últimos años es que las derechas han adquirido mayor peso en Europa (y los gobiernos de centroizquierda han aceptado los dogmas neoliberales promovidos por las derechas). Y ha habido una gran bajada de impuestos de la mayoría de países donde las derechas o las centroizquierdas (de orientación socioliberal) han gobernado, con lo cual, los estados han perdido recursos y/o se han endeudado para poder proveer los servicios. Ahí está la madre del cordero. Bajar impuestos ha sido la moda y recuerden que el Sr. Zapatero indicó que bajar impuestos era “ser de izquierdas”. Y esta mentalidad nos ha llevado donde estamos ahora. En principio no se notaba mucho porqué había un elevado crecimiento, basado en burbujas inmobiliarias y de la bolsa, que creaban una sensación (falsa) de riqueza. Pero cuando las burbujas estallaron, los estados (y la ciudadanía) quedaron profundamente endeudados. Y ahí está el problema.
Los grandes recortes del gasto público que ahora se exigen son consecuencia directa de las bajadas de impuestos. Así en Alemania, las bajadas de impuestos iniciadas en la época del gobierno Schroeder y continuadas por el gobierno Merkel (bajadas de los impuestos sobre las rentas del capital de hasta 21 puntos y de las rentas superiores de hasta 9,5 puntos), significó una reducción de los ingresos al estado de 75.000 millones de euros por año, que es el tamaño del déficit que Merkel quiere resolver a costa de recortes en el gasto público. Un tanto semejante ocurre en España, donde la congelación de las pensiones, la reducción de los salarios públicos y del gasto público podrían haberse evitado si no se hubieran recortado los impuestos del IRPF, llevados a cabo por Rato y después por Solbes, ni se hubieran eliminado los impuestos sobre el Patrimonio, ni se hubieran hecho otras reformas fiscales regresivas, que han significado una enorme merma de los ingresos del estado. El dominio del pensamiento neoliberal en los establishments políticos y mediáticos, financieros y empresariales del país nos ha llevado a la situación de la enorme crisis que estamos viviendo. Y como si no fuera suficiente, ahora estos establishments quieren reducir todavía más el gasto público (incluyendo el gasto público social) de España, el más bajo de la Unión Europea de los quince (UE-15). Y predeciblemente, las derechas catalanas y españolas (y algunas voces socioliberales) están insistiendo en no subir los impuestos, pidiendo incluso que continúen bajando en el país de la UE-15, que no sólo tiene menos gasto público, sino que tiene además –y cómo consecuencia- el porcentaje de población ocupada más bajo y el desempleo mayor de la UE-15.

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Publicado en PÚBLICO, 19 de agosto de 2010.

Este artículo señala  que el resurgir del crecimiento económico de Alemania (el motor de la economía de la Eurozona) no se debe a las políticas de austeridad promovidas por el gobierno Merkel, sino a la debilidad del euro y al estímulo económico de China y EE.UU. El modelo económico alemán está basado en las exportaciones, en lugar de la demanda doméstica. El artículo analiza las consecuencias negativas de este modelo para el resto de los países de la Eurozona.

El pasado viernes los medios de información anunciaron con gran alboroto el crecimiento de la economía alemana (el mayor motor de la economía europea), que según la  Oficina Federal de Estadística del gobierno alemán, representaba el mayor incremento que aquella economía había experimentado durante el periodo de existencia de la Alemania unificada. Inmediatamente, tal aumento del crecimiento se ha presentado como ejemplo de lo bien que han ido, para Alemania y para todos los países de la Eurozona, las políticas de austeridad propuestas por el gobierno de Angela Merkel. Puesto que unos días antes, el Banco Central Estadounidense -el Federal Reserve Board- había anunciado un retroceso del crecimiento económico de Estados Unidos, resultando en una tasa de crecimiento económico menor que la nueva tasa experimentada por la economía alemana, los medios (la mayoría de sensibilidad conservadora y neoliberal) inmediatamente lanzaron las campanas al vuelo, concluyendo que la elevada tasa de crecimiento alemana mostraba la superioridad de las políticas de austeridad fiscal identificadas con el gobierno Merkel, sobre las políticas de estímulo económico, propuestas y llevadas a cabo por el gobierno Obama en EE.UU. Uno de los economistas neoliberales más promocionados por  la televisión pública catalana, TV3, inmediatamente definió las políticas de estímulo del Presidente Obama como un “enorme desastre”, mostrando, una vez más, la hipérbole y exageración que caracteriza su discurso.
Para poder llegar a esta conclusión se olvidan e ignoran, sin embargo, varios hechos. Uno de ellos es que el incremento del crecimiento económico alemán tiene poco que ver con las políticas de austeridad alemanas, pues la causa de este crecimiento se debe a otras razones, incluyendo el rápido descenso del valor del euro, que ha facilitado el aumento de las exportaciones alemanas, sobre todo a China y a EE.UU., que durante estos años de crisis han tenido mayor crecimiento económico que  Alemania, consecuencia, por cierto, del estímulo económico que estos países han aplicado a  sus economías. Alemania es el mayor exportador del mundo y las exportaciones (y no la demanda doméstica) son el motor de aquella economía. En realidad, los salarios (la mayor fuerza motriz de la demanda doméstica) han permanecido estancados desde hace ya muchos años en Alemania, situación que ha sido denunciada no sólo por los sindicatos y la izquierda alemana, sino también por la Ministra de Economía del gobierno Sarkozy, Christine Lagarde, pues tal estancamiento de la demanda doméstica está detrás de la falta de recuperación de la economía de la Eurozona, dado que  la falta de un incremento de la demanda doméstica en Alemania explica una paralización de las importaciones alemanas de los productos producidos en los otros países de la Eurozona. En realidad, la enorme concentración de euros en Alemania (que la banca alemana ha prestado a los bancos del sur de Europa y ha utilizado también para comprar la deuda pública de aquellos países) se basa en esta situación: Alemania exporta mucho e importa poco y paga a sus trabajadores mucho menos de lo que estos producen. De ahí, que como bien decía el corresponsal de The New York Times, en Alemania, el “milagro exportador” en Alemania se ha basado en los sacrificios de la clase trabajadora alemana (14.08.10).
Acentuando este estancamiento de los salarios, Alemania  ha sufrido políticas de austeridad de gasto público (incluyendo social) desde la época del gobierno Schroeder (1998-2005), resultado del descenso de los ingresos al estado, consecuencia de una reducción de los impuestos de sociedades y de las rentas superiores, políticas seguida más tarde, también, por Angela Merkel. Los impuestos sobre el capital disminuyeron ni más ni menos  que 21 puntos y el nivel de grabación de las rentas superiores se redujo 9,5 puntos. Si Alemania hubiera mantenido los niveles de imposición fiscal de 1998, su Estado habría recaudado 75.000 millones de euros más por año que los recaudados en 2009, una cantidad casi idéntica al déficit que Merkel quiere reducir a base de políticas de austeridad.
Estas políticas determinaron que el crecimiento de la productividad beneficiase enormemente a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. Lo cual quiere decir que había, y continúa habiendo, un problema grave de falta de crecimiento de la demanda interna. Como dijo Peter Bofinger del Consejo Económico Alemán, “el problema de Alemania es que vive muy por debajo de sus posibilidades”. Por cierto, una situación muy semejante ha estado ocurriendo en España.
Por otra parte, las enormes políticas de austeridad que se están imponiendo en los países de la Eurozona (particularmente acentuadas en los países del Sur, como España, Grecia y Portugal) son políticas impuestas, no tanto por los mercados financieros (como constantemente y erróneamente se acentúa, incluso por las izquierdas), sino por el Banco Central Europeo (próximo al Banco Central Alemán), por el Consejo Europeo (liderado por el gobierno conservador-neoliberal de la canciller alemana Merkel) y por el Fondo Monetario Internacional (portavoz del capital financiero internacional) y que tienen como objetivo primordial que aquellos países paguen a los bancos alemanes y a otros países centrales el dinero que se les debe.
En realidad, el descenso de la economía estadounidense, que ha tenido durante este año tasas de crecimiento económico muy superiores a las alemanas, ha comenzado a disminuir, consecuencia precisamente del descenso del estímulo económico y que explica la  petición por parte de algunos sectores de la Administración Obama  de que se incremente este estímulo, pues, aún cuando tuvo un impacto positivo, responsable del mayor crecimiento económico que Alemania, al ir terminándose se observa un descenso del crecimiento económico. En realidad, una de las causa de que el crecimiento sea tan débil en España es la falta de tal estímulo económico, resultado de las medidas de austeridad de gasto público equivocadas que el gobierno está desarrollando.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 16 de agosto de 2010

Este artículo critica las políticas de austeridad que se están implementando en los países de la eurozona que retrasarán la recuperación económica. Lo que debería hacerse es precisamente el acentuamiento de políticas de estímulo económico con expansión del gasto público y creación de empleo. Tales políticas de estímulo, realizadas fuera de la eurozona, son responsables del crecimiento de las economías exportadoras alemana y francesa (junto con la bajada del euro), crecimiento que, al no basarse en el crecimiento de la demanda doméstica, tendrá escaso impacto en la recuperación económica.

Suponga  que usted estuviera a cargo de la política económica de un país que está en una profunda recesión, es decir, que la economía estuviese  de capa caída, no creciese  (o si lo hiciese , fuese  muy, muy lentamente). ¿Qué es lo que usted debería hacer? Y la respuesta, basada en la experiencia de todas las recesiones anteriores (las habidas en el siglo XX) es fácil de conocer. Usted aumentaría lo más rápidamente posible el gasto público, invirtiéndolo para que produjese empleo y con ello hubiera más personas trabajando, recibiendo salarios, consumiendo productos y servicios y estimulando la economía. También, en caso de que tuviera un Banco Central a su disposición, imprimiría mucho dinero para que los empresarios y los ciudadanos del país pudiesen tener fácil acceso a tal dinero, por lo que debería abaratar  su coste, y bajar los intereses de este dinero. Este dinero se traduciría en inversiones y consumo, que es lo que usted desea para estimular la economía. (Para una exposición detallada de las medidas que debieran tomarse ver mis artículos: El error de la austeridad. PÚBLICO, 12.05.10; Otras políticas públicas son posibles y necesarias. SISTEMA DIGITAL, 29.07.10; Alternativas a la austeridad fiscal en España. Center for economic and policy research de Washington, Julio 2010).
Estas son las medidas que se enseñan en los libros de texto de Políticas Públicas, primer curso. Pues bien, la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) están imponiendo a los países de la UE, políticas opuestas y contrarias a las que he indicado. En realidad están haciendo todo lo contrario. Como resultado de las presiones procedentes de tales instituciones, estos países están desarrollando  políticas de austeridad  en el gasto público. España e Italia están reduciendo su gasto público en 15.000 millones y 25.000 millones de euros respectivamente. Portugal está recortando su presupuesto de una manera drástica para reducir el déficit del Estado  y alcanzar el famoso 3% del PIB en 2013, reduciéndolo 6 puntos del PIB en tres años (España lo está reduciendo incluso más, 7 puntos en 3 años). En Alemania, la canciller Merkel se ha comprometido  a alcanzar el equilibrio presupuestario (es decir, déficit cero) en el año 2016, reduciendo el gasto público 10.000 millones por año, cada año hasta entonces. En Francia, el Presidente Sarkozy piensa reducir el gasto público siguiendo el ejemplo alemán para alcanzar un déficit cero, reduciendo el déficit del estado ocho puntos en el mismo periodo, y así país tras país en la UE. Y por si ello no  fuera suficiente, el FMI ha recomendado al Banco Central Europeo (que es el único banco en al UE que puede imprimir dinero) que reduzca la producción de moneda y que aumente los intereses bancarios a finales de 2010. Y todo ello está ocurriendo en un periodo en que las economías de la Eurozona están en la mayor recesión que han tenido en los últimos cincuenta años (y la inflación es la más baja desde el año 1953).
Estas políticas son profundamente erróneas y suponen  una nota de suicidio económico. Están dañando enormemente a las clases populares de aquellos países. Y se están justificando con una serie de argumentos que no tienen ninguna validez científica. Se está diciendo, por ejemplo, que todas estas políticas son necesarias para no dejar una enorme deuda a nuestros hijos y nietos, ignorando que el efecto de esta austeridad tendrá un efecto muy negativo sobre el nivel de vida de nuestros hijos y nietos, pues, consecuencia de tales políticas, el PIB que recibirán será mucho menor que el que hubieran recibido si no se hubiera ralentizado el crecimiento económico como resultado del descenso del estímulo económico,  consecuencia del recorte del gasto público. Las políticas de austeridad están causando una reducción de la tasa de crecimiento económico, con lo cual, el tamaño de la tarta, es decir, del PIB, que hereden nuestros hijos y nietos será mucho menor.
Otro argumento que se utiliza en la ideología neoliberal que domina los establishments políticos y mediáticos de la UE (incluyendo España) es que hay que “recuperar la confianza de los mercados”, eslogan que se utiliza para subrayar la importancia y necesidad de anteponer los intereses y beneficios bancarios (“de los inversores” se dice) por encima de todo. La situación paradójica es que las propias agencias de valoración de los bonos del estado (muy próximas a los bancos) están indicando que el mayor problema que perciben en los países como España, es “la fragilidad de sus economías”, que es la manera amable de indicar que tales economías no crecen. Así, en el informe de la Agencia Moody donde se habla de revisar la calificación sobre la deuda soberana de España, para bajarla de categoría se lee que la causa de esta decisión es “la débil perspectiva de crecimiento de su frágil economía”. Los economistas neoliberales (que siempre cuentan con enormes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión españoles) también utilizan, para justificar tal austeridad, el argumento de que los elevados déficits y la elevada deuda absorben dinero que debiera estar disponible  para el mundo empresarial para que invirtiera. Tal argumento ignora que la falta de inversiones se debe precisamente a la escasa demanda creada, resultado de la reducción de los salarios y del gasto público, medidas que ellos están proponiendo. Y así un largo etcétera.
La pregunta que el lector se hará es ¿por qué si estas políticas son tan dañinas, se están llevando a cabo, incluso por gobiernos (como el español) que en periodos de pre-crisis han mostrado tener  sensibilidad social y receptividad a los deseos de las clases populares? Y una parte de la respuesta es que la mayoría de gobiernos en la UE son de derechas. Y están aprovechando la crisis para conseguir lo que han deseado durante muchos años, es decir, reducir y/o eliminar el estado del bienestar y bajar los salarios. Y otra parte de la respuesta es el enorme poder del capital financiero -la banca-, que es el mayor beneficiario de estas políticas y tiene un enorme poder político y mediático. No son “los mercados financieros”, sino la banca la que está detrás de todas estas políticas de austeridad, y que son los que promueven el  dogma –el dogma neoliberal- que se impone.
En España, la influencia de la banca en los equipos económicos de los gobiernos (sean conservadores o socialistas) ha sido enorme, siendo el Banco de España (cuyo gobernador ultraliberal fue nombrado por el gobierno socialista) el mayor portavoz de tal poder fáctico -la banca-. Véanse las similitudes entre las propuestas del BBVA y las del Banco de España. Sus recetas son: mayor facilidad de despido, menores salarios, menor protección social, menor gasto público social, mayor bajada de impuestos y no subida para las rentas superiores (manteniendo la regresividad fiscal que caracteriza el sistema impositivo español, responsable, en gran parte, de que seamos el país de la UE-15 con mayores desigualdades sociales). Es predecible que las derechas apoyen tales políticas. Y el PP y CIU estén ahí esperando poder llevarlas a cabo lo más pronto posible. Pero, ha sido un gran error de los partidos gobernantes de centro izquierda el seguir tales políticas, que han desmoralizado y desmovilizado a sus bases electorales. País tras país, en la UE, se ha visto un enorme crecimiento de la abstención de aquellas bases en los procesos electorales que han determinado el enorme descenso del apoyo electoral a aquellas opciones de centroizquierda, que me temo ocurrirá también en las próximas elecciones legislativas en España, a no ser que se reviertan tales políticas.
Una última nota. Terminé de escribir este artículo el viernes, muy de mañana. Horas más tarde la noticia del día apareció con grandes titulares. La economía alemana había crecido de una manera muy notable en el último trimestre, presentándose este crecimiento como resultado de las políticas de austeridad seguidas por el gobierno Merkel. Y como era de esperar, el economista ultraliberal más promocionado por la televisión pública catalana, con la típica hipérbola que le caracteriza (instrumentalizada por los nacionalistas neoliberales, definió al gobierno tripartito catalán como el gobierno más parecido al gobierno de Corea del Norte) apareció en el programa de la mañana para señalar tal crecimiento económico, como resultado de las políticas neoliberales de la coalición de derechas gobernantes en Alemania, contrastándolo con el “desastroso” camino seguido por el Presidente Obama que estaba arruinando EE.UU.
En realidad, el crecimiento económico alemán poco tiene que ver con las medidas de austeridad. La economía alemana está basada en las exportaciones favorecidas por el enorme declive del valor del euro, y por el estímulo de la economía estadounidense, asiática y de América Latina. En realidad, tales medidas de enorme austeridad acabaron imponiéndose y retrasaron enormemente tal crecimiento y la euforia que se ha creado (ver artículo próximo en PÚBLICO, sobre este tema).

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 12 de agosto de 2010

Este artículo cuestiona los argumentos que se están utilizando para reducir el gasto público (incluido el gasto público social), mostrando que no existe evidencia científica que apoye los supuestos sobre los cuales se construyen tales argumentos. El artículo también detalla políticas públicas propuestas por el prestigioso Center for Economic and Policy Research de Washington, DC para salir de la crisis en España, alternativas a las existentes.

Existe una interpretación de la crisis económica y financiera española, muy generalizada en los establishments financieros, políticos y mediáticos de la Unión Europea (y también de España), que atribuye tal crisis al excesivo gasto público (incluyendo el gasto público social de su Estado del bienestar), financiado a través de un elevado endeudamiento público que ha alcanzado niveles insostenibles. De esta interpretación deriva la percepción de que en España estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, exigiéndose como medida de resolución de la crisis la implementación de políticas de austeridad y reducción de gasto público. Los datos, sin embargo, no apoyan tales tesis.
España tiene uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15. Según los últimos datos de la UE-15 (el grupo de países de nivel de riqueza más similar al nuestro), España tiene un gasto público social por habitante de 5.526,4 euros estandarizados (moneda utilizada para comparar la capacidad adquisitiva del euro en países con distinto nivel de vida), la cifra más baja de la UE-15 (cuyo promedio es 7.464,3). En realidad, España se gasta en su Estado del bienestar mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita es ya el 93% del promedio de la UE-15. Pero su gasto público social per cápita es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Lo cual quiere decir que nos gastamos nada menos que 68.000 millones de euros menos de lo que debiéramos gastarnos por el nivel de riqueza que tenemos. En realidad, España tiene recursos (para mantener e incluso ampliar su subdesarrollado Estado del bienestar), pero lo que pasa es que, en contra de lo que sostiene el dogma neoliberal, vive por debajo de sus posibilidades. El problema no está en que España no tenga recursos. El problema está en que el Estado (central, autonómico o local) no los recoge. Las sucesivas reformas fiscales llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y socialistas determinaron una gran regresividad fiscal y una disminución de la capacidad de generar recursos por parte del Estado.
Un tanto semejante ocurre en cuanto al supuestamente hiperbólico endeudamiento público. La deuda pública en España bajó durante el periodo 2000-2007, pasando de ser el equivalente al 59,3% del PIB al 36,2%. El déficit del Estado bajó también, alcanzándose un superávit en los años 2005, 2006 y 2007. Tanto la deuda como el déficit eran de los más bajos de la UE-15. De ahí que el argumento de que la crisis (que comenzó en 2007) la generó el excesivo gasto público (incluyendo el social) o la exuberante deuda pública no tenga ninguna validez.
Las causas de la crisis en España han sido la explosión de dos burbujas. Una fue la inmobiliaria (tal sector inmobiliaria-construcción creció del 7,5% del PIB en 2000 al 10,8% en 2006), que, al explotar en 2007, generó un descenso de su actividad económica de un 87%. La otra burbuja fue la bursátil, que había alcanzado un máximo del 125% del PIB en 2007 y cayó hasta un 54% del PIB. Estos estallidos de las burbujas crearon un enorme vacío de la demanda (que se había ido acentuando ya antes, consecuencia del descenso de las rentas del trabajo a costa de un exuberante crecimiento de las rentas del capital), que sólo la intervención del Estado puede resolver. De ahí que recortar el gasto público ahora que hay una muy escasa demanda es profundamente erróneo, pues agudizará la recesión.
El Center for Economic and Policy Researh de Washington D.C. (en cuyo consejo director hay dos premios Nobel de Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz) acaba de publicar un informe sobre la situación de la deuda pública española donde sus autores, Mark Wesisbrott y Juan Montecino, además de criticar las políticas de austeridad exigidas a España por la UE y por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y realizadas por el Gobierno español, presentan varias alternativas para salir de la crisis –“Alternativas a la austeridad fiscal de España” (27-07-10), disponible en http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2010/07/alternativas-a-la-austeridad-fiscal-en-espanajulio-2009.pdf– .
Prologan sus propuestas con la observación de que la deuda pública española no es excesiva. Pero más importante que la cifra de la deuda pública total o bruta es la deuda neta, es decir, la deuda que el Estado debe a los inversores privados y que es la que configura el valor de los intereses que el Estado debe pagar a los compradores de los bonos del Estado. En España, la deuda neta es baja (más baja, de nuevo, que el promedio de la UE-15). A pesar de ello, los intereses de la deuda son altos, debido a que los mercados financieros no se fían de que el Estado pueda pagarla como consecuencia de lo que llaman la “fragilidad de la economía española”, la manera diplomática de decir que no estamos creciendo. De ahí la enorme importancia de estimular la economía.
Pero para hacerlo se necesita un cambio en el comportamiento de las instituciones europeas incluyendo el Banco Central Europeo (BCE), el cual, por paradójico que parezca, no actúa como un banco central de la UE. Si lo fuera haría lo que un Banco Central hace, es decir, ayudaría al Estado, tal como hace el Banco Central de EEUU
–el Federal Reserve Board (FRB)–, mediante, por ejemplo, la impresión de moneda con la que comprar deuda pública del Estado. El Estado federal estadounidense ha impreso moneda equivalente al 8% del PIB, comprando con ella deuda pública, además de ayudar a las empresas productivas y también a la banca (pasándose de generosa en esta ayuda). En la UE, el Banco Central sólo ha ayudado a la banca (también en términos muy generosos) y sólo últimamente, y a regañadientes, a los estados. Weisbrott y Montecino calculan que, si el BCE comprara en dos años una cantidad de deuda pública española equivalente a un 4% del PIB (transfiriendo los intereses de la deuda al Estado español, tal como hace el FRB) permitiría la inversión de un 3,9% del PIB en creación de empleo, estimulando el crecimiento económico y, con ello, la reducción del déficit. Alternativamente, el Estado español podría aumentar la deuda neta, incrementando la inversión pública para crear empleo. No hacerlo es un suicidio económico.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 2 de agosto de 2010

Este artículo critica las propuestas hechas por la Canciller Merkel, el Presidente Sarkozy (y Rajoy en España) de introducir cambios constitucionales que prohíban a los estados incurrir en déficits y deudas públicas. El artículo muestra los errores en los que se basan estas propuestas.

Una de las ideas más dañinas que las derechas en la Unión Europea (Merkel, Sarkozy, Rajoy) están proponiendo es incluir una enmienda en la Constitución de sus países que prohíba al estado tener déficits públicos. Se argumenta que los estados tienen que comportarse como las familias y que, por lo tanto, no deben gastarse más de los que ingresan. Esta postura, ampliamente extendida en medios conservadores y neoliberales, se basa en varios errores. Uno de ellos es que desconoce el comportamiento económico de las familias. En realidad, las familias se endeudan constantemente. Muy pocas son las familias que cuando compran una vivienda o un coche, por ejemplo, pagan su coste total en efectivo. La mayoría se endeuda. Sin endeudarse, las familias no podrían mantener sus niveles de vida. Pues lo mismo ocurre con el Estado. De ahí el déficit y la deuda pública.

¿Es preocupante una elevada deuda pública? La respuesta es que depende de cómo se genere. Por ejemplo si una familia se ha endeudado para irse de vacaciones al Caribe, el carácter de la deuda es distinto al endeudamiento que la familia haya adquirido para facilitar los estudios de los hijos o para comprarse un coche necesario para ir al trabajo. En estos dos últimos casos, los gastos son inversiones necesarias para aumentar ahora o en el futuro la renta familiar. En el primer caso, la deuda familiar era un consumo y no una inversión.

Pues lo mismo ocurre en el caso de los Estados. Los estados pueden endeudarse para pagar los recortes fiscales que benefician a los ricos (como ha ido ocurriendo en gran parte de los países de la UE, incluyendo España, donde las reformas fiscales regresivas han beneficiado a las rentas altas y al mundo financiero y empresarial, siendo ello una de las causas del crecimiento de la deuda pública. (Ver mi artículo “Las políticas Fiscales Neoliberales, Público. 08.07.10). Esta es una deuda no productiva, pues se ha generado para proteger las rentas de los ricos. Pero los estados pueden endeudarse para invertir en infraestructuras físicas y sociales necesarias para incrementar la productividad, el crecimiento económico, la creación de empleo y el estándar de vida presente y futuro. De ahí que en caso de que el Estado no se endeudara para hacer estas inversiones, el estándar de vida de los hijos sería peor que el de sus padres, punto en el que es preciso insistir, pues los que quieren eliminar el déficit y la deuda siempre subrayan que tener una deuda elevada es penalizar a los hijos, que tendrán que pagarla. Es al revés, sin tales inversiones, no se mejorará el país en el que vivirán nuestros hijos y nietos.

Estos puntos elementales, que se enseñan en los cursos introductorios en las Políticas Públicas, se ignoran constantemente por economistas y políticos neoliberales, que asumen que todos los déficits y todas las deudas públicas son malos. Y de ahí su erróneo consejo de que hay que eliminarlos. La realidad, sin embargo, es distinta al dogma neoliberal. Y, tal como está la economía, la reducción del déficit y de la deuda pública hará mucho daño, pues su disminución facilitará la recesión. En este momento que la demanda de productos y servicios es muy escasa (consecuencia de la crisis económica y financiera), es urgente e importante que haya una demanda pública a base de aumentar el gasto público, incluso a costa de aumentar el déficit y la deuda pública.

Pero existe otro error que las derechas hacen y es que, además de desconocer la necesidad de endeudarse que tienen las familias, ignoran que el estado puede imprimir dinero y las familias no. Ahí hay una diferencia mayor. Una función de los Bancos Centrales ha sido precisamente la de imprimir dinero. Esta situación ha cambiado con la introducción de España en la eurozona. A partir de entonces, es el Banco Central Europeo el que imprime el dinero y lo presta a los bancos pero no a los estados (situación que ha cambiado recientemente), siendo el único Banco Central entre los Bancos Centrales de las grandes economías que no tiene tal responsabilidad. Tanto el Banco Central Estadounidense (The Federal Reserve Board) como el Banco Central del Japón, o el Banco Central de Gran Bretaña, imprimen dinero que los estados utilizan para pagar sus deudas. De ahí que el tamaño de la deuda pública no es el indicador más importante del endeudamiento público de un país, pues la única deuda de la que el estado tiene que pagar intereses es la que se llama deuda neta, es decir, la deuda pública (los bonos del Estado) que generan intereses que el Estado debe pagar a los inversores privados que la poseen. De ahí se deriva que la información más importante no es la deuda bruta (que es la que constantemente se cita), sino la deuda neta. Japón tiene una deuda bruta que representa el 225% del PIB, y en cambio tiene que pagar unos intereses de sólo un 2% (España tiene que pagar unos intereses del 3,6%), y ello como consecuencia de que la deuda neta es muy inferior a la bruta. De ahí el error de querer bajar la deuda y el déficit, sin entender que tanto el déficit como la deuda son entidades y conceptos más complejos de lo que las derechas parecer ser conscientes.

Por muy elevado que parezca el déficit público en España (y no lo es, pues está por debajo del promedio de la UE-15), éste no es el mayor problema que tiene nuestro país, pues el tamaño de la deuda neta es relativamente menor en España. El problema mayor de España es el escaso crecimiento económico y el elevado desempleo. Y ello empeorará con las medidas de austeridad de gasto público (incluyendo gasto público social) y con la desregulación de los mercados de trabajo. Lo que se requiere es un crecimiento del gasto público para estimular la economía y crear empleo. Tal crecimiento será el que absorberá el déficit, disminuyéndolo (ver informe alternativas-a-la-austeridad-fiscal-en-españa y mi artículo “Otras políticas públicas son posibles y necesarias”, Sistema. 29.07.10). De ahí que la aprobación de la propuesta del PP sería una medida enormemente negativa que imposibilitaría a la economía española de poder responder a las recesiones que periódicamente ocurren en la vida económica de un país.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en Sistema Digital, 29 de julio de 2010

Este artículo documenta el efecto negativo que las políticas de austeridad de gasto público pueden tener en el crecimiento económico y en la reducción de la deuda pública de los países de la Unión Europea, incluyendo España. Muestra los datos del informe del prestigioso Center for Economic and Policy Research sobre la situación de la deuda pública en España, que expresa la preocupación de que tales políticas puedan empeorar en lugar de mejorar la situación económica española (incluyendo su deuda pública). El artículo y el informe presentan políticas públicas alternativas que estimularían la economía a la vez que reducirían el déficit público.

Estamos viendo estos días uno de los recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, más sustanciales que hayamos visto desde hace años, recortes que se nos dice son necesarios para recuperar “la confianza de los mercados financieros”, una frase que parece determinar todas las políticas propuestas tanto por el gobierno español como por el mayor partido de la oposición, el PP. La reducción de la calificación de los bonos soberanos de España, pasando de AAA a AA+ por la Agencia Fitch, causó un pánico que forzó toda una serie de medidas de austeridad, estimuladas a su vez por el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y, como no, el Banco de España, todas ellas instituciones de clara y conocida orientación neoliberal.

 Estas medidas tomadas por el gobierno español significan un recorte equivalente a un 1,4% del PIB (15.300 millones de euros) que deben realizarse en dos años. El gobierno ha propuesto también aumentar los impuestos en una cantidad equivalente a un 1,6% del PIB (17.900 millones de euros), con lo cual, el impacto fiscal sería equivalente a un 3% del PIB en su contribución a la reducción del déficit público. Estas medidas han ido acompañadas de cambios en la regulación del mercado de trabajo, que tendrán como consecuencia el aumento del desempleo y la disminución de los salarios (aún cuando el discurso oficial explicita otros objetivos menos impopulares). Esta reducción de los salarios se considera necesaria para aumentar la productividad (más baja que la existente en Alemania y en Francia), permitiendo una mayor competitividad, puesto que la imposibilidad de devaluar la moneda deja sólo esa opción para que España sea más competitiva.

 Tales medidas de austeridad de gasto público, acompañadas de las reformas laborales, tendrán, sin embargo, un impacto negativo en el estímulo económico, disminuyendo todavía más el crecimiento económico español. En realidad, la disminución en la calidad de los bonos soberanos se basa en la lectura que las agencias de valoración de tales bonos han hecho de lo que definen como “la fragilidad de la economía española” (una manera diplomática de referirse al escaso crecimiento económico). Una consecuencia de esta percepción es que cada vez es más difícil encontrar compradores de tales bonos soberanos, lo que significa un aumento de sus intereses y un aumento de los costes de la deuda pública, que los llamados “mercados financieros” dudan pueda pagarse. Tales medidas de austeridad están, pues, preocupando a los mercados financieros, con lo cual estas medidas están consiguiendo alcanzar unos objetivos opuestos a los que intentaron. De ahí que sea sorprendente que la respuesta que el gobierno español está dando a la crisis sea precisamente acentuar todavía más la austeridad de gasto público y la reducción de los salarios, medidas que el mayor partido de la oposición, el PP, incluso acentúa más, limitándose así el debate político entre los dos partidos mayoritarios del país, el PSOE y el PP, en cuál de los dos “es más austero” y “desregula más el mercado de trabajo”. El PP quiere más, y el PSOE quiere menos. Pero, por lo demás, los dos coinciden en que hay que seguir tales políticas. Ni que decir tiene que tanto la Banca como la gran patronal están aplaudiendo estas medidas que, en realidad, han estado deseando durante muchos años a fin de debilitar el mundo del trabajo.

 El Center for Economic and Policy Research, uno de los centros de investigación económica más importantes de EEUU (que tiene en su consejo asesor a dos Premios Nóbel de Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz), acaba de publicar un informe sobre la situación de la deuda pública en España que cuestiona el mérito de tales medidas (Alternativas a la Austeridad Fiscal en España, de Mark Weisbrot y Juan Montecino) ver informe.  Como bien señalan sus autores, Mark Weisbort y Juan Montecino, la deuda pública española fue descendiendo durante el periodo 2000-2007, pasando de ser equivalente a un 59,3% del PIB a un 36,2%, descenso que se debió al elevado crecimiento económico durante aquel periodo. El déficit del estado bajó también, alcanzándose un superávit en los años 2005, 2006 y 2007. Al iniciarse la crisis, la deuda pública era, pues, una de las más bajas de la UE-15. Y la situación era incluso mejor cuando se analiza la evolución de la deuda pública neta (es decir, la que excluye la deuda propiedad del Estado). Tal deuda pública neta (que es la deuda que se debe al inversor privado) fue incluso más baja, habiéndose reducido a un 26,5% del PIB en 2007. De ahí que el argumento utilizado por muchos economistas neoliberales de que la crisis fue ocasionada por un excesivo gasto público, no tiene ninguna validez, lo cual, por desgracia, no es obstáculo para que los medios de información y persuasión (la mayoría de persuasión neoliberal) continúen promoviendo esta explicación de la crisis.

La mayor causa de la crisis fue la explosión de dos burbujas, Una, la inmobiliaria (que comenzó en el 2007), coincidiendo con el inicio de la recesión mundial. Tal burbuja había tomado mayor intensidad en el periodo 2000-2006, cuando la construcción pasó de representar el 7,5% del PIB en 2000 a un 10,8% en 2006. Desde entonces, tal actividad económica ha caído un 87%, una cantidad que está en la raíz del problema económico español. Mark Weisbrot y Juan Montecino señalan en su informe las similitudes entre las burbujas inmobiliarias de España y de EEUU y su impacto en la economía. La otra burbuja fue en el mercado de valores. Tal burbuja alcanzó un nivel máximo del 125% del PIB en Noviembre de 2007, y cayó hasta un 54% del PIB un año más tarde. En ambos casos –la burbuja inmobiliaria y la burbuja bursátil- su explosión creó un enorme vacío de la demanda, que sólo el estado puede llenar. Como indican los autores, esperar que sea el sector privado el que llene este vacío es profundamente erróneo. Recortar, además, el gasto público es un suicidio económico, que profundiza la recesión.

Tales políticas de austeridad pueden llevar a una situación de crecimiento económico muy lento e intereses de la deuda muy elevados, lo cual dificultará enormemente la recuperación económica, incrementándose a su vez la deuda pública. Es más, la reducción de la demanda interna (consecuencia del descenso del gasto público y reducción de los salarios) significará que el mayor estímulo económico tendrá que depender de factores externos, poco predecibles en un momento de recesión mundial, tales como las exportaciones. Esta estrategia, que es la que están defendiendo tanto el gobierno español como las derechas españolas, PP y CIU, es enormemente arriesgada y errónea.

¿Cuáles son las alternativas?

Para proponer una alternativa a las políticas de austeridad, hay que tener en cuenta que la deuda pública española, incluso ahora, no es exagerada. En realidad, representa 65.000 millones de euros y se calcula que alcanzará 78.000 millones de euros en 2011. Esta cantidad es una cantidad muy menor comparada con los 750.000 millones de euros que la UE y el FMI tienen disponible para ayudar a los estados miembros de la UE en dificultades financieras. De ahí que si las autoridades de la UE y del FMI desearan evitar el crecimiento de los intereses de la deuda pública soberana española, lo podrían hacer fácilmente, poniendo aquel dinero a disposición de España, asegurando así a los mercados financieros que España podría pagar tal deuda sin más dolores de cabeza. De estas cifras se deduce que la deuda pública no tendría que ser un obstáculo para la recuperación económica. De ahí que Mark Weisbrot y Juan Montecino concluyan que las políticas de reducción del déficit y de la deuda son innecesarias y desaconsejables, pues lo que creen que se debería hacer es, precisamente, aumentar el gasto público con el fin de estimular la economía y el crecimiento económico, que es lo que algunas voces solitarias hemos estado diciendo en España, sin que este mensaje haya tenido ninguna resonancia en la mayoría de los medios (ver mi artículo “Qué debería hacerse para salir de la crisis y qué no se hace”. Sistema digital, 09.07.10).

El argumento que utiliza el gobierno y el mayor partido de la oposición para no seguir esta estrategia es que el nivel de endeudamiento público español es excesivo. Pero en este argumento se olvida un elemento clave: ¿quién es el propietario de la deuda? En realidad, más importante que el tamaño de la deuda es a quién se deben pagar los intereses de tal deuda. No es lo mismo que los intereses se tengan que pagar a inversores privados (deuda neta) que al estado. La deuda bruta es toda la deuda, incluyendo la neta, pero también la deuda que el estado se debe a sí mismo. (En este último caso, tal deuda no representa una carga sobre el presupuesto del Estado). Los intereses de la deuda dependen primordialmente de la deuda neta. Así, Japón tiene una deuda enorme (227% del PIB) y en cambio los intereses de la deuda son sólo de un 2% (los intereses de la deuda española son de un 3,6%). Y ello se debe a que la deuda neta es mucho menor que la deuda bruta (es un 112% del PIB). El Banco Central Japonés ha ido imprimiendo dinero con el que comprar la deuda pública japonesa. La deuda neta –que es la que configura los intereses de la deuda- es mucho más baja, y de ahí que los intereses sean mucho más bajos de lo que serían si toda la deuda se debiera a los inversores privados. Una situación semejante ha ocurrido en EEUU donde el Banco Central ha impreso dinero (equivalente a un 8% del PIB) para pagar la deuda pública soberana, así como para ayudar a los bancos y a las empresas. Tanto en EEUU como en Japón, tales cantidades no han creado inflación debido a la recesión en  el sector privado.

En España tampoco existe inflación y el peligro es precisamente el contrario, el de la deflación. El problema que España tiene es que el Banco Central español no puede imprimir dinero. Pero el Banco Central Europeo sí que puede. De ahí que el BCE podría imprimir y comprar deuda pública española, revirtiendo los intereses de tal deuda al estado español, con lo que el efecto sería el mismo que la compra por parte de los Bancos Centrales Estadounidense y Japonés de su deuda pública. Mark Weisbrot y Juan Montecino han calculado qué pasaría con la deuda neta española si el Banco Central Europeo comprara deuda pública española en una cantidad equivalente a un 4% del PIB español durante dos años (y devolviendo los intereses de la deuda al gobierno español, tal como hacen el Banco Central estadounidense y el Banco Central japonés). Ello permitiría un estímulo económico de alrededor de un 3,9% del PIB, incrementándose su deuda neta de un 50,3% del PIB en 2010 a un 66,5% del PIB en 2020, lo cual es un crecimiento totalmente asumible. (Hoy la deuda neta promedio de la UE es el 79% del PIB). Esta alternativa permitiría estimular significativamente la economía española (a base de inversiones en creación de empleo, tanto en la infraestructura física como en la social) con un efecto inmediato en la reducción del desempleo, sin costos inasumibles en el pago de la deuda pública neta. En realidad, la deuda pública española representa sólo un 0,5% del PIB de la UE.

El error de las políticas actuales

La continuación de las políticas actuales (tal como exigen el FMI, la UE y el BCE) conducirá, sin embargo, a un empeoramiento de la economía, contribuyendo a su fragilidad. En este aspecto, las recetas que la UE y el FMI han estado aplicando a los países del Este de Europa, en preparación a su integración a la UE han sido un desastre para aquellas economías. Las proyecciones que tales instituciones hicieron para aquellos países han probado ser profundamente erróneas, causando un deterioro de sus economías mucho más acentuado de lo que se estimó. Así, habían calculado un descenso del PIB de Letonia de un 5% del PIB para 2009, siendo el descenso real un 18%. Lo mismo ocurrió con Irlanda, donde el FMI proyectó un descenso de sólo un 1% del PIB para el 2009, cuando el descenso fue de un 10%. Seguir estas políticas es profundamente erróneo. Y creerse que el estímulo económico provendrá del aumento de la competitividad para aumentar las exportaciones es irreal, entre otras razones porque –tal como queda indicado anteriormente- esta gran recesión es a nivel mundial. De ahí la importancia de la demanda interna como motor del estímulo económico, que pasa por una inversión pública muy acentuada.

Tal como documentan Weisbrot y Montecino, la continuación de las políticas actuales recesionistas implica que la deuda pública tendrá que incrementar sus intereses para poder encontrar compradores, aumentando considerablemente el coste de la deuda y la misma deuda. Es probable que la deuda pública aumentara hasta un 104% del PIB, con unos intereses que podrían llegar al 6, 7, e incluso el 8%. En resumidas cuentas, el resultado podría ser un crecimiento económico muy lento, acompañado de un aumento notable de la deuda pública y de los intereses para pagarla. De ahí el error de las políticas de austeridad que se presentan como medidas necesarias para reducir el déficit y la deuda pública cuando, en realidad, lo que hacen es aumentarla. La pasada experiencia en momentos  de crisis muestra la evidencia que permite alcanzar tal conclusión.

Por desgracia, ni la Unión Europea ni el Fondo Monetario Internacional apoyarán las medidas aquí sugeridas, que exigirían políticas distintas a las que el Banco Central Europeo ha estado haciendo. El Banco Central Europeo no es un banco central como lo es el Banco Central estadounidense o el japonés (ver mi artículo “No son los mercados, sino los bancos los que dominan la UE”, Sistema Digital. 04.06.10)  Así y todo, Weisbrot y Montecino proponen al gobierno español desarrollar un estímulo económico, pidiendo prestado dinero a los mercados internacionales. Los dos autores hacen un cálculo de varios escenarios, y entre ellos incluyen uno en que el estímulo económico alcanzado, con un crecimiento del gasto público equivalente a un 1% del PIB en 2010, y un 1,3% en 2011, significaría un crecimiento de la deuda neta, pasando de ser un 54% en 2010 a un 68% en 2020, permitiendo a la vez reducir el déficit, bajándolo a un 3% del PIB en 2013. Tal crecimiento de la deuda neta, aunque superior al proyectado por el gobierno, sería asumible, facilitando así un crecimiento económico que absorbería la deuda, permitiendo a su vez disminuir el déficit del estado. Los datos están ahí para quien quiera verlos. Son datos claros y convincentes que es improbable que tengan mayor impacto debido al dogma neoliberal que absorbe y contamina toda la cultura económica dominante en la UE y en España, y que se reproduce en los mayores medios de información y persuasión en nuestro país. Y ahí está el problema.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 23 de julio de 2010

Este artículo cuestiona uno de los pilares del pensamiento económico neoliberal que sostiene que la bajada de impuestos es la mejor manera de estimular la economía y crear empleo. El artículo señala que la evidencia científica existente no avala tal supuesto. Antes al contrario, la subida de los impuestos de las altas rentas (que ahorran más que consumen) es beneficiosa para estimular la economía y crear empleo, si los fondos derivados de esta mayor gravación van a la creación de empleo publico, poco desarrollado en España.

Uno de los mitos que se reproduce en gran número de medios de información económica en España (reproducido también en los rotativos de mayor difusión del país) es que en momentos de recesión como el que ahora vivimos es importante no subir los impuestos, pues ello reduciría la demanda (al sustraer recursos a la renta disponible a la población) y con ello, el estímulo económico y la creación de empleo. En realidad, la teoría neoliberal indica que en momentos de recesión hay que bajar los impuestos a fin de estimular la demanda y el consumo. El Presidente Reagan fue el que introdujo esta teoría (a la cual se refirió el candidato Bush senior cuando competía con el candidato Reagan en las primarias del partido Republicano, como “voodoo economics”, es decir, economía de los brujos), reduciendo los impuestos (de la gente más rica) que, según él, estimularía la economía, generando más recursos al estado. La realidad es que tal reducción de impuestos a las rentas superiores creó un enorme déficit del estado, lo cual era, en realidad, el objetivo real de su política, utilizando este déficit para argumentar que había que reducir el gasto público (incluyendo el gasto público social) para disminuir y/o eliminar el déficit. Tal “voodoo” economics” se ha transformado en la política de los establishments europeos tales como el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Tal reducción de impuestos de los ricos originó, sin embargo, grandes déficits y una elevada deuda pública (tal como muestro en mi artículo “Las Políticas Fiscales Neoliberales”, Público, 08.07.10). Este aumento de los déficits y la deuda pública se utiliza como argumento para exigir, ahora, una reducción del gasto público (incluyendo el social) con el fin de disminuir el déficit. Tal postura es parte integrante del dogma económico neoliberal, reproducido a base de fe y no de evidencia empírica que lo sustente.
La otra alternativa, la de subir los impuestos, es desechada, pues, se nos dice, disminuiría la demanda y el estímulo económico. Dado que la mayoría de la población prefiere pagar el número más bajo posible de impuestos, entonces, aquel mensaje cala y se incorpora rápidamente a la sabiduría convencional. Es así como los dogmas se producen y reproducen. Pero como siempre ocurre en nuestro país, un elemento clave para entender quién paga impuestos y cuánto pagan, es la clase social del contribuyente. La gente con más ingresos, los ricos, son los que tienen mayor capacidad de ahorro. Tienen tanto dinero que, incluso después de consumir (consumo de lujo) les queda bastante para ahorrar. Pero lo que se necesita ahora, en un momento de recesión, no es tanto que la gente ahorre, sino que gaste, consuma y estimule la economía.
Pues bien, el Estado debe conseguir dinero de los ricos (a base de aumentar sus impuestos, que han ido descendiendo durante todos estos años) y con tal dinero crear ocupación en los servicios públicos, que están muy poco desarrollados en España. Otro dogma neoliberal, también erróneo, que se promueve y reproduce en España, es que hay demasiados empleados públicos. Nada menos que todo un Ministro de Economía de un gobierno socialista, el Sr. Boyer, en una entrevista en El País (“Zapatero me escucha con interés”, 11.07.10), decía que el empleo público era demasiado alto en España, más alto que en Alemania (“El peso del PIB de la remuneración de los asalariados públicos es el 12% en España, mientras que en Alemania es el 7,5%”). Pero el Ministro Boyer no puede concluir de estas cifras que el número de empleados públicos sea más elevado en España que en Alemania. Si hubiera sido estudiante mío en la asignatura Políticas Públicas I, le habría suspendido. Es un caso claro de cómo no leer las estadísticas. Para comparar empleo público de España con Alemania, por ejemplo, hay que comparar manzanas con manzanas y no con peras. El hecho de que Alemania tenga menos empleados públicos es porque en el sistema de contabilidad nacional, el sector sanitario alemán no está contabilizado en las cifras de empleo del Estado. Al ser su sistema sanitario un Seguro Nacional de Salud en lugar de un Servicio Nacional de Salud, el empleo de tal sistema se contabiliza en un apartado distinto (ver “El empleo público en España no es excesivo. Los errores del informe sobre el coste de la Administración, de la EAE Business School”, de Vicenç Navarro, Marta Tur, Miquel Campa y Carlos Carrasco, en www.vnavarro.org, Sección: Economía Política). Cuando se incorpora tal empleo público sanitario alemán en el del Estado, entonces Alemania tiene un empleo público mayor que España. Tal error es semejante al que ocurriría si excluyéramos de la categoría de empleo público a los profesionales sanitarios, cuando la financiación sanitaria dependía de la Seguridad Social. Sería aconsejable que los economistas que dirigen la política económica del país diversificaran sus lecturas y no aceptaran automáticamente los informes procedentes de la banca y del mundo empresarial. De la misma manera que la industria farmacéutica tiene una enorme influencia en configurar la cultura médica (a través de patrocinar y financiar las revistas y congresos médicos), el capital financiero tiene una enorme influencia (junto con el mundo de las grandes empresas) en la cultura económica, a través de medidas semejantes. De ahí que la sabiduría convencional en círculos económicos esté muy influenciada por la Banca, situación que se acentúa todavía más en los gobiernos que se rodean de asesores procedentes o próximos a la banca o al Banco de España (el Vaticano del pensamiento liberal). El dato de que España tiene más empleo público que Alemania procede de un informe (de gran pobreza técnica) publicado por el IESE, financiado por la Banca. Y debido a la escasísima capacidad critica de los mayores medios de difusión del país, se reprodujo ampliamente. En el trabajo citado anteriormente, investigadores del Observatorio Social de España (OSE) mostramos los numerosos errores de tal informe. Pero en una situación que caracteriza la cultura neoliberal dominante en círculos económicos, tal aseveración continúa repitiéndose, ignorando la evidencia brumadora que la cuestiona. Yo rogaría al lector que cada vez que lea un artículo que registre aquella falsedad, le envíe al autor del mismo copia del trabajo del OSE. En realidad, pensaba abrir en mi blog (www.vnavarro.org) una sección (que iba a titular “los errores que se cometen en el discurso político y mediático español) para ir alertando al público de que se están tomando medidas en base a informaciones erróneas, pero tuve que abandonar la idea, pues era un número excesivo.
Todo lo dicho tiene gran importancia, porque lo que el Estado debería hacer es aumentar los impuestos para crear empleo. Si el estado central eliminara todas las reformas fiscales regresivas (que han beneficiado primordialmente a los ricos durante los últimos veinte años) podrían recogerse 66.000 millones de euros, con los cuales se podrían crear más de cuatro millones de puestos de trabajo (ver mi artículo “¿ESTAMOS VIVIENDO POR ENCIMA DE NUESTRAS POSIBILIDADES?”)
El lector se preguntará: ¿y por qué no se hace? Y la respuesta es el enorme poder de los lobbies económicos y el poder de clase (es decir, de los grupos más pudientes) que los poderes políticos (en teoría nuestros representantes) no se atreven a antagonizar. ¿Entiende usted lector, por qué las clases populares están cada vez más frustradas con nuestros representantes?

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PUBLICO, 15 de julio de 2010

Este artículo señala que las mismas fuerzas políticas neoliberales que originaron las crisis financieras y económicas en España, desarrollando políticas publicas que dañaron la calidad de vida de las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, son las que recortaron el Estatut de Catalunya, consecuencia de su oposición a una España plural, acusando al catalanismo de separatismo, supuesto negado por el hecho que los jugadores del Barça, club catalán, fueron determinantes en la victoria de España en el campeonato del mundo.

En las últimas semanas hemos visto toda una serie de acontecimientos que están impactando a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España. Uno, el más importante, es la enorme avalancha neoliberal, liderada por las derechas europeas (que dominan las instituciones de la UE) con la complicidad de partidos gobernantes de centroizquierda, que está reduciendo significativamente los derechos y beneficios laborales y sociales de la ciudadanía de los países de la UE, incluyendo España.
El otro hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional (TC) que recorta significativamente el Estatut aprobado por el Parlament, las Cortes Generales y refrendado por el pueblo catalán en referéndum, y que generó, como protesta a tal dictamen, la manifestación más grande que jamás haya existido en Catalunya. Y por último, el pasado domingo, la selección española (en la que los jugadores del Fútbol Club Barcelona, el Barça –un símbolo del catalanismo identitario–, eran el grupo más extenso dentro del equipo) ganó el Mundial de fútbol, lo cual creó grandes movilizaciones en gran parte de España (incluyendo Catalunya) que las derechas están intentando contraponer a la movilización del día anterior en Catalunya, que supuestamente amenazaba la unidad de España.
Todos estos hechos corresponden a un contexto político común que, por paradójico que parezca, reflejan las mismas coordenadas de poder. La avalancha neoliberal responde a unos intereses de clase bien definidos. El mundo financiero (responsable de la crisis) y el mundo de las grandes empresas y sus instrumentos políticos están consiguiendo (con la ayuda de los medios afines) lo que han querido durante muchos años: el debilitamiento del mundo del trabajo. Mientras que los beneficios del gran mundo empresarial crecieron en el primer trimestre del 2010 un 18,5% (según las cifras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), las rentas del trabajo continuaron descendiendo un 8%. La reducción del gasto público (incluyendo el gasto público social) y la desregulación del mercado de trabajo tienen como principal objetivo debilitar al mundo del trabajo (incluyendo sus sindicatos).
Para ocultar esta realidad, se ha construido todo un entramado ideológico promovido por los establishments mediáticos y políticos neoliberales que argumentan que tales medidas son necesarias para recuperar la confianza de los mercados financieros (es decir, de la banca, que fue la que causó la crisis en primer lugar). Como bien escribió Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, en The Guardian (09-07-10), los argumentos que el establishment neoliberal de la UE y el Fondo Monetario Internacional están promoviendo carecen de validez científica. En realidad, España fue uno de los países de la UE-15 que cumplió más con la ortodoxia neoliberal, habiendo alcanzado una de las deudas públicas más bajas de la UE-15, y un superávit en los presupuestos del Estado en los tres años que precedieron la crisis. Y, a pesar de ello, España está en el centro de los países que más están sufriendo la crisis. Y ello no se debe al crecimiento “desmesurado” del gasto público (como lo presentan los neoliberales), sino al comportamiento especulativo de la banca (creando el boom inmobiliario) y a las políticas regresivas fiscales, que facilitaron el crecimiento del déficit cuando disminuyó la actividad económica.
Estos sacrificios son enormemente impopulares. De ahí que en España las derechas recurran a las banderas para conseguir el apoyo popular que sus políticas económicas le niegan. La derecha nacionalista española es heredera del Estado fascista que dominó España durante 40 años y que justificó el enorme daño que conllevó (España tenía el PIB per cápita de Italia en 1936; en 1975, el PIB de España era sólo un 64% del de Italia), con el argumento de derrotar al comunismo y al separatismo, defendiendo “la unidad de España” (el eslogan utilizado por el fascismo y el posfascismo para justificar la imposición de una España radial, uniforme y excluyente). En defensa de unos intereses de clase, impusieron el mayor retraso económico, político, social y cultural que haya habido en Europa. Los datos hablan por sí mismos (ver mi libro El subdesarrollo social de España).
Sus herederos –el Partido Popular– han continuado haciendo un enorme daño a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, habiendo sido el Gobierno del PP el que, con sus políticas de desregulación del suelo y políticas fiscales regresivas, originaron la crisis actual. Y ahora, en su intento de capitalizar el anticatalanismo (que sembró la dictadura en la población española), se ha opuesto al Estatut que fue aprobado por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español, argumentando que rompería España. La sentencia del TC, que ofendió (en su procedimiento, en su narrativa y en su dictamen) al pueblo catalán, ha creado tensiones totalmente innecesarias. Si el TC hubiera aprobado sin más el Estatut, España hubiera continuado unida. En realidad, se ha ido implementando durante cuatro años sin que apareciera ni siquiera una fisura. El Estatut representaba una redefinición de España. Es la resistencia a esta redefinición liderada por la derecha española la que está estimulando la rotura de España, pues el independentismo se está alimentando de esta insensibilidad hacia aceptar una España que respete su plurinacionalidad.
Pero España es plural, y el mejor indicador de ello es la selección española de fútbol, en la que precisamente el contingente del Barça jugó un papel clave en la victoria. Cuando el Barça ganó la Champions y sus jugadores expresaron con orgullo “Visca Catalunya!” en un Camp Nou lleno de senyeras, varios medios madrileños presentaron tal movilización como prueba de un incipiente separatismo. La mejor prueba de tal falsedad es que, el pasado domingo, estos “supuestos” separatistas jugaron un papel clave en dar la victoria a España. ¿Hasta cuándo continuará la derecha dividiendo a España?

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 9 de julio de 2010

Este artículo está dividido en tres partes. En la primera se indica qué es lo que debiera hacerse para salir de la crisis en la UE. La segunda parte incluye una descripción de lo que está ocurriendo en la UE, y en el tercera parte, un análisis del porqué lo que debiera hacerse no se está haciendo.

LO QUE DEBERÍA HACERSE
Existe hoy en el mundo un grave problema. La tasa de crecimiento económico de EEUU y de la Unión Europea (UE) -que representan la mitad de la economía mundial- ha descendido de una manera muy notable. En realidad, ambos continentes tuvieron, incluso, un crecimiento negativo del cual se están recuperando muy lentamente, primero EEUU y ahora los países de la UE-15. El crecimiento en este último grupo de países es muy bajo, bastante menor que el de EEUU, aunque éste tampoco puede echar campanas al vuelo todavía. En Mayo se crearon sólo 20.000 nuevos puestos de trabajo en EE.UU., comparados con los 217.000 del mes anterior. En cambio, varios países en vías de desarrollo están creciendo de una manera muy acentuada, y el que más crece es China, nada menos que un 8,7% al año (en 2009). China, pues, es el que crece más y muy por detrás está EEUU, y bastante más atrás está la UE. ¿Por qué este gradiente de crecimiento? La respuesta es fácil de ver y tiene dos componentes. Uno es el estímulo económico y la forma en que se está realizando tal estímulo. China se gastó el 8% del PIB en inversiones públicas encaminadas a crear empleo. EEUU un 5%, con un tipo de estímulo que favoreció la creación de empleo público y privado. En cambio, en la UE el estímulo fue mucho menor (2,3% del PIB) y consistió predominantemente en rebajas de impuestos que tienen escaso impacto en la creación de empleo. En EEUU, voces influyentes como la del consejero económico del presidente Obama, el Sr. Larry Summers, están pidiendo ahora un segundo estímulo de 200.000 millones de dólares (los sindicatos –AFL.CIO- están pidiendo 400.000 millones de dólares). En la UE, en cambio (aunque sea difícil de creer), se está reduciendo el gasto público, lo cual es una larga nota de suicidio económico. Pero como las economías no mueren (es decir, no se colapsan), a no ser que alguna fuerza las empuje para que se caigan y sean sustituidas por otro sistema (lo cual no es probable que suceda), entonces lo que probablemente ocurrirá es que crecerán muy poco con un sacrificio generalizado entre las clases populares. Por cierto, es posible que esto ocurra también en muchos países presionados por el FMI, el mayor portavoz neoliberal, que está imponiendo recortes muy sustanciales de los gastos públicos, condenando –como lo denuncia un informe reciente de UNICEF- a la miseria a aquellos países (ver la segunda parte de este artículo).
El otro componente de la respuesta es que el grado de recuperación de un país depende del grado de control que el estado tenga sobre el capital financiero. A mayor control, mayor recuperación. El estado chino controla el sector financiero, mientras que en la UE, es al revés, el sector financiero parece controlar los estados. Lo que debiera hacerse es que el estado controlara al sector financiero. Sin que ello ocurra, es difícil predecir una rápida recuperación.
Lo que estoy diciendo es obvio, pero que sea obvio no es garantía de que se haga, pues hacerlo implica una voluntad política de enfrentarse al capital financiero, que es a lo que los políticos de la UE no se atreven. En su lugar, sacan agallas y se enfrentan con los más débiles. Lo que Joseph Stiglitz ha definido como enfermiza obsesión europea con los mercados laborales, quiere decir que el capital financiero continúa muy fuerte y el mundo del trabajo continúa muy débil en los países de la UE. Ahora bien, tales reformas no tendrán ningún impacto sobre la disminución del empleo -el mayor problema de la UE-. Todo lo contrario, lo perjudicarán.

LO QUE REALMENTE ESTÁ OCURRIENDO EN LA UE
Estamos viendo que en España y en la Unión Europea se están desarrollando las políticas neoliberales que los grandes grupos empresariales y financieros han deseado que se realizaran durante muchos años y que, ahora, aprovechando la crisis (que las empresas financieras crearon), están presionando a los estados para que éstos las impongan a las clases populares. La “crisis” es la excusa para, por fin, poder reducir el estado del bienestar y desregular los mercados de trabajo y, con ello, debilitar a los sindicatos, y así conseguir una disminución de los salarios. Para alcanzar lo primero –la reducción del estado del bienestar- se está utilizando el argumento de la disciplina fiscal, que para ellos significa la eliminación del déficit fiscal del estado y la disminución de su deuda pública a base de reducir el gasto público (incluyendo el gasto público social). Para alcanzar lo segundo (debilitar los sindicatos y bajar los salarios), se subraya la necesidad de aumentar la competitividad a fin de poder estimular la economía mediante las exportaciones de los productos nacionales. En este esquema, las voces neoliberales –que solían utilizar a Estados Unidos como su punto de referencia- ahora toman a Alemania como modelo, presionando para que los países de la UE copien sus medidas. En aquel país, las rentas del trabajo han disminuido muy acentuadamente a costa de un exuberante crecimiento de las rentas del capital, basadas en la banca y en las empresas exportadoras.
Estas medidas neoliberales se presentan como necesarias para salir de la crisis. Sin ellas, supuestamente, los países de la UE –incluyendo España- no saldrán de la crisis en la que se encuentran. Es importante ser consciente de que las mismas voces neoliberales utilizaron los mismos argumentos antes de que se presentara la crisis. Si leen, como yo hago, los documentos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y del Banco de España, así como los informes de la OCDE y de la patronal española, verán que estas recetas neoliberales se han estado implementando desde los años ochenta. Sus documentos son extremadamente previsibles. Leído uno, leídos todos. Todos han estado diciendo lo mismo. El último documento es un informe del Deutsche Bundesbank que no tiene desperdicio. Dice que, a no ser que tales políticas se apliquen, la economía europea se hundirá. Y promueven, una vez más, las políticas neoliberales, con el respaldo del FMI. Parece que, por fin, lo han conseguido.

LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS DEL FMI Y DE LA UE
La Unión Europea –dominada por la banca alemana y la banca de los otros países del centro de la UE-15-, asistida por el Fondo Monetario Internacional, ya ha estado aplicando estas políticas desde hace años en los países bálticos como condición para ser admitidos en la eurozona. Los resultados han sido desastrosos. Se calcula que el PIB de estos países se reducirá un 20% desde que tales reformas se iniciaron en 2007. Ningún país (desde que EEUU perdió el 25% de su PIB durante la Gran Depresión) ha experimentado una situación semejante. El FMI asume con excesivo optimismo y falta de realismo que tales economías se recuperarán. Pero incluso utilizando sus proyecciones, reconocen que en Lituania el PIB será en 2014 un 7,1% más bajo que el del año 2007; en Estonia un 9,1%; y en Letonia un 14%. Mientras, en todos ellos el desempleo se ha disparado y está entre el 15% y el 20%. Estas recetas, por cierto, han dado siempre los mismos resultados en todos los países en que se han llevado a cabo. Latinoamérica es el continente que más las ha sufrido como consecuencia de que el FMI impuso sus recetas a un gran número de países, siendo los casos más conocidos los de Argentina y Bolivia. En aquellos países la intervención del FMI determinó un descenso del PIB y un aumento espectacular de la pobreza. En realidad, estos casos son ejemplo de políticas enormemente impopulares, por ser dañinas para los intereses de las clases populares, siendo a la vez, sumamente ineficientes. De ahí el enorme desprestigio del FMI (que llegó a cuestionarse incluso el valor de su permanencia) y el surgimiento de gobiernos de izquierda, que prácticamente expulsaron al FMI de sus países. Argentina, con el gobierno Kirchner en 2001, cambió radicalmente sus políticas económicas, abandonando las políticas neoliberales del FMI, y en lugar del desastre que el FMI había vaticinado, después de seis meses desde el inicio de políticas keynesianas, creció un 9% durante los siguientes seis años. En 2008 la economía argentina había crecido enormemente, habiendo aumentado su tamaño un tercio de su volumen.
Una situación semejante ocurrió en Bolivia, donde el gobierno Morales cambió radicalmente de políticas, pasando de políticas neoliberales a políticas tradicionalmente expansivas de gasto público, nacionalizando a la vez el gas y el petróleo. Bolivia es hoy uno de los países con mayor crecimiento en América Latina.
¿Por qué estas políticas neoliberales tan nocivas continúan proponiéndose? La explicación que se ha dado con mayor frecuencia es la persistencia de un dogma –el dogma neoliberal reproducido en el Consenso de Washington y su versión europea, el Consenso de Bruselas- en los forums financieros y las instituciones políticas que influencia. Pero la pregunta que debe hacerse es por qué esta ideología continúa promoviéndose. Y la respuesta es obvia. Estas políticas se continúan implementando porque sirven a los intereses de las clases financieras y empresariales. El hecho de que consideren que la reducción del déficit y de la deuda es el objetivo más importante de sus políticas es porque la reducción de la protección social y el elevado desempleo debilita enormemente a la clase trabajadora, y les refuerza a ellos, aumentando sus beneficios. Como consecuencia de las políticas neoliberales, las rentas del capital han aumentado alcanzando niveles sin precedentes y las rentas del trabajo han descendido. Y esto es lo que cuenta para ellos. Todo lo demás es secundario.
Pero para poder hacerlo, necesitan presentar tal práctica como necesaria, siendo asistidos en esta labor por instituciones neoliberales que configuran la sabiduría convencional económica, promovida en la mayoría de medios de información y persuasión, ocultando a la vez realidades bochornosas que muestran no sólo sus incompetencias sino también sus incoherencias. El FMI, que está imponiendo a los países enormes sacrificios salariales y grandes reducciones de los beneficios sociales (tales como retrasar la edad de jubilación) paga a sus funcionarios salarios astronómicos (a pesar de sus claras deficiencias), permitiéndoles que se jubilen a los 51 años (si, lo ha leído correctamente, 51 años) pagándoles pensiones que sobrepasan los 100.000 dólares estadounidenses. No hace falta añadir más comentarios.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PUBLICO, 8 de julio de 2010

Este artículo muestra que una de las causas del crecimiento de los déficits públicos en la mayoría de países de la UE-15 se debe a las reformas fiscales regresivas neoliberales (tales como bajar los impuestos) llevadas a cabo por los gobiernos de tales países, incluyendo España.

Una de las políticas fiscales que han caracterizado el pensamiento neoliberal reproducido en la mayoría de partidos gobernantes en la Unión Europea, tanto de derecha como de centro izquierda, ha sido la reducción de impuestos. Se decía que tal bajada de impuestos liberaba la capacidad creativa, tanto de los ciudadanos como de las empresas, estimulando así la economía. En España, no sólo la derecha –tanto española (PP), como catalana (CiU)– sino también la izquierda gobernante (PSOE), enfatizaron la conveniencia de bajar los impuestos. El presidente Zapatero inició su mandato con el dicho de que “bajar impuestos es de izquierdas”. Antes, los gobiernos del PP habían hecho de esa bajada el elemento central de su política fiscal.
Y un tanto semejante ocurrió en varios países de la UE. En Alemania, por ejemplo, los impuestos sobre el capital se redujeron (desde 1995 a 2009) nada menos que 26 puntos, a la vez que el nivel de gravación fiscal de las rentas superiores se redujo 9,5 puntos. En España y Francia, la reducción de los impuestos de las rentas superiores fue incluso mayor, reduciéndose 13 puntos. En Italia, el Impuesto de Sociedades bajó 20,8 puntos y el de las rentas superiores 6,1 puntos. Tales reducciones favorecieron a las rentas del capital y a las rentas superiores, de manera que tales rentas, como porcentaje de las rentas nacionales, se dispararon, incrementándose las desigualdades de renta de una manera muy acentuada. De esta manera, la regresividad fiscal y las desigualdades sociales aumentaron espectacularmente estos últimos 15 años.
El argumento que se utilizó para promover estas políticas fiscales, favorables a las rentas del capital y a las rentas superiores, era que había que cuidar (mimar, sería la expresión más adecuada) los factores movibles –tales como el capital y las rentas superiores–, evitando que se asustaran y dejaran el país. Este era el discurso neoliberal que sostuvieron los medios de mayor difusión del país. Detrás de él existía el enorme poder político del capital financiero y empresarial (y muy en especial el relacionado con las exportaciones), así como el de las rentas superiores. Donde esta influencia adquirió mayor desarrollo fue en Alemania, cuyo modelo económico estaba, y continúa estando, basado en un modelo financiero y exportador con una competitividad elevada, enraizada en unos salarios estancados que no mejoraban con el crecimiento de la productividad. Ese incremento de la productividad repercutía primordialmente en aumentar los beneficios del capital, muy en especial de las empresas exportadoras y de la banca, y no en aumentar las rentas del trabajo. Como dijo Peter Bofinger, miembro del Consejo Económico alemán, “el problema de Alemania es que vive muy por debajo de sus posibilidades”, es decir, que la riqueza que se creaba y continúa creándose no repercute sobre el nivel de vida de los trabajadores y de las clases populares alemanas. El Gobierno socialdemócrata del canciller Gerhard Schröeder (1998-2005) fue el que inició –en su programa de 2010– la reducción de los impuestos de sociedades y de las rentas superiores, política seguida más tarde por Angela Merkel y sus gobiernos de coalición. Algo parecido ha estado ocurriendo en Francia, donde la creciente regresividad fiscal explica un notable crecimiento de las desigualdades sociales. De nuevo fue un Gobierno socialdemócrata, dirigido por Lionel Jospin (1997-2002) el que inició la política de reducción de impuestos, política que fue acentuada por Nicolas Sarkozy en 2007.
Tal reducción de impuestos de las rentas superiores, además de incrementar las desigualdades, creó también las bases para que apareciera el problema del déficit del Estado. Este déficit fue causado, en parte, por la disminución de la actividad económica. Pero las políticas de reducción de impuestos, con la consiguiente reducción de los ingresos al Estado, contribuyeron enormemente a la creación de los déficits y del aumento de la deuda pública. En Alemania, por ejemplo, si los niveles de imposición fiscal fueran los mismos que existían en 1998, el Estado alemán hubiera recaudado 75.000 millones de euros más por año de los que recaudó en 2009, una cantidad semejante, por cierto, al déficit que el Gobierno Merkel quiere resolver mediante los recortes muy acentuados que ha propuesto sobre el Estado del bienestar alemán. Un tanto semejante ocurre en España, donde el déficit del Estado no sería tan elevado si los niveles de imposición, tanto de las rentas del capital como de las rentas superiores, se hubieran mantenido igual a los existentes en los años ochenta.
Estos datos señalan el error del argumento ampliamente utilizado en las instituciones europeas (Consejo Europeo, Comisión Europea y Banco Central Europeo) en defensa de la austeridad del gasto público (incluyendo el gasto público social), indicando erróneamente que “hemos estado viviendo durante todos estos años por encima de nuestras posibilidades”, asumiendo que nos hemos gastado más de lo que tenemos. Pero no es cierto y es fácil de demostrar. Tenemos el gasto público social más bajo de la UE-15, lo cual no se debe a que España no tenga recursos. España tiene ya el nivel de riqueza de la UE-15. Su PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15. Y, sin embargo, el gasto social es sólo el 73% del promedio de la UE-15. Si nos gastáramos el 94% del promedio tendríamos 66.000 millones de euros más para gastarnos en nuestro escuálido Estado del bienestar. España tiene estos recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y ahí está el problema. No es que vivamos por encima de nuestras posibilidades, lo que pasa es que los ricos, los bancos y los grandes empresarios no pagan lo que debieran. Las políticas neoliberales han favorecido a las rentas superiores, creando una enorme polarización social, que han generado la crisis actual y que están dificultando la recuperación económica. Y ahí está el problema que los medios de persuasión no tocan.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 2 de julio de 2010

Este artículo muestra las políticas fiscales regresivas que han estado ocurriendo en los países de la Unión Europea de los Quince (incluyendo España) responsables del debilitamiento de la Europa Social así como de la enorme polarización de las rentas en estos países.

A primera vista parecería que hasta los años que precedieron la crisis económica y financiera, la Europa Social (es decir, los estados del bienestar de los países miembros de la Unión Europea) tenían buena salud. En realidad, el gasto público social (como porcentaje del PIB) fue aumentando desde los años noventa. En los países de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE), su promedio creció del 25,4% en 1990, al 27,4% en 1997, al 27,7% en 2003 y al 27,9% en 2005.
Ahora bien, hablar de promedios es muy sesgado y puede ser desorientador. Uno puede ahogarse en un río que, como promedio tiene sólo diez centímetros de profundidad. Puede estar seco en su mayor extensión, pero puede tener una zona de tres metros donde la gente puede ahogarse. De ahí que es importante ver su variabilidad alrededor del promedio. En la UE-15, el país que tiene un gasto público social más bajo es España (20,9% del PIB en 2005). Y el más elevado es Suecia (32%). La causa de este diferencial es predominantemente política. Las derechas históricamente han sido muy fuertes en España (y en otros países del Sur de Europa) y las izquierdas lo han sido en Suecia (y en los países del Norte de Europa). Es importante que se subraye esta explicación porque hay un intento por parte de economistas neoliberales de ocultar y diluir esta causa política del subdesarrollo social, atribuyendo el gasto público social al nivel de riqueza de un país. Siguiendo un tipo de determinismo económico, se postula que a mayor nivel de riqueza de un país, mayor es su gasto público social. Esta postura es errónea y es fácil de mostrarlo. EEUU es el país más rico del mundo y en cambio es uno de los países con un gasto público social más bajo. Y España ya no es un país pobre. Su PIB per cápita ya representa el 94% del promedio de la UE-15. Y en cambio su gasto público social per cápita no es el 94% del promedio de gasto público social per cápita de la UE-15, sino que es sólo un 74%. Si fuera el 94%, nos gastaríamos 66.000 millones más en nuestro estado del bienestar de los que nos gastamos ahora. Es importante que esta situación se conozca porque existe hoy una postura muy generalizada, no sólo entre los partidos conservadores y liberales, sino incluso en el equipo económico del gobierno Zapatero, que justifica los recortes del gasto público con el argumento de que como país nos gastamos más de lo que nuestros recursos nos permiten. Y de ahí deducen la necesidad de aplicar medidas de austeridad de gasto público. Esta interpretación de nuestros males, asumiendo que la crisis es consecuencia de que “nos gastamos más de lo que tenemos”, se ha extendido también en toda la UE y es el nuevo dogma que justifica los grandes recortes del gasto público a fin de reducir el déficit y las deudas públicas. Pero es fácil demostrar que este dogma está profundamente equivocado.
En España nos gastamos, repito, 66.000 millones menos en la España social de lo que deberíamos gastarnos según nuestro nivel de desarrollo económico. Y el hecho de que no se gasten es porque el estado no los recoge. No es, pues, que España no tenga los recursos. Los tiene y muchos (66.000 millones de euros). Lo que ocurre es que el estado no recoge estos fondos. Esta es la realidad que, o bien se desconoce, o bien se ignora deliberadamente para justificar las políticas de austeridad de gasto público que se están siguiendo en España.

Y ahí está la raíz del problema, la enorme regresividad del sistema fiscal que en muchos países de la UE-15 ha ido creciendo desde el inicio de la era neoliberal. Veamos los componentes de esta regresividad, comenzando por los impuestos. (La mayoría de datos que aquí presento proceden del libro Global Finance and Social Europe, colección dirigida por John Grahl y publicado por Edward Elgar. 2009) Los ingresos al estado, por vía impositiva, han disminuido en la UE-15, pasando de representar en 1996 un 39,8% del PIB a un 39,3% en 2004, descenso más acentuado en los países integrados en la unión monetaria (pasando del 38,0% al 34,5%). En EEUU, por cierto, bajaron también, pasando del 27,3% al 25,4%, lo mismo que en Japón, que pasaron del 27,3% al 25,4%, durante el periodo 1995-2004.
Pero, además de bajar los ingresos al estado (a pesar de que el nivel de riqueza aumentó), vemos que la gravación de las rentas del capital (mucho más bajas que las rentas del trabajo), descendieron todavía más. La tasa de gravación de las rentas del capital en los países de la eurozona pasó de representar el 17,0% en 1995 al 14,0% en 2003, el mayor descenso entre el grupo de países de la OCDE (el club de países más ricos), mientras que las rentas del trabajo continuaron siendo gravadas al 35%. La tasa de gravación del consumo se mantuvo al mismo nivel, con un ligero aumento del 20,5% en 1995 al 20,8% en 2003. Estos datos muestran que fueron las rentas del capital las que se beneficiaron más como consecuencia de las políticas fiscales aplicadas durante aquel periodo. Otro grupo que se ha beneficiado enormemente son las rentas superiores, que han visto descender su tasa de gravación del 51,52% de su renta al 49,20%. Para entender estas cifras hay que saber que cada 0,1% de descenso en la tasa de gravación representa miles de millones de euros que los estados dejan de ingresar.
¿Cómo se justifican estas políticas tan favorables a las rentas del capital y a las rentas superiores? El discurso neoliberal (presente en la mayoría de partidos gobernantes en los países de la eurozona) es que el capital y las personas de rentas superiores (los ricos) son muy movibles y si los estados no los miman dejarán el país. Son parte de las clases cosmopolitas que se mueven de un país a otro como parte de la jet-set. Ahora bien, los estados pueden intervenir para disminuir tal movilidad. Y si no lo hacen es predominantemente por razones políticas, es decir, que no se atreven a enfrentarse con intereses fácticos tan importantes como, por ejemplo, la banca. Hoy, gran parte de los movimientos del capital financiero son de tipo especulativo, es decir, que se enriquecen sin crear riqueza. Es la economía del casino que nos ha llevado a la crisis que estamos viviendo. De ahí que debieran eliminarse estas actividades y gravar fuertemente esta movilidad de capitales a corto plazo. La existencia de los paraísos fiscales (que existen, no sólo en Suiza y Luxemburgo, sino también en Alemania, EEUU, Bélgica e Irlanda) dañan, no sólo a los países donde tales paraísos existen, sino a los países de los cuales provienen estos capitales. Significan el caso de evasión y corrupción de capitales más importante del mundo, de la eurozona y de España. El hecho de que incluso ahora, tras el enorme daño que han causado, los estados no hayan intervenido todavía, muestra la naturaleza política del problema.
Otras medidas, además de coordinar las políticas fiscales entre los países de la UE, es establecer unos estándares de gravación empresarial, por debajo de los cuales no podrían permitirse operar a las empresas en un país. Ello estaría encaminado a evitar el fenómeno Irlanda, que ha basado su desarrollo dentro de la UE, a base de salarios e impuestos bajos, resultando un estado con escasísima sensibilidad social y baja calidad de vida. Esta estrategia de desarrollo, que ha seguido también España, conduce a un desarrollo caracterizado por enormes altibajos, sin basarse en una riqueza estable y bien repartida (como la de los países nórdicos).
Se requiere también el desarrollo de normativas sociales como condición de permanencia en la Unión Europea, garantizando la existencia de derechos sociales y laborales (tales como la universalidad de protección social en todas sus categorías), así como un código obligatorio (no voluntario) de conducta de las empresas, expandiendo su criterio de beneficio y productividad, considerando beneficio no sólo la rentabilidad para sus accionistas y gestores, sino también su aportación a la comunidad. Tales reglas y derechos deben establecerse a nivel de la UE, estableciendo las condiciones para alcanzar un pacto social a nivel comunitario, lo cual requeriría una legislación a nivel continental que permitiera convenios colectivos a nivel europeo (lo cual no existe hoy en la UE). Y debieran incluirse impuestos a nivel comunitario, tales como impuestos de protección ambiental, que sirvieran para fines sociales ampliamente populares.
En realidad, no es difícil ver las políticas públicas que debieran hacerse, tanto a nivel de cada estado como a nivel de toda la UE y de la eurozona. Lo difícil es que se lleven a cabo, y ello resultado del dominio de las fuerzas conservadoras y liberales en los estados miembros de la UE, así como en el Consejo Europeo, en la Comisión Europea y en el Banco Central Europeo. La construcción de la Unión Europea se ha hecho mediante políticas neoliberales que han dañado el bienestar de las clases populares del continente. Las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas nacionales han disminuido en la mayoría de los pases miembros de la UE (ver mi artículo “Lucha de clases en la UE”. Público. 17.06.10), durante los años de construcción de la UE y de su eurozona. En la mayoría de los países de tal zona monetaria, el aumento notable de la productividad no se ha correspondido con el consiguiente incremento salarial, habiendo sido las rentas del capital las que se beneficiaron más de aquel aumento. Entre estas últimas rentas, las del capital financiero han alcanzado niveles de enorme exhuberancia, siendo su comportamiento una de las causas de la crisis actual. Ha sido, pues, la enorme polarización de las rentas (resultado, en gran parte, de las políticas fiscales regresivas) las que determinaron la problemática existente en estos países. Las soluciones a esta problemática requerirán la reversión de aquellas políticas fiscales regresivas, lo que exige unos cambios en las relaciones de poder existentes en la UE y en sus estados miembros con mayor poder e influencia por parte de las clases populares a costa del excesivo poder que hoy tienen los grandes grupos financieros y empresariales y rentas superiores en aquellos países. Ello debiera conducir a cambios en la orientación económica y fiscal de muchos partidos de centro izquierdas e izquierda (que tradicionalmente han representado a las clases populares), que, al hacer suyas las políticas neoliberales, se convirtieron durante estos años en parte del problema, en lugar de en parte de la solución.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 25 de junio de 2010

Este artículo critica el argumento utilizado por aquellos que desean reducir el estado del bienestar aduciendo que nos gastamos más de lo que podemos. El artículo señala que la evidencia no avala tal postura; muestra que los recursos existen pero el Estado no los recoge. Referente al endeudamiento privado, este se debe primordialmente a la disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional.

Hay una frase que aparece constantemente en la sabiduría convencional de nuestro país, reproducida no sólo por los portavoces del pensamiento neoliberal (que tienen grandes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión de mayor difusión del país), sino también por dirigentes del partido socialista gobernante en España (y no digamos ya por dirigentes del mayor partido de la oposición, que han hecho de tal frase su eslogan electoral), que señala que “hay que reducir nuestros gastos, tanto públicos como privados, porque durante todos estos años hemos estado gastando más de lo que debiéramos por el nivel de riqueza que tenemos”. Y como prueba de ello, se refieren a la elevada deuda pública del estado español, a la que se añade también la elevada deuda privada. Este es el nuevo dogma que tanto el gobierno como la mayoría de partidos de la oposición (excepto las izquierdas no gobernantes) repiten constantemente y que los medios de mayor difusión promueven veinticuatro horas al día. De ahí que el debate político y mediático se centre en cómo reducir el gasto, tanto privado como público, a fin de reducir tal endeudamiento. Tal debate se da también a nivel europeo, sobre todo a raíz del endeudamiento de los PIGS (Portugal, Italia, Grecia y Spain), que quiere decir en inglés los cerdos, insulto que creen ser merecido al considerar que la crisis del euro ha sido causada por el crecimiento desmesurado e irresponsable de los déficits y de las deudas públicas de estos países debido a su excesiva protección social. Hasta aquí el dogma.

Lo que es extraordinario es que este dogma se reproduzca tan intensamente cuando la evidencia, fácilmente accesible, muestra el error de tal postura. Veamos los datos. Y preguntemos ¿Se gasta España en su estado del bienestar más de lo que puede gastarse por su nivel de desarrollo económico? Y los datos muestran que no. En realidad, nos gastamos mucho menos de lo que nos correspondería por el nivel de riqueza que tenemos. España no es un país pobre, pues su riqueza, medida por su PIB per cápita, es ya el 94% del promedio de los países más ricos de la UE-15. Y en cambio el gasto público social per cápita no es el 94% del promedio de la UE-15, sino sólo el 74%. Es decir, que nos gastamos aproximadamente 66.000 millones de euros menos de lo que nos deberíamos gastar por el nivel de riqueza que tenemos.

Y, ¿por qué no se gasta este dinero el estado? La respuesta no puede ser que el país no tenga este dinero (tal como los neoliberales dicen). En realidad, España lo tiene, aunque no su estado. El hecho de que el estado no se gaste tal cantidad de dinero se debe a que no lo recoge, y por lo tanto no lo tiene. Y la causa más importante de que esto ocurra es fácil de ver. Se llama poder de clase. El 30% de renta superior del país (burguesía, pequeña burguesía y clase media de renta alta) tienen un poder económico, político y mediático enorme y no pagan los mismos impuestos que pagan sus homólogos en la mayoría de países de la UE-15. Y como tienen una enorme influencia en los medios (la mayoría de creadores de opinión pertenecen a estas clases), los medios de mayor difusión nunca hablan de ello. Esta situación ocurre en todos los PIGS, en donde las derechas han tenido un enorme poder (y donde las izquierdas gobernantes han sido contaminadas con el pensamiento neoliberal –la ideología de los ricos- tal como lo mostró aquella famosa frase de que “bajar impuestos es de izquierdas”. Y los bajaron, no sólo una, sino diez veces. Es también en estos países donde los fraudes fiscales alcanzan exuberantes dimensiones, beneficiándose de ello las rentas superiores. No son, pues, las clases populares de los PIGS, que están sufriendo enormes recortes en sus transferencias (pensiones) y servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales, entre otros), las merecedoras del término PIGS, sino las clases pudientes las que, habiéndose beneficiado enormemente durante los años de bonanza (los beneficios empresariales en España crecieron durante el periodo 1999-2005 un 73%, más del doble de la media de la UE-15, mientras que los costes laborales aumentaron sólo un 3,7%, cinco veces menos que la UE-15), no pagaron lo que debían al Estado.

El mismo poder de clase explica el endeudamiento privado. Que las familias españolas están endeudadas es un hecho bien conocido. Pero lo que no se analiza es ¿por qué están endeudadas? Y la respuesta es que durante estos últimos años ha habido una enorme polarización de las rentas en España y la capacidad adquisitiva de las familias ha ido disminuyendo. El porcentaje que las rentas del trabajo representan sobre las rentas nacionales ha ido descendiendo espectacularmente. Mientras, las rentas del capital se han disparado alcanzando niveles exuberantes. La disminución de la masa salarial supuso la necesidad de endeudarse, a fin de mantener su estándar de vida (y ello a pesar de que el número de personas que trabajan en las familias ha aumentado, resultado de la integración de la mujer al mercado de trabajo). Por otra parte, las exuberantes rentas de capital invirtieron, pero no en las empresas de la economía real (donde se producen bienes y servicios), pues la rentabilidad en este sector era baja, consecuencia de la escasa demanda, debida a la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares. En su lugar, invirtieron en el capital especulativo, y en España en el sector inmobiliario, creando la burbuja inmobiliaria que al explotar ha sido la mayor causa de la crisis en España, con mucho dinero prestado de los bancos alemanes y franceses. El estado, que tiene los ingresos al estado más bajo de la UE-15, debido a que los ricos no pagan sus impuestos, se tuvo que endeudar, siendo la misma banca alemana y francesa la que compró tal deuda.

Cuando la especulación colapsó, los bancos centrales y periféricos se encontraron con un enorme problema. Cuando se nos pide ajustarnos el cinturón, quiere decir que tenemos que pagarles a los bancos Esto es lo que ocurre y no se dice en los mayores medios. Y así nos va.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 21 de junio de 2010

Este artículo muestra el error de las teorías neoliberales que atribuyen el elevado desempleo en España a las rigideces laborales consecuencia de la excesiva protección de los trabajos fijos (llamados insiders) a costa de los trabajos temporales y desempleados (llamados outsiders). El artículo señala que la mayor causa del desempleo es el escaso crecimiento económico consecuencia de la escasísima demanda (tanto pública como privada) resultado de un gran endeudamiento debido a la disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta total. Esta disminución también explica los problemas de baja productividad del país.

Una de las explicaciones que se han dado con mayor frecuencia en las revistas económicas españolas (la gran mayoría de las cuales están financiadas por la banca y por el mundo empresarial y que, por lo tanto, reproducen la doctrina económica neoliberal que tales grupos promueven) al elevado desempleo en España, es la supuesta rigidez del mercado laboral, resultado de lo que se considera excesiva influencia de los sindicatos que, en su defensa de los contratos fijos (llamados insiders, es decir, los que están dentro del mercado laboral), están protegiendo a los trabajadores de edad avanzada a costa de los jóvenes que tienen dificultades en encontrar empleo (y a los que se les llama, por ello, outsiders, es decir, los que están fuera del mercado laboral), pues los puestos de trabajo existentes están ya ocupados por los otros trabajadores de edad más avanzada (que pueden ser sus padres). Como consecuencia de dar mayor seguridad al padre, dificultando poder despedirle, el empresario se lo piensa dos veces antes de ofrecerle un trabajo a su hijo, pues teme que más tarde no podrá despedirle. Y de ahí se concluye que el empresario no cree empleo y, por lo tanto, el desempleo sea alto. Se asume así que hay una lucha intergeneracional por puestos de trabajo. Esta lucha intergeneracional se presenta también por los mismos autores en el caso de las pensiones, aunque ahí no es entre los jóvenes y sus padres, sino entre los jóvenes y sus abuelos. Los ancianos –se nos dice- están sobreprotegidos, viviendo en condiciones muy favorables, resultado de pensiones excesivamente generosas, y ello a costa de los jóvenes que contribuyen más de lo que les corresponde, pagando las pensiones de sus abuelos, pensiones que ellos mismos no podrán disfrutar, resultado de la supuesta insolvencia de la Seguridad Social (ver mi crítica a David Taguas, fiel representante del pensamiento neoliberal, que fue, en su día, director de la oficina económica de La Moncloa en el gobierno Zapatero, “La Seguridad Social es viable. Réplica a David Taguas”, www.vnavarro.org. 24.02.10).

La tesis insiders-outsiders como causa del desempleo fue promovida hace ya varios años por el secretariado económico de la OCDE (el club de los países más ricos del mundo) en su informe Employment Outlook 1999. En tal informe se indicaba que el hecho de que el desempleo promedio de los países de la UE-15 hubiera sido mayor (durante el periodo 1980-1999) que en EEUU se debía a que los mercados de trabajo de aquellos países eran más rígidos y regulados que los de los de EEUU. Y como prueba de ello, se referían a la dicotomía insiders versus outsiders que, según ellos, caracterizaba a los mercados laborales europeos. Tal tesis fue desacreditada rápidamente, pues los datos mostraban fácilmente el error de sus supuestos. En realidad, el desempleo de los países que constituirían la UE-15 había sido menor durante el periodo anterior 1960-1980, que el desempleo de EEUU, aún cuando los mercados laborales europeos estaban ya entonces más regulados que los estadounidenses. Es más, los mercados laborales en la UE-15 estaban más desregulados en el periodo 1980-1999 que en el periodo anterior, 1960-1980. No podía, por lo tanto, considerarse que el mayor desempleo en la UE pudiera atribuirse a la mayor regulación de los mercados de trabajo europeos (ni tampoco a los insiders-outsiders). Es más, el desempleo entre los jóvenes en EEUU (que no tenía tal dicotomía outsiders-insiders) era mucho mayor que en varios países de la UE-15. Ello llevó a que la OCDE tuviera que corregir su tesis. Y en su informe Employment Outlook 2006 concluyó con la siguiente frase “de nuestro análisis de la OCDE podemos afirmar que el impacto de las medidas proteccionistas de empleo (nota mía, la narrativa utilizada para definir lo que los autores neoliberales llaman rigideces laborales) es estadísticamente insignificante para explicar el nivel de desempleo en un país de la OCDE”. Más claro, el agua. A partir de entonces, la OCDE ha dejado de utilizar el argumento outsider-insider para explicar el desempleo (aunque utiliza otros argumentos, igualmente erróneos, pues continúa estancada en el pensamiento neoliberal).

Pero los economistas neoliberales, impermeables a los datos, continúan repitiendo el dogma insiders-outsiders para explicar el desempleo, siendo el último ejemplo el artículo de Juan J. Dolado en El País 17.06.10 donde, de nuevo, los insiders, los trabajadores adultos son responsables del elevado desempleo de los jóvenes, concluyendo que lo mejor para todos es que se facilite a los empresarios que puedan despedir, por igual, a todos los trabajadores, asumiendo que hoy los empresarios tienen grandes dificultades en hacerlo. Los datos, sin embargo, no avalan tal supuesto. Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, en el periodo de octubre 2008 a octubre 2009, el 50% de contratos extinguidos han tenido una indemnización de sólo 8 días por año. Y la gran mayoría de los restantes han recibido una indemnización de 20 días por año, y sólo para una minoría de despidos declarados improcedentes, la indemnización ha sido de 33 a 45 días por año. Es más. Y como bien ha escrito Vidal Aragonés “Una reforma constituida a base de mitos” El Periódico (17.06.10), “el coste para los empresarios es sustancialmente inferior en muchos casos. En el caso de los despidos individuales y colectivos en empresas de menos de 25 trabajadores que deriven de causas económicas, técnicas organizativas o productivas, el empresario pagó (en 2009) el 60% y FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) el restante 40%. Y las empresas insolventes no abonaron cantidad alguna, asumiendo FOGASA el total de la indemnización”.

Lo que estamos viendo es una enorme avalancha mediática e ideológica encaminada a responsabilizar a los sindicatos del elevado desempleo en España. Para ello, el argumentario incluye un intento de separar a los sindicatos de su función defensora de los intereses de los trabajadores, presentándoles a los sindicatos como aparatos corporativistas que defienden sus propios intereses, que se presentan como distintos –en realidad, incluso opuestos- a los intereses de los trabajadores que representan. Un ejemplo de esta postura es el artículo de Francesc Homs i Molist, representante de la derecha en Cataluña, CIU, en El Siglo (18.06.10) en el que hace la afirmación de que si el PSOE fuera en realidad auténticamente solidario con los trabajadores, deberían enfrentarse a los sindicatos, pues éstos están dificultando la resolución del elevado desempleo. Es sorprendente como las derechas en España (responsables de que España –y Cataluña- estén a la cola de la UE en su estado del bienestar y de que los salarios de los trabajadores sean de los más bajos) estén ahora presentándose como los partidos de los prabajadores (ver mi artículo “Partido Popular, ¿el Partido de los Trabajadores?” El Plural 14.06.10, y “Los nacionalismos conservadores y liberales en España”, de pronta publicación en Público.

Las causas nunca mencionadas del desempleo
Lo que múltiples estudios científicos han mostrado es que la causa más importante para que se cree o destruya empleo es la demanda que los empresarios tienen sobre los bienes y consumos que producen. El mundo empresarial no expandirá su plantilla a no ser que haya un aumento de los productos que produce y vende. Y esta es la situación en España. El mundo empresarial tiene delante un problema grave de escasez en la demanda. El problema del paro no está en el mercado de trabajo, sino en la baja demanda y en el tipo de demanda y producción. Y la escasa demanda se debe a dos temas que el énfasis en el mercado de trabajo está ocultando. Uno es la excesiva polarización de las rentas en Europa y en España. Las rentas del trabajo han disminuido en la UE de una manera espectacular, mientras que las rentas del capital se han incrementado enormemente. Y esta polarización ha estado incluso más acentuada en España. Los beneficios empresariales crecieron en España un 73% en el periodo 1995-2005 (más del doble de la media de la UE-15, un 33%), mientras que los costes laborales aumentaron en el mismo periodo un 3,7% (cinco veces menos que en la UE, un 18,2%), datos que raramente aparecen en las revistas económicas , o incluso en la prensa en general. Y esta situación ha creado varios problemas. Uno de ellos es la escasa demanda (consecuencia del descenso de la masa salarial) y consecuente endeudamiento de las clases populares. El gran endeudamiento de las familias españolas se basa en este hecho. Según la Agencia Tributaria española, en el 2007, el 63% de los asalariados (16,7 millones de trabajadores) tenían un salario bruto de 1.100 euros. Lo que ello implica es una gran escasez en la capacidad adquisitiva de las clases populares, profundamente endeudadas, y que cuando falló el crédito, paralizó la demanda doméstica. Y ello ocurre en cada recesión económica que España ha tenido. Y la pobreza del sector público (España tiene el gasto público por habitante más bajo de la UE-15) explica también el endeudamiento público y el escaso poder y recursos que el estado tiene en su capacidad de estimular la economía. Este escaso poder sustitutorio (del estímulo privado) es consecuencia de las políticas neoliberales de las derechas, que más que partidos de los trabajadores han sido siempre los partidos de los banqueros y de los empresarios, que se han opuesto a incrementar sus impuestos (según la Agencia Tributaria, un empresario paga menos impuestos que un asalariado) y el gasto público, dificultando así el crecimiento del gasto público como estímulo para la recuperación económica y la reducción del desempleo.

Y la otra consecuencia del descenso de las rentas salariales es la baja productividad en amplios sectores de la economía. En contra de lo que escriben los economistas neoliberales, el hecho de que los salarios sean bajos no se debe a que la productividad sea baja, sino al revés, la productividad es baja como consecuencia de la existencia de salarios bajos. Si un empresario tiene la posibilidad de pagar salarios bajos porque hay gran número de candidatos para un puesto de trabajo (el caso de la vendimia o del turismo o de la construcción, como ejemplos), los salarios que pagará serán bajos. Ahora bien, si no se le permite pagar salarios bajos, tendrá que invertir en el puesto de trabajo y en el trabajador para asegurarse de que un trabajador haga lo que ahora hacen diez.

Esto es lo que ocurre en los países nórdicos, de tradición socialdemócrata. En realidad, el economista Meiner convenció hace ya muchos años al gobierno socialdemócrata y a los sindicatos suecos de que no podían permitirse en Suecia salarios bajos. Una economía basada en salarios bajos era y es una economía ineficiente. De ahí que se prohibieran salarios bajos. En los convenios colectivos, los salarios bajos no se permiten, ni en situaciones provisionales. Y ello tuvo un gran impacto en la productividad de la economía. Ni que decir tiene que hubo empresas que colapsaron al no poder pagar tales salarios, pero era, y es, responsabilidad pública encontrar un puesto de trabajo (de similar nivel salarial) al trabajador que ha tenido que dejar aquella empresa que cierra. Y es responsabilidad pública encontrarle, no sólo un trabajo, sino también una casa y una escuela para sus niños, entre otros requisitos.

No se le puede pedir flexibilidad al trabajador, a base de crearle inseguridad, tal como ocurre en España, donde el mundo empresarial y bancario está muy mal acostumbrado, por haber estado sobreprotegido por el poder político, no sólo durante su dictadura, sino también después. En España se habla mucho de la rigidez laboral, cuando el mayor problema es la rigidez y dureza empresarial. La primera es la respuesta a la segunda. Y el fracaso de la administración pública en esta dimensión es enorme. Es injusto exigirle flexibilidad al trabajador a costa de su seguridad. España tiene el gasto en protección social más bajo de la UE-15. Sólo un 20%, comparado con un 32% en Suecia o un 30% en Dinamarca. El mundo empresarial y la banca española, así como el estado español, no han entendido que la protección y cohesión social son elementos claves en garantizar una elevada productividad. Todos los países del sur de Europa tienen escasa productividad porque tienen escasa protección social. El mundo empresarial español, conocido por su dureza (y apoyado por unos medios de persuasión próximos a él) se ha opuesto a la expansión del gasto público y de la protección social, prefiriendo conseguir la flexibilidad laboral, no con la seguridad, sino con aumento de la inseguridad. De ahí el elevado desempleo. Pero esto es improbable que el lector lo oiga, lo vea o lo escuche en los medios de mayor difusión del país, en los que durante los próximos meses vamos a ver una enorme avalancha en contra de los sindicatos, detrás de la cual hay un intento de diluir todavía más la España social, y la protección social de los españoles.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 18 de junio de 2010

Este artículo analiza el declive de la socialdemocracia (tanto en apoyo electoral como en el número de asociados) en la Unión Europea, cuestionando algunas de las razones que se han dado para explicar tal declive. El artículo muestra que en los casos más llamativos este declive se debe a la sustitución del ideario socialista por el socioliberalismo responsable de políticas impopulares entre las bases electorales de tales partidos.

La socialdemocracia en Europa está inmersa en una profunda crisis. Pasó de gobernar en la mayoría de países en la Unión Europea a estar en una minoría muy pequeña. Su crisis se refleja, no sólo en derrotas electorales, sino también en descensos muy marcados de sus afiliados: todos los mayores partidos socialdemócratas europeos han experimentado un enorme descenso de los miembros en tales partidos. Una de las explicaciones que han dado los dirigentes de tales partidos de este descenso (además de la supuesta falta de comunicación –argumento siempre utilizado por tales dirigentes-) es el éxito de sus políticas. Se asume que el gran bienestar que la socialdemocracia ha traído a Europa ha transformado sus bases electorales -la clase trabajadora- en clases medias, que se han ido haciendo más conservadoras. Algunos de estos dirigentes llegan incluso a postular que las clases trabajadoras están desapareciendo, sustituidas por las clases medias, que se han convertido en los sectores sociales a los cuales tales partidos orientan sus ofertas electorales. En realidad, muchos de estos partidos han abandonado una narrativa que incluya el concepto de clase social en su discurso, excepto en su referencia a las siempre presentes clases medias, y dentro de una estructura social que se redefine, limitándose a hablar de ricos, clase media y pobres, o clase alta, media y baja.
Este argumento ignora, sin embargo, varios hechos. Uno de ellos es que en la mayoría de países de la UE hay más personas que se definen como pertenecientes a la clase trabajadora que a la clase media, siendo en los países nórdicos escandinavos (que tienen el mayor nivel de riqueza de Europa) donde tales porcentajes son mayores. A mayor cultura socialdemócrata en un país (tal como ocurre en la mayoría de los países escandinavos), mayor es la propensión de la población a definirse como miembro de la clase trabajadora. Y, por el contrario, a mayor cultura conservadora y/o liberal en un país, mayor es la percepción de que las clases han perdido su valor definitorio, considerándose a la clase media como la clase mayoritaria por antonomasia en aquel país. El caso de EEUU y del Sur de Europa son ejemplos de ello. Las causas del declive de la socialdemocracia no pueden atribuirse, pues, a su éxito, o a cambios de la estructura social de sus países. Hay que buscar las causas en otras áreas y territorios de análisis, incluyendo los cambios muy sustanciales que han seguido en su cultura política y en el desarrollo de sus políticas públicas.

LA NECESIDAD DE UNA INEXISTENTE AUTOCRÍTICA POR PARTE DE MUCHOS PARTIDOS SOCIALDEMÓCRATAS EUROPEOS

El éxito de la socialdemocracia en Europa fue su identificación con el establecimiento del estado del bienestar (basado en la universalización de los derechos sociales y laborales, financiado con unas políticas fiscales progresistas), y un aumento de la capacidad adquisitiva de la población, mediante un incremento de las rentas del trabajo como motor de políticas expansivas de carácter keynesiano, que exigían un intervencionismo público no sólo en gasto, sino también en la regulación (y/o la nacionalización) de actividades claves para el quehacer económico, a fin de garantizar la existencia y accesibilidad de recursos básicos (tales como el crédito). La época dorada del capitalismo (1900-1980) se basó en estas políticas, que fueron y continúan siendo enormemente populares, no sólo entre las bases tradicionales de tales partidos –la clase trabajadora-, sino en otros sectores de las clases populares (incluyendo la clase media). Esta alianza de clases –clase trabajadora con clase media- fue central en el desarrollo del estado del bienestar. Éste tenía que ser de elevada calidad para responder a las expectativas de la clase media, lo que requería una carga fiscal elevada mediante una fiscalidad progresiva, cuyo objetivo era (además de conseguir fondos para el estado) la corrección de las desigualdades sociales. El declive de la socialdemocracia se ha basado primordialmente en el distanciamiento y/o renuncia de muchos partidos socialdemócratas de estas políticas. Es a partir de los años setenta y ochenta, que gran número de tales partidos fueron apartándose de tales políticas, adaptándose a los principios del neoliberalismo, que se convirtió en la ideología dominante en la construcción de la Unión Europea.
El argumento más utilizado por aquellos partidos políticos, en justificación de su abandono de las políticas socialdemócratas, fue que la globalización imposibilitaba el desarrollo de tales políticas. Anthony Giddens, entre otros, repitió esta argumentación en todos sus trabajos. Tal globalización –se nos decía- hacía imposible la continuación de aquellas políticas socialdemócratas. El keynesianismo, por ejemplo, era ya imposible. Los estados perdían poder frente a la globalización y no podían seguirse políticas expansivas. Este argumento, que encontró grandes cajas de resonancia en los medios próximos al capital financiero y al mundo empresarial, ignoraba que los países donde la tradición socialdemócrata estaba más desarrollada eran los países escandinavos, países profundamente globalizados, pues al ser pequeños, la suma de sus importaciones y exportaciones representaba el porcentaje del PIB más alto de la UE. Los datos mostraban que un país podía estar muy globalizado y, a la vez, continuar desarrollando políticas socialdemócratas.

EL ORIGEN DEL SOCIOLIBERALISMO: LA ADMINISTRACIÓN CLINTON
El socioliberalismo (la incorporación del neoliberalismo en los partidos progresistas y socialdemócratas) se inició en EEUU. La derrota del Presidente Carter, consecuencia de su conservadurismo y neoliberalismo, creó una rebelión en las bases del Partido Demócrata, que lideró Jesse Jackson, cuya candidatura consiguió el 40% de todos los delegados del Congreso del Partido Demócrata en el Congreso de tal Partido en Atlanta en 1988 (al final del proceso de las primarias en aquel partido). El programa de Jesse Jackson era el más progresista que el Partido Demócrata había propuesto desde el New Deal. Alarmó al aparato de tal Partido, que no hizo suyo tal programa. Pero en 1992, el candidato Clinton –que se había opuesto a Jesse Jackson- adoptó parte de aquellas propuestas, presentándose con un programa que el Financial Times (un tanto preocupado) definió como inspirado en la socialdemocracia sueca. Su programa incluía las promesas de universalizar el acceso a la sanidad en aquel país y desarrollar políticas expansivas de gasto público, añadiendo medidas proteccionistas al tratado de libre comercio, NAFTA (inicialmente propuesto por la Administración Bush padre) tales como exigir el establecimiento de normas laborales y ambientales en los países participantes en tal tratado: EEUU, Canadá y México.
Una vez ganadas las elecciones, el Presidente Clinton no cumplió ninguna de estas promesas. Convirtiéndose en el Presidente del Partido Demócrata más próximo al capital financiero que haya existido en EEUU (tal como ha indicado su Ministro de Trabajo Robert Reich), puso los intereses del capital financiero en el centro de sus políticas públicas, reduciendo el gasto público y favoreciendo al capital financiero, llegando a eliminar la Ley Glass Steagall (que, aprobada por el Presidente Roosevelt en 1933, había prohibido que los bancos comerciales pudieran también ser de inversión), abriendo así la puerta a la especulación y a la crisis financiera actual. La derrota del Partido Demócrata en las elecciones al Senado y al Congreso en 1994, resultado del enfado y de la abstención de la clase trabajadora, dio el control del Congreso al Partido Republicano, victoria que imposibilitó llevar a cabo el programa expansionista de Clinton. De ahí que, a partir de entonces, Clinton hablara de la Tercera Vía, la vía entre el New Deal del Partido Demócrata y el neoliberalismo salvaje del Partido Republicano, liderado por el ultraderechista Gingrich. La victoria de Clinton en 1996 fue resultado del temor del electorado demócrata (que se había abstenido en las elecciones al Congreso de 1994) a la victoria de la ultraderecha y se movilizó para frenar al Partido Republicano.

EL SOCIOLIBERALISMO EN EUROPA: LA TERCERA VÍA
El partido Laborista británico adoptó esta terminología y la Tercera Vía pasó a ser la vía entre el Laborismo expansionista, basado en el incremento de la demanda doméstica como estímulo económico (representada por la izquierda del Partido Laborista) y la vía neoliberal de austeridad social del gobierno Thatcher. Pero una vez en el gobierno, Blair fue, incluso más allá que Thatcher en algunos temas, como la desregulación de la banca. Fue Harold Brown, Ministro de Finanzas del gobierno Blair, el que dio plena independencia al Banco de Inglaterra, desregulando además el mercado financiero, convirtiéndose la City (el centro financiero de Gran Bretaña) en el mayor centro de los hedge funds en el mundo. En realidad, su escasísima regulación mereció el título de “Wall Street Guantánamo” a la City, indicando con ello que se permitían en la City prácticas irregulares no permitidas en Wall Street. Estas políticas favorecieron al capital financiero, que pasó a representar el 32% del PIB, crecimiento que tomó lugar a costa del sector industrial, que pasó de representar el 20% del PIB al principio del New Labour (1978), al 12% (2010) (ver mi artículo “El fracaso del nuevo laborismo y del socioliberalismo” Sistema digital 21.05.10). Esta reducción del sector industrial causó una disminución del salario promedio, disminución a la cual contribuyó la gran desregulación de los mercados laborales, “uno de los mercados más desregulados existentes en el mundo desarrollado”, tal como anunciaba el gobierno del Sr. Blair en su promoción exterior. Disminuyó también el intervencionismo del estado bajo el argumento de que el estímulo keynesiano a base de estimular la demanda doméstica era imposible de realizar, además de ser innecesario (tal como afirmaba Anthony Giddens).
Estas políticas fueron muy impopulares entre sus bases electorales, lo que explica el gran descenso de su apoyo electoral. Pasó de obtener el 33% del total del electorado en 1997 a un 25% en 2001 y un 22% en 2005. Si Gran Bretaña hubiera tenido un sistema electoral proporcional, habría perdido la mayoría ya en la segunda convocatoria electoral desde que ganó la primera vez en 1997. El sesgo electoral británico, que favorece el bipartidismo, ocultó este descalabro de manera que, a pesar de este declive tan marcado, el New Labour mantuvo la mayoría en el Parlamento hasta la última elección, la de 2010. Ello explica su largo mandato, que no se debe a su popularidad –como erróneamente lo presenta Giddens-, sino al sesgo del sistema electoral y a la crisis tan profunda del Partido Conservador. Las políticas neoliberales del New Labour desalentaron a las bases del partido, que perdió más de la mitad de sus afiliados durante el gobierno Blair.

EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA ALEMÁN
El otro partido socialdemócrata que viró hacia el neoliberalismo fue el Partido socialdemócrata alemán, el cual, con su llamado programa 2010 antagonizó a su militancia y a sus bases electorales. El programa 2010, liderado por el canciller Schroeder, inició las políticas neoliberales en Alemania (incluyendo las políticas de austeridad pública más acentuadas hasta entonces), apoyando al capital financiero y al mundo empresarial exportador, a costa del nivel de vida de la clase trabajadora alemana. Sus políticas, continuadas por el gobierno Merkel, significaron una reducción de las rentas del trabajo, contribuyendo al estancamiento de la economía alemana como consecuencia de la disminución de la demanda doméstica, que tal reducción determinó (ver mi artículo “El problema de la eurozona no está en la periferia, sino en el centro” Sistema digital. 28.05.10). Fue Oskar Lafontaine, entonces Ministro de Economía del Gobierno Schroeder, y los sindicatos, los que propusieron un aumento de la demanda interna, que hubiera estimulado la economía alemana y, por lo tanto, la economía europea. Perdieron aquella batalla y Oskar Lafontaine dimitió (y abandonó el Partido Socialdemócrata alemán, acusando a la dirección de tal Partido de estar excesivamente próxima a la banca y al mundo empresarial exportador), ayudando a establecer un partido –la izquierda, Die Linke- que denunció tal socioliberalismo. Es el partido que está creciendo más en aquel país.

EL SOCIOLIBERALISMO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
La influencia de la banca alemana configuró, en gran manera, la arquitectura institucional europea, basada en un Pacto de Estabilidad, que frenó el crecimiento del gasto público, y en un Banco Central Europeo, que más que banco central era un lobby de la banca, que impuso intereses elevados (ver el citado artículo “El problema de la eurozona no está en la periferia, sino en el centro”). La mayoría de partidos socialdemócratas en la UE contribuyeron a la construcción de este marco neoliberal, que resultó en un gran descenso de las rentas del trabajo en la mayoría de países de la UE, causa del enorme problema de demanda existente en la UE. Las personas nombradas a propuesta de los partidos socialdemócratas (y ellos mismos simpatizantes y/o miembros del Partido Socialista Español) en la Comisión Europea, fueron el Sr. Pedro Solbes y el Sr. Joaquín Almunia, que se convirtieron en los guardianes de la ortodoxia neoliberal a través de la Comisión Económica y de Asuntos Monetarios. El propio Sr. Claude Trichet, Gobernador del Banco Central Europeo, había sido miembro del Partido Socialista francés (próximo a Pièrre Mendès-France), del cual continúa siendo miembro el Presidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, responsable de la aplicación de políticas neoliberales de austeridad que están causando un enorme daño a las clases populares en los países donde el FMI las impone. Paradójicamente, Strauss-Kahn aparece como el mejor candidato dentro del Partido Socialista francés para competir con Sarkozy. El hecho de que tal profesional sea el candidato preferido por el Partido Socialista francés es un indicador del grado de confusión existente entre amplios sectores de la socialdemocracia francesa.

EL CASO DE LA SOCIALDEMOCRACIA ESPAÑOLA
La socialdemocracia española siguió políticas de clara tradición socialdemócrata en el periodo 1982-1993, facilitadas por la presión popular y por los partidos a su izquierda. La agitación social a finales de la década de los años ochenta jugó también un papel clave en la expansión del gasto público social por habitante, corrigiendo, en parte, el enorme déficit de gasto público social entre España y el promedio de la UE-15. España había sido, en 1982, cuando comenzó el periodo socialdemócrata, el país con un estado del bienestar menos desarrollado de la UE.
Ahora bien, en 1993 (cuando el déficit de gasto público social había ya sido reducido a la mitad) hubo un cambio político muy importante, con consecuencias en las políticas públicas, tanto económicas como sociales. El PSOE perdió la mayoría en Las Cortes y se alió con la derecha catalana, CIU, desarrollando políticas neoliberales (que supuso un espectacular descenso del gasto público social por habitante), políticas que fueron continuadas por el gobierno Aznar hasta 2004. La alianza del PSOE con CIU inauguró una estrategia que incluía la marginación de las izquierdas, tanto dentro del PSOE como fuera, lo cual creó una reacción entre sus bases, de protesta en contra de la dirección, que llevó a la elección del candidato a la Presidencia por parte del PSOE, de Josep Borrell, que era de clara orientación keynesiana y que creó enormes resistencias tanto dentro como fuera del aparato del partido. Tal resistencia llevó a su dimisión y sustitución y más tarde a la derrota del PSOE, configurándose posteriormente tres sensibilidades distintas dentro del PSOE. Una, la del aparato de partido, que apoyó al candidato conservador, José Bono; otra de sensibilidad keynesiana liderada por Matilde Fernández; y otra que en teoría era la de compromiso por José Luis Rodríguez Zapatero, y que ganó debido al apoyo de la izquierda. José Luis Rodríguez Zapatero ganó y, con la excepción de Cristina Narbona, excluyó completamente a la izquierda de su gobierno, nombrando a Solbes (que había iniciado las políticas neoliberales en 1993 y había sido el guardián de la ortodoxia liberal en la Comisión Europea) y a un equipo ultraliberal dirigido por David Taguas (procedente de la Banca y que había propuesto, antes de integrarse en La Moncloa, la total privatización de la Seguridad Social, tal como había hecho el General Pinochet en Chile) (ver “La Seguridad Social es viable. Réplica a David Taguas” en mi blog www.vnavarro.org 24.02.10), como director de su equipo económico. Estos nombramientos tenían como objetivo tranquilizar a la Banca (que es el poder fáctico más importante en España), nombrando como gobernador del Banco de España a otro ultraliberal, Miguel Fernández Ordóñez. La dimensión socialdemócrata del PSOE apareció claramente en las áreas sociales, que estuvieron limitadas, sin embargo, en sus iniciativas (algunas de claro corte socialdemócrata, como la Ley de Dependencia) por una austeridad de gasto público. El Sr. Solbes había manifestado que la política durante el periodo 2004-2008 de la cual él estaba más orgulloso fue la de no haber aumentado el gasto público, dicho y hecho en el país de la UE que tiene un gasto público (incluyendo el social) más bajo de la UE-15. Su alianza en 2004 con partidos a su izquierda, IU-ICV-EA, ERC y BNG, forzó, sin embargo, una mayor sensibilidad social, que se tradujo en una reducción del enorme déficit de gasto público social que España tiene con la UE-15.
En su segundo mandato, iniciado en 2008, el gobierno Zapatero viró a la derecha, buscando el apoyo de la derecha nacionalista catalana, siempre afín al equipo económico del gobierno, que continuó siendo neoliberal. Tal equipo ha desarrollado una respuesta a la crisis actual que reduce sustancialmente los derechos laborales y sociales en el país, causa de una protesta que ha llevado a la convocatoria de una huelga general. De continuar estas políticas, la socialdemocracia española sufrirá un declive electoral profundo, tal como ha ocurrido a la mayoría de partidos socioliberales en la UE.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 17 de junio de 2010

Este artículo cuestiona el argumento ampliamente generalizado en las culturas políticas y mediáticas dominantes de nuestro país que atribuye a la presión de los mercados financieros las decisiones políticas de los estados miembros de la UE. El artículo señala que este argumento (que se utiliza para justificar políticas neoliberales altamente impopulares) es erróneo, mostrando que el factor determinante de tales políticas es la relación de fuerzas de clase dentro de cada estado. El articulo muestra ejemplos de ello en la UE.

Una lectura de nuestra realidad que se ha generalizado en las culturas políticas y mediáticas de nuestros países es que vivimos en un mundo globalizado en el que los estados están perdiendo poder, reemplazados por mercados centrados en grandes empresas financieras e industriales (llamadas multinacionales) que se han constituido como las unidades de actividad económica en el mundo. Las derechas neoliberales aplauden esta evolución, a la cual consideran responsable de una enorme prosperidad. Sectores de las izquierdas gobernantes, por el contrario, se lamentan de esta evolución y resaltan los costes que tales cambios significan para las instituciones democráticas, pues asumen que, en este escenario, lo económico es lo que determina lo político. Y concluyen que, en un país pequeño –como España–, atrapado en este sistema globalizado, poco puede hacer el Estado, excepto seguir lo que la globalización (los mercados financieros y comerciales) le exige. Parecería, pues, que no hay otra alternativa que reducir el gasto público y reducir los salarios.
Tal teoría, sin embargo, es errónea. Los países escandinavos están entre los países más globalizados del mundo. Debido a su pequeño tamaño, su economía está muy integrada en la economía europea y mundial. La suma de sus exportaciones e importaciones sobre su PIB es la más elevada del mundo. Y, sin embargo, tienen los estados del bienestar más desarrollados y los salarios más elevados de Europa. La causa de ello es que las relaciones de poder (entre ellas las de clase, pero también las de género) tienen una configuración favorable a las clases populares. Las clases trabajadoras, en alianza con las clases medias, han desarrollado unos elevados estados del bienestar (caracterizados por la universalización de los derechos laborales y sociales) y un alto nivel de vida, en contraste con los países del sur de Europa (Grecia, Portugal y España), donde el dominio histórico de sus estados por las derechas ha determinado estados del bienestar escuálidos, unos salarios bajos y un bajo nivel de vida. Acusar de despilfarro y exuberancia de gasto público en estos países como la causa de la crisis del euro, como están escribiendo autores neoliberales, es risible.
Las izquierdas deben recuperar el análisis de clases, olvidado desde hace tiempo, para entender nuestras realidades y entender que, en contra de lo que se está promoviendo, los estados continúan teniendo un papel central y que las relaciones de poder de clase en cada país son el factor determinante de su desarrollo económico y social, así como de la manera como responden a la crisis. Es más, las mal llamadas multinacionales son en realidad empresas transnacionales, es decir, basadas en un Estado, que operan en varias naciones. Y es imposible entender su comportamiento internacional sin comprender la relación de tales empresas con el Estado en el que se ubica su sede central.
La construcción de la Unión Europea (un paso que valoro positivamente) se hizo en base a una arquitectura institucional neoliberal (que considero negativa; ver la sección Europa en www.vnavarro.org), resultado de la enorme influencia de la banca alemana sobre el Estado alemán, consecuencia, a su vez, de la debilidad de la clase trabajadora, resultado de la gran disponibilidad de mano de obra barata procedente de Alemania oriental y de los países del este de Europa. Tal debilidad explica el estancamiento económico de aquel país, causado por la escasa demanda doméstica (consecuencia de la reducción salarial y del espectacular descenso de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional) y el limitado estímulo económico. Como indiqué en un artículo anterior (“La sabiduría convencional europea”, Público, 10-06-10), tales relaciones de poder en Alemania fueron determinantes para configurar el llamado “modelo alemán”, basado en una elevada competitividad debida a un crecimiento de la productividad muy superior al incremento de los salarios, lo que crea una gran riqueza que se concentra en las empresas exportadoras, incluyendo la banca. Gerard Schröeder venció en el conflicto con su ministro de Hacienda, Oskar Lafontaine, y con los sindicatos, que se oponían a este modelo, los cuales favorecían un modelo basado en la demanda doméstica en lugar de en las exportaciones.
Algo semejante ocurrió en Reino Unido, donde el Gobierno de Tony Blair dio plena independencia al Banco de Inglaterra y liberalizó la banca, convirtiendo la City (el centro financiero británico) en el centro mundial de los hedge funds (lo cual justifica el nombre que se le dio, “el Wall Street Guantánamo”, por estar más desregulado que el propio Wall Street). Las izquierdas dentro del Partido Laborista fueron derrotadas y los sindicatos marginados. En ambos casos (Schröeder y Blair), el socioliberalismo (la incorporación del neoliberalismo en la socialdemocracia) fue el que contribuyó en gran manera al dominio del capital financiero en la Unión Europea y, con ello, a la enorme crisis de la socialdemocracia en la UE.
En Reino Unido, el Partido Laborista pasó de tener el 33% del total del electorado en 1997, al 25% en 2001 y al 22% en 2005. Si este país hubiera tenido un sistema proporcional, el Partido Laborista habría perdido la mayoría del Parlamento ya en 2001. El hecho de que no la perdiera se debe al sistema electoral sesgado, que le permitió mantener la mayoría durante 13 años, lo cual se presentó erróneamente como prueba de su popularidad. La abstención y el desánimo se reflejaron también en la pérdida de la mitad de sus afiliados.
Algo parecido ocurrió en Alemania. El programa 2010 de Schröeder fue el inicio de su fin como partido de Gobierno. Perdió las elecciones y el partido pasó de tener 800.000 miembros a 380.000. No fue la socialdemocracia, sino el creciente distanciamiento de los partidos socialdemócratas gobernantes de las prácticas identificadas con tal tradición, lo que condujo a su declive. ¿Pasará lo mismo en España?

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diari PÚBLICO, 10 de junio de 2010

Este artículo critica la sabiduría convencional europea que se reproduce en gran número de medios de información europeos, incluyendo españoles, que atribuyen la crisis del euro a la falta de liderazgo proveído por el gobierno presidido por la Cancillera Angela Merkel. El artículo señala que no es falta de liderazgo sino la orientación de este liderazgo (de clara orientación neoliberal) que, en el desarrollo de sus políticas públicas, está dañando el bienestar de las clases populares tanto de los países centrales como de los países periféricos de la eurozona, y ello como resultado de su proximidad a la banca de Alemania y de otros países del centro de la eurozona.

Existe una nueva sabiduría convencional extendida entre grandes sectores de los establishments políticos, intelectuales y mediáticos europeos –reflejada en el artículo, publicado en El País, de Jürgen Habermas (23-05-10)– que asume que la crisis del euro y de la Unión Europea se debe a la falta de liderazgo de Alemania, reflejada por la tardía respuesta de la canciller Angela Merkel a la crisis de la deuda pública del Gobierno griego, retraso que se atribuye al surgimiento preocupante del nacionalismo en aquel país.
Considero esta interpretación de lo que está ocurriendo en Europa errónea en sus supuestos, consecuencia de la limitación de su método de análisis. Miremos los hechos y recuperemos algunas categorías analíticas olvidadas por Habermas y por la mayoría de analistas de la realidad europea. Y entre ellas, la categoría de clase social continúa siendo de una enorme importancia. Alemania es un país de 82 millones de habitantes que pertenecen a distintas clases sociales. La clase empresarial alemana (banca e industria exportadora) ha promocionado una economía basada en la exportación, cuyo éxito se basa en su gran competitividad, resultado de que los salarios han ido aumentando mucho menos que la productividad. Como consecuencia, las rentas del trabajo han ido descendiendo de una manera muy marcada y las rentas del capital han alcanzado niveles exuberantes. La clase empresarial ha ido acumulando mucho dinero y, puesto que siempre tiene un gran surplus en su comercio (es decir, que exporta mucho más que importa), tiene una enorme plusvalía de euros (1,3 billones), consecuencia de que dos terceras partes de las exportaciones alemanas se hacen a los países de la UE que pagan en euros.
¿Qué ha hecho la clase empresarial –y muy en especial los bancos– en Alemania con tantos euros? Una posibilidad hubiera sido que se distribuyeran entre los trabajadores alemanes, aumentando sus sueldos y su capacidad de consumo, con lo cual el motor de la economía alemana dependería más de la demanda doméstica y menos de las exportaciones (esta era la alternativa propuesta en su día por Oskar Lafontaine, entonces ministro de Economía del Gobierno de Gerhard Schroeder). Tal medida habría tenido un gran impacto estimulante en una economía que ha estado estancada desde hace ya años, estímulo que habría ayudado también a la economía europea, cuyo centro es la alemana. Pero la clase trabajadora alemana no tuvo suficiente fuerza para poder imponer esta alternativa. El canciller Schroeder (próximo a la banca y a los grandes grupos empresariales exportadores, para los cuales ahora trabaja) continuó, junto con Angela Merkel, enfatizando las exportaciones como motor de la economía, con lo cual la banca acumuló una gran cantidad de euros, que prestó a los bancos de países como Grecia, Portugal y España, que estaban muy endeudados (como consecuencia también de que las rentas del trabajo han disminuido también en estos países). La banca alemana fue la que prestó más dinero a la banca española en su inversión en el complejo banca-sector inmobiliario-industria de la construcción que creó la burbuja inmobiliaria en nuestro país. También compró gran cantidad de deuda pública con intereses muy elevados (que iban de un 3,5% en España a un 9% en Grecia). Los estados de los países mediterráneos, en lugar de aumentar los impuestos de los ricos y corregir el enorme fraude fiscal para pagar sus gastos públicos y sociales, pidieron prestado dinero a la banca alemana, la mayor propietaria de bonos públicos hoy en la UE.
Ahora bien, cuando las burbujas explotaron, todo el entramado quedó al descubierto. De pronto, la clase empresarial alemana se encontró con un problema grave, pues los otros países de la UE, incluyendo los periféricos, que les compraban sus productos, no podían seguir comprándolos, consecuencia del gran descenso de la capacidad adquisitiva de sus clases populares. Y, por otra parte, los bancos alemanes poseían enormes cantidades de deuda –tanto pública como privada–, que los países deudores periféricos no podrían pagar. La banca alemana tenía –y tiene–, pues, un gran problema, compartido con la banca de Francia y otros países del centro de la UE.
¿Cuál es la solución que han impuesto? Una enorme austeridad de gasto público para permitir a los estados periféricos pagarle a la banca alemana y a la de otros países centrales. Para ello, la UE y el Fondo Monetario Internacional han prestado dinero en condiciones leoninas a los estados periféricos para que estos puedan pagarles lo que deben a aquellos bancos. Estas políticas de austeridad crearán una enorme recesión en los países periféricos. Ahora bien, para que estas políticas sean exitosas tienen que presentarse como necesarias, a consecuencia del despilfarro causado por las clases populares de la periferia (haciendo referencia a su supuestamente excesiva protección social) y enfrentando a la clase trabajadora alemana con las clases populares de la periferia, tal como hacen diariamente los mayores medios de información próximos al establishment financiero alemán.
Las clases populares alemanas, sin embargo, tienen mucho más en común con las clases populares de los países periféricos que con las clases financieras e industriales alemanas. Hoy los mayores problemas en la UE no son ni los déficits ni las deudas públicas de sus estados, sino el escaso crecimiento económico y el elevado desempleo. Frente a ello, lo que se necesita no es destinar los fondos, de casi un billón de euros, a ayudar a los bancos, sino hacer una enorme inversión pública, política que el establishment neoliberal europeo (liderado por el alemán) no hará, pues está aprovechando esta crisis para realizar lo que ha deseado siempre: el desmantelamiento de la Europa social y el descenso de las rentas del trabajo. Es la lucha de clases a nivel continental.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 4 de junio de 2010

Este artículo documenta el enorme poder e influencia que la banca de los países del centro de la UE tienen sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, causa de que se estén desarrollando las políticas neoliberales que están dañando el bienestar de las clases populares de los países (tanto centrales como periféricos) de la UE y que retrasan la recuperación económica. El artículo muestra también el daño que el FMI ha impuesto a los países de América Latina y del Este de Europa, con resultados económicos muy negativos.

En una entrevista reciente para La Vanguardia (09.05.10), el ex Presidente Felipe González, que ha estado dirigiendo un grupo de reflexión nombrado por el Consejo Europeo para reflexionar sobre el futuro de Europa, hizo una observación de carácter personal que apenas tuvo impacto en los medios y que describe muy claramente el mayor problema que tiene Europa. Es una lástima que esta observación no apareciera en el informe de tal grupo de reflexión. Decía el ex Presidente Felipe González que lo que pasaba en Europa le recordaba lo que dijo en su día el Presidente Eisenhower cuando, en su discurso de despedida, el último día de su mandato, alertó a la sociedad estadounidense de las consecuencias negativas que tenía para EEUU el enorme poder del complejo industrial militar (The Military Industrial Complex). En una declaración sorprendente, al ser hecha por el que había sido un General del Ejército, el Presidente Eisenhower alertó de la excesiva influencia que tenía la industria armamentística en EEUU en configurar la política doméstica y exterior de aquel país. Pues bien, añadía el ex Presidente Felipe González, que hay que alertar a las sociedades europeas del excesivo poder que tiene en nuestro continente el complejo financiero. Hoy, tal complejo está determinando las políticas domésticas de los países de la UE.
He publicado, extensamente, (ver artículos publicados en varios forums, y colgados en mi blog www.vnavarro.org, secciones Neoliberalismo y Economía Política) refiriéndome al peligro que supone para Europa el enorme poder e influencia que tiene la banca europea (y, muy en especial, la alemana) sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, y que ha determinado enormes gastos públicos por parte de los países de la UE y del FMI (más de un billón de euros) en ayudas a banqueros y accionistas, sin que ello haya repercutido en una mayor disponibilidad de crédito a la sociedad. Tales instituciones están, a la vez, exigiendo una enorme austeridad de gasto público, incluyendo gasto público social, que está significando un enorme sacrificio para las clases populares de los países de la UE y, muy en particular, de los países llamados periféricos -Grecia, Portugal, España e Irlanda-, a fin de que aquellos estados puedan pagar a la banca de los países del centro de la UE la deuda pública a unos intereses exuberantes y confiscatorios.

Como se expresa este poder de la banca
La excesiva influencia que la banca alemana ha tenido en la construcción de la Unión Europea (tanto en el establecimiento del Banco Central Europeo (BCE), como la definición del Pacto de Estabilidad (cuyo objetivo principal ha sido el de mantener estable el precio del dinero, en lugar de estimular el crecimiento económico) explica la orientación neoliberal de las instituciones de la UE. Un indicador de tal orientación neoliberal es que tal Unión no tiene un banco central, y ello a pesar de que la institución financiera de la UE se llame Banco Central Europeo. A primera vista esta afirmación parece una provocación. Pero el análisis de sus funciones y comportamientos muestra que no es un banco central, como lo es, por ejemplo, el Federal Reserve Board, FRB (el Banco Central de EEUU) o el Banco de Inglaterra. Un banco central tiene como misión  realizar las intervenciones financieras que permitan a sus estados realizar las políticas económicas conducentes al desarrollo y bienestar de la población. Para conseguir tal objetivo, los bancos centrales son altamente intervencionistas, impidiendo o dificultando, por ejemplo, las actividades especulativas de agentes financieros nacionales o internacionales, que imposibiliten el desarrollo de las políticas económicas y fiscales estatales. Así, cuando los especuladores financieros internacionales quisieron especular con la deuda pública de EEUU y de Gran Bretaña, sus bancos centrales intervinieron activamente, imprimiendo grandes cantidades de dinero con los cuales compraron gran cantidad de la deuda pública de sus propios estados, vendiéndola a un precio menor del que habían comprado, forzando la bajada de su precio e intereses, con lo cual los especuladores salían escaldados, pues perdían mucho dinero. Esto es lo que hace un Banco Central. Ni que decir tiene que imprimir mucho dinero puede aumentar la inflación (el enemigo número uno de la Banca), pero en momentos de recesión, como ahora, el peligro no es éste, sino el contrario –la deflación-. Será cuando la economía se recupere que pueda aumentar la inflación, pero este aumento (siempre que pueda mantenerse en dimensiones moderadas) es incluso positivo pues ayuda al estado a poder pagar su deuda más rápidamente. Si el estado debe una cantidad fija de dinero, esta cantidad, al cabo del tiempo, disminuye su valor monetario cuando la inflación aumenta.
Esto es lo que han hecho los bancos centrales ahora y siempre (véase el reciente comportamiento del Federal Reserve Board en EEUU). No así el BCE, el cual tiene total independencia. Es decir puede hacer lo que quiera. Y lo hace según el deseo e intereses de la banca de Alemania y de otros países del centro de la UE. El primer objetivo del BCE es ayudar a los bancos, no ayudar a los estados. El BCE, que es el único banco en la UE que tiene el poder de definir la cantidad de moneda que se imprime, ha estado enviando este dinero como préstamos a la banca privada, a unos intereses de sólo un 1%. Con este dinero, la banca privada compró deuda pública, que ofrecía unos intereses de 3%, 4%, 6% o incluso 9%, con lo cual lograron el chanchullo del año. Mientras, el crédito brillaba, y continúa brillando, por su ausencia. Es más, el BCE tiene prohibido comprar deuda pública. Últimamente, se ha saltado a la torera esta prohibición, cuando los estados estaban ya en pie de guerra en contra del BCE, rebelión liderada por el Sr. Sarkozy (la cultura política republicana francesa da más protagonismo a los estados que el que se da en la cultura neoliberal alemana). Pero aún así tal compra de bonos de deuda pública se está haciendo con timidez y en dosis muy limitadas, nada comparables a lo que hizo el Federal Reserve Board, en EEUU
¿Por qué esta timidez? La respuesta puede parecer paranoica pero no lo es. La banca tiene un objetivo, nunca explicitado, pero que aparece constantemente entre líneas en sus escritos. En realidad, existe una robusta evidencia de que la Banca y sus agentes, que incluyen desde el BCE al Fondo Monetario Internacional (lo que se llama en la terminología anglosajona el establishment financiero), quieren utilizar esta Gran Recesión para conseguir lo que han deseado desde el principio de la UE: debilitar el estado del bienestar, diluir y reducir la dimensión social de Europa, y reducir los derechos sociales y laborales. Si se leen los documentos internos del BCE, del FMI y del Banco de España (y yo lo he estado haciendo todos estos años) verán que desde hace ya muchos años están subrayando la necesidad de que se hagan tales cambios. Y ahora quieren aprovechar esta crisis para, en colaboración de los grandes grupos empresariales, conseguir que se hagan, ayudados por unos medios que están intentando persuadir a la población de que tales cambios son necesarios para salir de la Gran Recesión (argumentos que ya se utilizaron incluso antes de que hubiera la Gran Recesión). Y resultado de su gran influencia en los medios, hemos visto como los cinco rotativos más importantes en España han escrito editoriales apoyando las medidas de austeridad promovidas por el FMI. Estos medios por cierto, nunca han analizado objetivamente las consecuencias de llevar a cabo tales medidas. Analicémoslas y veamos primero que es el FMI.

Las recetas desastrosas del FMI
Desde que el Presidente Reagan inició en las Américas la época neoliberal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido el mayor promotor de las políticas neoliberales en el mundo, habiendo desarrollado sus políticas en mayor intensidad en Latinoamérica. El FMI ha sido siempre propuesto por el Secretario del Tesoro del Gobierno Federal de EEUU (equivalente al Ministerio de Economía y Hacienda en España). Nunca se ha dado el caso de que la mayoría de los 184 estados miembros del FMI hayan votado en contra de las posturas adoptadas por el representante estadounidense en el Consejo de Dirección. De ahí que el FMI haya sido el mayor propagandista del “Consenso de Washington”, cuya versión  europea ha sido el “Consenso de Bruselas”. Según tal consenso, los países receptores de la “ayuda” ofrecida por el FMI tenían que reducir, e incluso eliminar, cualquier restricción a la movilidad internacional de capitales y comercio, privatizar sus servicios públicos y sus transferencias públicas (como la Seguridad Social), eliminar los déficits del estado y ofrecer plena independencia y autonomía a los bancos centrales, priorizando el control de la inflación, a costa del estímulo del crecimiento económico. A estas políticas se añadieron medidas desincentivadoras de las políticas estatales intervencionistas en las áreas industriales de la economía, enfatizando la desregulación de los capitales financieros y de los mercados laborales. Estas políticas se expandieron por toda América Latina con resultados que el director del prestigioso Center for Economic and Policy Research de Washington D.C., Mark Weisbrott, ha definido como “desastrosas” para aquellos países.
La renta per capita en Latinoamérica, que había crecido un 82% durante el periodo 1960-1980, bajó a un mero 9% durante el periodo 1980-2000, bajando incluso más, a un 4%, en el periodo 2000-2005. Para darnos cuenta del significado de estas cifras, tenemos que darnos cuenta de que si varios países de Latinoamérica, como Argentina, México y Chile (todos ellos expuestos a las políticas liberales impuestas por el FMI), hubieran continuado creciendo como lo hicieron en la época 1960-1980, habrían alcanzado ya el nivel de desarrollo de España. Hoy están muy retrasados, con un nivel de riqueza muy inferior al español.
El fracaso de tales políticas es lo que llevó a un cambio de casi 180º a partir del 2003 y 2004, con la elección de partidos de centro izquierda y de izquierda en la gran mayoría de países de América Latina, y que se dio como rechazo a las políticas impuestas por el FMI. El primer país que se rebeló en contra del FMI, fue Argentina, la cual se estaba hundiendo económicamente al seguir las políticas neoliberales propuestas por el FMI. En mayo de 2003, el nuevo gobierno electo, presidido por Néstor Kirchner, expulsó en la práctica al FMI de Argentina, rompiendo con el neoliberalismo impuesto por tal institución. Kirchner declaró al país en bancarrota, forzando a renegociar la deuda con los bancos y con el FMI, que tuvieron que absorber grandes pérdidas de sus fondos. Rompió también con la paridad peso argentino-dólar (medida impuesta por el FMI) y siguió políticas expansivas de gasto público que estimularon la economía, creciendo un 9% durante los próximos tres años, lo cual le permitió ir pagando su deuda pública. A este hecho hizo referencia la presidenta Kirchner, esposa del presidente Kirchner, cuando en una conferencia reciente en Barcelona con el mundo empresarial, indicó que la manera de salir de la recesión no era bajar el déficit y la deuda pública, sino crecer económicamente, incluso a costa de aumentar el déficit y la deuda pública.
Casos parecidos han ocurrido en Bolivia, con Evo Morales, que también terminó con el FMI y adoptó políticas radicalmente distintas a las neoliberales propuestas por el FMI. En Mayo de 2006 el Presidente Morales nacionalizó el gas y el petróleo, exigiendo a la vez al FMI y a los bancos que renegociaran la deuda, absorbiendo grandes pérdidas. Desde entonces, Bolivia ha sido uno de los países con mayor tasa de crecimiento económico en América Latina. Antes, durante la época neoliberal, la economía permaneció estancada, de manera que en 2006 (después de haber estado bajo el dominio del FMI durante veinte años) su renta per cápita era menor que el existente 27 años antes.
Lituania, en Europa, es otro ejemplo. El FMI y la UE han impuesto unas políticas liberales de gran austeridad que han causado una reducción del 25% de su PIB, con una tasa de desempleo de 22% de la población activa. Según las propias proyecciones del FMI, Lituania no alcanzará el nivel del PIB que tuvo en el año 2006, hasta el año 2015.
Y ahora, Grecia. Las políticas impuestas por el FMI han hecho que el PIB haya disminuido un 18% en el 2009, y tendrá que esperar ocho o nueve años para recuperar el PIB que tenía en el 2008. Y algo semejante ocurrirá en España, resultado del mandato de la UE y del FMI.
Éstas y otras experiencias explican no sólo el descrédito del FMI, sino también la aparición de alternativas, como el Banco del Sur, en América Latina, en sustitución del FMI. La evidencia muestra como el FMI ha sido utilizado por el capital financiero (la banca) para forzar una austeridad de gasto público social, con el fin de conseguir que se pague a la banca. En la UE, la mal llamada ayuda de la UE-FMI a Grecia, ha sido, en realidad, una ayuda a la banca alemana y de los otros países del centro de la UE, prestando dinero al estado griego para que le pague su deuda externa.
Termino, pues, esta presentación acentuando que no son los mercados financieros, sino la banca la que está dominado el mundo, consecuencia de la excesiva influencia de complejo bancario, el cual está dominando la vida política y mediática de los países, conduciendo a estos países a una situación de enormes sacrificios para las clases populares, las cuales se exigen para respetar los beneficios de tal complejo. El complejo financiero es hoy, en la Unión Europea, lo que el complejo militar industrial ha sido en EEUU.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 3 de junio de 2010

Este artículo critica varias posturas ampliamente promovidas en centros políticos, empresariales y mediáticos de que España se gasta demasiado en los ancianos y muy poco en los infantes, y ello como consecuencia de la “excesiva” influencia política del lobby de las personas de edad. El artículo presenta datos que muestran el error de estas posturas, documentando que el estado (central, autonómico y local) se gasta muy poco en ancianos y en infantes, y ello resultado del enorme poder de las clases y grupos dominantes que no contribuyen al estado en los niveles de sus homólogos en la UE-15.

A raíz de la congelación de las pensiones públicas por parte del Gobierno de Zapatero, ha habido un reavivamiento de argumentos sobre las pensiones por parte de voces neoliberales que, como consecuencia de las grandes cajas de resonancia de las que gozan en los mayores medios de información y persuasión del país, están calando en los establishments políticos y mediáticos. Uno de estos argumentos es que el supuesto poder electoral de los ancianos (el grupo poblacional que más participa en los procesos electorales) ha determinado un gran aumento del gasto público dedicado a los ancianos (incluyendo el gasto en pensiones y servicios públicos, como servicios de atención a las personas con dependencias), a costa del gasto público dedicado a otros grupos de edad, como niños e infantes. En este argumento, la lucha de clases ha sido sustituida por la lucha entre grupos generacionales, en la que los ancianos estarían consiguiendo grandes beneficios sociales a costa de los derechos de niños e infantes, entre otros. Como prueba de ello, tales autores se refieren a la disminución de la pobreza que, supuestamente, ha ocurrido entre los ancianos durante estos últimos años, lo que contrasta con el crecimiento de la pobreza entre los niños e infantes.
Los datos, sin embargo, no sostienen tales tesis neoliberales. Según la última información publicada por Eurostat, la Agencia de Estadística de la Unión Europea, el mayor porcentaje de pobres en la población española continúa siendo entre los ancianos (28%) mayor que entre los niños e infantes (24%). España, por cierto, es el país de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al nuestro) que tiene mayor pobreza entre los ancianos (el promedio en la UE-15 es del 15%), y también entre los niños e infantes. No es, pues, que España gaste mucho en ancianos y poco en niños e infantes. En realidad, gasta muy poco (menos que en toda la UE-15) en ancianos, en niños e infantes y en todos los grupos etarios. Y ello se debe al enorme poder del capital y de las clases pudientes (30% de la población –burguesía, pequeña burguesía y clases profesionales de renta mediana-alta–), que no están contribuyendo al Estado en los mismos porcentajes que lo hacen sus homólogos en la UE-15. Las rentas del capital y las rentas superiores están entre las menos gravadas en la UE-15, causa de que los ingresos al estado estén entre los más bajos de la UE-15.
Es la excesiva influencia política y mediática de tales grupos sociales lo que explica que ancianos y niños (y todos los demás) tengan menos transferencias y servicios públicos que sus homólogos en la UE-15. El Gobierno de Zapatero, que hizo suyo aquel eslogan neoliberal de que “bajar impuestos es de izquierdas”, ha recortado gastos sociales (pensiones y servicios domiciliarios), que son a todas luces insuficientes, en lugar de subir impuestos a las clases pudientes. En realidad, el ahorro que se intenta conseguir congelando las pensiones es incluso menor que la cantidad de fondos que el Estado dejó de ingresar como consecuencia de la disminución del impuesto sobre el patrimonio que ha favorecido a las rentas superiores.
Otro mito neoliberal reproducido en los medios es que la pobreza entre los ancianos ha ido disminuyendo como resultado del incremento de las pensiones y de otras transferencias y servicios a los ancianos, consecuencia de un consenso supuestamente existente entre los partidos parlamentarios de no permitir que la capacidad adquisitiva de los ancianos disminuya. De nuevo, los datos muestran el error de tales supuestos. La reducción del gasto público social que ocurrió en España (en relación al promedio de la UE-15) durante el periodo 1993-2004 a fin de reducir el déficit del presupuesto del Estado (condición necesaria para que España se integrara en la eurozona –ver mi artículo “España social a la cola de la UE”, Público, 27-05-10–), afectó al total del gasto público social dedicado a los ancianos y a su tasa de pobreza. Según Eurostat, el nivel de pobreza entre ancianas en España pasó de ser del 15% en 1995 al 32% en 2004, y entre ancianos pasó del 16% al 27% durante el mismo periodo. Puesto que el PP fue el partido que gobernó España durante la mayoría de este periodo, carece de credibilidad ahora, cuando se presenta como el gran defensor de los ancianos y ancianas. Su historial no avala tal proclama. Esa pobreza descendió ligeramente en el periodo de Zapatero, pasando del 32% en 2004 al 30% en 2008 (último año en el que Eurostat publica tales datos) entre las ancianas, y del 27% al 25% entre los ancianos. Los recientes recortes de fondos públicos sociales revertirán estas cifras, aumentando la pobreza entre los pensionistas (y ello aún cuando se conserven los aumentos de las pensiones más bajas).
Todos estos datos muestran que la entrada entonces y la permanencia ahora de España en la eurozona se ha hecho y continúa haciéndose a costa de un gran retraso en la corrección del déficit de gasto público por habitante en todos los grupos etarios, incluyendo ancianos, entre España y la UE-15. El déficit de tal gasto en ancianos por habitante subió de 569 a 816 euros de 1995 a 2004. En realidad, el hecho de que las pensiones se corrijan según la inflación, y no sobre el crecimiento promedio de los salarios (como se hace en muchos países de la UE-15), explica que el estándar de vida de los ancianos disminuya en comparación no sólo con el resto de la sociedad, sino con el resto de la UE-15. Es más, el Estado (tanto central como autonómico y local) español es el menos redistributivo por clase social de la UE-15, con lo cual su impacto reductor de la pobreza entre los ancianos es muy limitado, pasando del 31% de todos los ancianos (antes de que incidan las instituciones públicas –impuestos y transferencias–) al 28%, comparado con Suecia (el país que históricamente ha tenido unas izquierdas más fuertes en Europa), que pasa del 26% al 11%. No es, pues, una lucha generacional, sino una lucha de clases ganada diariamente por las rentas superiores lo que explica esta situación.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista TEMAS, junio de 2010

Este artículo cuestiona el determinismo demográfico que asume que la transición demográfica hace el sistema de pensiones inviable en España. La sistemática ignorancia por parte de los autores promotores del determinismo demográfico de las críticas que se han hecho de sus tesis, demuestra el carácter ideológico, en lugar de científico, de tales tesis.

En cualquier área de conocimiento científico se requiere que los autores sean capaces de rebatir las tesis que cuestionan sus propias tesis. Ignorar las críticas, sin contestarlas, es perder credibilidad, pues transforman el proyecto científico en mera propaganda política, por mucho que se vista de científica. Esta observación se aplica a gran número de tesis catastróficas del sistema de pensiones, que basan su visión de insostenibilidad del sistema de pensiones públicas en un determinismo demográfico, que ha sido cuestionado extensamente. Puesto que estos cuestionamientos son ampliamente conocidos, ignorarlos implica una violación de la integridad que se requiere en cualquier proyecto científico. Si un investigador continuara promoviendo un tratamiento médico, a pesar de que la evidencia científica existente mostrara que este tratamiento es dañino, sería cuestionado y sus credenciales científicas se retirarían. Pues lo mismo debe aplicarse en los análisis que continúan utilizando la evolución demográfica como causa de la inviabilidad de las pensiones. Me parece muy bien que tales tesis continúen escribiéndose y gocen de cajas de resonancia en los medios, pero para que sean tomadas en serio, deberían contestar a los argumentos de aquellos que hemos mostrado el error de los supuestos en los cuales se basan tales proyecciones de insostenibilidad. La respuesta a tales trabajos, mostrando que son erróneos, sería el paso necesario para ganar la credibilidad científica con la que se presentan, y de la que hasta ahora carecen. Ignorar tales trabajos, y continuar repitiendo las tesis catastróficas, transforma sus tesis en mera propaganda ideológica.

Para aquellos lectores interesados en el tema me permito sugerirles que lean artículos que cuestionan los supuestos de las tesis del determinismo demográfico, concretamente la necesidad de:

1. No confundir esperanza de vida promedio en un país con la longevidad de sus ciudadanos, confusión que constantemente se hace por parte de los deterministas demográficos. El hecho de que la esperanza de vida haya crecido sustancialmente en España se debe primordialmente al descenso de la mortalidad infantil, más que al crecimiento de años de vida de los ancianos, el cual ha sido mucho menor que el incremento de la esperanza de vida promedio del país (ver Navarro, V., Torres, J. y Garzón, A. ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan. Publicado por ATTAC, Marzo 2010).

2. La longevidad de las personas en España varía según su clase social. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en la OCDE (el club de países más ricos del mundo). Un burgués vive diez años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en el paro. Existe un gradiente de mortalidad según la clase social. De ahí que retrasar obligatoriamente la edad de jubilación es profundamente injusto, pues implica que los trabajadores no cualificados estarán trabajando dos años más para pagar las pensiones de personas más pudientes que les sobrevivirán muchos años. Es injusto, por ejemplo, que la mujer de la limpieza de la Universidad tenga que trabajar dos años más para pagar mi pensión, cuando yo, Catedrático de Universidad le sobreviviré ocho años más (ver Navarro, V. Las Pensiones son viables, Julio-Agosto 2009, en www.vnavarro.org).

3. Los autores que proponen retrasar la jubilación dos años más pertenecen todos ellos a una clase social que en su mayoría disfruta en su trabajo. Ésta no es la situación de la mayoría de la clase trabajadora en este país.

4. El punto clave para determinar la viabilidad del sistema de pensiones no es –como erróneamente se asume- el número de trabajadores cotizantes por pensionistas. Esta cifra no es la cifra determinante de la viabilidad del sistema. En aquellos sistemas de pensiones basados en aportaciones procedentes del mercado de trabajo, el punto clave es la cantidad de aportaciones al sistema de Seguridad Social, que depende más de la productividad que del número de trabajadores, así como del contexto político. Supóngase el lector que hace cuarenta años (cuando para producir todo el alimento que España consumía se necesitaba el 30% de la población activa) hubiera habido voces alarmistas señalando que en cuarenta años, no habría suficientes personas trabajando en el campo para alimentar a toda la población española, pues la gente estaba desplazándose a las ciudades. Pues bien, hoy el 4% de la población activa produce lo que hace cuarenta años producían el 30% y hay, además, un excedente en la producción de alimentos. Aplíquese este símil y sustituyan alimento por pensiones. El incremento de la productividad hará que en cuarenta años, el PIB haya crecido enormemente (será más del doble del actual), con lo cual habrá más recursos para pensionistas y no pensionistas que ahora, aunque el porcentaje del PIB en pensiones públicas pase del 8% al 15% (ver mi artículo “La Seguridad Social en España es viable. Réplica a David Taguas” 24.02.10, en www.vnavarro.org). En realidad, hace cuarenta años, España se gastaba en pensiones sólo un 4%. Hoy se gasta más del doble, el 8%, y los no pensionistas tienen más recursos ahora que antes.

5. No hay nada escrito en la Biblia, incluyendo las Biblias económicas, que indique que las pensiones tienen que basarse en aportaciones del mercado de trabajo. En muchos países, como Dinamarca, proceden de los fondos generales del Estado. Y es muy dudoso que un programa tan popular como las pensiones no pueda encontrar fondos para sostenerse.

No hay duda de que el sistema de pensiones debiera reformarse, dificultando las excesivas prejubilaciones (que benefician al empresario, dañando al trabajador), facilitando la integración de la mujer en el mercado de trabajo, permitiendo voluntariamente el retraso de la edad de jubilación y otras medidas. Pero, concluir a partir de la necesidad de estas reformas que el sistema es inviable, debido a la transición demográfica, es insostenible en bases científicas. Creo que los catastrofistas no pueden continuar proyectando catástrofes sin, al menos, contestar a aquellos que cuestionan los supuestos en los que se basan sus tesis.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 31 de mayo de 2010

Este artículo señala que, en contra de lo que se está indicando en los mayores fórums donde la sabiduría convencional se reproduce, la causa mayor de la crisis de la eurozona no está en la “exhuberancia” de gasto público y “excesivos” salarios de los países periféricos sino en la escasa demanda doméstica existente en los países situados en el centro de tal zona, y muy en especial Alemania. El estancamiento de los salarios (con disminución de la rentas del trabajo) consecuencia de las políticas de los gobiernos Schröder y Merkel, ha creado un enorme problema de demanda, siendo las exportaciones el único motor de la economía de aquel país. El gran crecimiento de las rentas del capital en Alemania y su gran dependencia en las exportaciones ha significado una gran concentración de capital que se ha utilizado, no en mejorar la masa salarial, sino en exportarla a otros países comprando deuda externa de los países periféricos e inyectando liquidez en los bancos de estos países enormemente endeudados. La crisis actual, con las demandas de austeridad en los países periféricos es el intento de los bancos centrales de recuperar sus fondos. La ayuda de la UE y del FMI es un préstamo a los estados para que paguen sus deudas a aquellos bancos.

Estamos viendo estos días la gran presión que el establishment europeo –el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo- y la gran mayoría de medios están ejerciendo sobre los países periféricos –Grecia, Portugal, España e Irlanda- para que impongan políticas de austeridad, reduciendo déficits y deuda pública, y bajando salarios, a fin de salir de la Gran Recesión que la eurozona está sufriendo. El gran error de esta estrategia de presión es que asume erróneamente que el problema en que se encuentra la Eurozona lo han creado estos países con sus despilfarros y su falta de disciplina fiscal, lo cual es fácil de mostrar que no es cierto. Ni existe un despilfarro de gasto público en aquellos países (todos ellos tienen los gastos y empleos públicos más bajos de la UE-15), ni sus salarios son exuberantes (están muy por debajo del promedio de la UE-15, independientemente del nivel de productividad que tengan).
El gran secreto, ocultado o ignorado por los grandes medios de información y persuasión, es que el problema de la eurozona no está en la periferia sino en el centro, es decir, en Alemania. La economía alemana ha estado en muy baja forma durante varios años. Sus salarios no han aumentado durante los últimos quince años, consecuencia de las medidas antisindicales de bajos salarios, tomadas por los gobiernos de Gerhard Schroeder –incluida la famosa reforma 2010- y de Angela Merkel, facilitadas también por la amplia disponibilidad de trabajadores procedentes de la antigua Alemania del Este y de inmigrantes procedentes del Este de Europa. Durante estos quince últimos años, sus inversiones han sido escasas (menores que en los países periféricos), su crecimiento económico muy lento (mucho más lento que los países periféricos) y su desempleo ha estado creciendo. En realidad, el crecimiento de su productividad ha sido menor que en la mayoría de los países periféricos, excepto España (ver mi artículo “El problema de la Eurozona no está en al periferia sino en el centro”, Sistema Digital, 27.05.10. También en mi blog www.vnavarro.org , sección Economía Política).
El descenso de las rentas del trabajo en Alemania ha creado un problema mayor de falta de demanda, consecuencia de la falta de crecimiento de la masa salarial (que ha disminuido como porcentaje de la renta nacional, consecuencia de que los salarios han crecido menos que la productividad). De ahí que el crecimiento económico alemán se ha basado, no en el aumento de la demanda doméstica sino en el crecimiento de las exportaciones, con la consecuente acumulación de euros (pues dos terceras partes de las exportaciones van a países de la eurozona, que pagan en euros) en la banca alemana.

¿Qué ha hecho la banca alemana con tantos euros? Varias cosas. Una de ellas es prestarlos a los países mediterráneos. El flujo de liquidez (dinero de los bancos alemanes a los españoles, por ejemplo) ha sido enorme. Este flujo ayudó a la banca española a establecer el complejo bancario-inmobiliario-industria de la construcción, un complejo altamente especulativo que creó la burbuja inmobiliaria y que fue el motor de la economía española. Otra cosa que hizo la banca alemana fue comprar la deuda externa a intereses elevados en el caso de los países mediterráneos. La mayoría de la deuda de estos países es propiedad de la banca alemana (y francesa). Y, por si fuera poco, el capital alemán además de lo anterior invirtió directamente en actividades especulativas de tipo inmobiliario en los países periféricos. Parte del destrozo de las costas españolas fue financiado con capital alemán.
Pero todo esto terminó. El colapso de las burbujas inmobiliarias y la crisis de las bancas estadounidense y británica, claramente conectadas con la banca alemana, crearon un gravísimo problema para esta banca. Y ahí está el quit de la cuestión. La gran austeridad que el establishment europeo está pidiendo es para asegurarse que la banca (incluyendo la banca alemana) no pierda sus beneficios. Como bien dijo el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la supuesta ayuda del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea a los países periféricos es una ayuda a los bancos del centro (de Alemania y Francia). Se presta dinero a los estados periféricos para que puedan pagar a los bancos centrales. Éste es el gran secreto que los medios de persuasión también ocultan o ignoran. En realidad, todo podría haber ocurrido de una manera distinta si en el conflicto entre Gerhard Schroeder, Canciller de Alemania, y Oskar Lafontaine, Ministro de Economía y Finanzas, hubieran ganado Oskar Lafontaine. Lo que la izquierda –Lafontaine- quería era aumentar la demanda interna, mediante la subida de salarios y el aumento del gasto público. Fue Schroeder, próximo a la banca y al mundo de las exportaciones, quien ganó (causando la salida de Lafontaine del gobierno y del partido socialdemócrata). De haber ganado las izquierdas en Alemania, aquel país hubiera tenido un crecimiento económico basado en el crecimiento de la demanda interna, ayudando no sólo a las clases populares de Alemania, sino a toda la UE. Tal medida también habría corregido el excesivo saldo negativo de la balanza de pagos que tienen los países periféricos, origen, en parte, de sus problemas. Como bien dijo la Ministra de Economía del gobierno francés, la Sra. Christine Lagarde, “el problema actual es el estancamiento de la demanda en Alemania debido a que los salarios no han crecido. Es importante y urgente que crezcan”. No podía haberse dicho mejor.
La banca alemana, sin embargo, se opone rotundamente a que ello ocurra, no sólo en Alemania, sino a nivel de toda Europa. Y el BCE, el FMI y el Banco de España son los portavoces neoliberales más estridentes que se oponen a ello. Lo que éstos desean es que la banca no quede afectada negativamente, pues ha conseguido enormes beneficios a base de crear grandes cantidades de deuda, tanto pública como privada que ahora, sin embargo, se puede convertir en su gran vulnerabilidad. Nada menos que el secretario del tesoro del gobierno Obama, el Sr. Timothy Geithner ha pedido que se someta a la banca europea (y muy en especial a la banca de los países del centro de la Eurozona) a una prueba de estrés, como la que se realizó en EE.UU. De ahí que lo que los banqueros alemanes (y el BCE) quieren, por encima de todo, que se les pague, a costa de disminuir el gasto público y los salarios de los países, no sólo periféricos sino centrales, incluyéndose su propio país.
La solución alternativa es el aumento muy notable de la demanda (a base de aumentar la masa salarial y el gasto público), permitiendo una inflación moderada y que estimule el crecimiento económico, con el cual pagar la deuda, con el establecimiento, además, de bancas públicas que garanticen el crédito. Y a esto la banca dice que ni pensarlo, y todos los grandes medios de persuasión, a pies juntillas, dicen AMÉN. Los cinco rotativos más importantes del país han escrito editoriales apoyando las propuestas del Fondo Monetario Internacional, el centro (junto con el BCE) de la ortodoxia neoliberal hoy en el mundo. Y así nos va.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 28 de mayo de 2010

Este artículo señala que la llamada crisis del euro no radica en el inexistente despilfarro de gasto público y supuesta escasa disciplina fiscal de los países periféricos –Grecia, Portugal, España e Irlanda- sino en la escasa demanda doméstica de los países del centro (y muy en particular de Alemania) consecuencia de la gran reducción de las rentas del trabajo en aquellos países, y exuberante explosión de las rentas del capital que se dedicaron primordialmente a comprar deuda pública de los países periféricos (enormemente endeudados) y a prestar dinero a los bancos de estos últimos países, facilitando la aparición de burbujas especulativas. La gran recesión no se resolverá a base de austeridad en los países periféricos sino mediante un aumento de la demanda (resultado de la recuperación de las rentas del trabajo) de los países centrales y periféricos.

Estamos viendo estos días una enorme avalancha por parte del establishment europeo (Consejo Europeo, Comisión Europea y Banco Central Europeo), acentuando la necesidad y urgencia de que los países periféricos –Grecia, Portugal, España, e Irlanda- sigan políticas de gran austeridad de gasto público (incluyendo gasto público social, disminuyendo así su protección social) moderando a su vez sus salarios (a través de una gran desregulación de sus mercados de trabajo, que en la práctica significa posibilitar una gran reducción salarial). Todas estas medidas se presentan necesarias para ayudarles a salir de la Gran Recesión y evitar también el contagio a otros países de la UE y, por ende, cuestionar la propia existencia de la unidad monetaria y del euro. El mensaje que se transmite en esta avalancha es que los países periféricos, debido a su indisciplina por un lado, y excesiva exhuberancia del gasto público, por el otro, han creado un enorme problema de exceso de deuda (tanto pública como privada), que dificulta la salida de la recesión, no sólo de ellos, sino de toda la eurozona y de la UE, amenazando la propia viabilidad del euro. Esta interpretación, sin embargo, es profundamente errónea, pues el mayor problema que tiene la eurozona y la UE no está en la periferia sino en el centro, es decir, en Alemania. La pieza clave y problemática de la Eurozona es Alemania, no Grecia, ni Portugal, ni España, ni Irlanda. Veamos los datos.
Alemania ha estado en una situación estancada desde hace ya quince años. En realidad, su crecimiento económico anual ha sido (durante el periodo 1990-2009) mucho menor que el crecimiento de los países periféricos. Y en los últimos años (2007-2009) el descenso del PIB alemán ha sido mucho más acentuado que en los países periféricos (excepto Irlanda). En 2009, la tasa de descenso del PIB fue un -4,3% (uno de los más acentuados en la UE-15). El desempleo desde el 2004 al 2007 fue mayor que el de los países periféricos, aún cuando España y Portugal le sobrepasaron a partir de 2008, siendo, a partir de aquel año, el desempleo ligeramente superior en Portugal y Grecia y muy superior en España. La tasa de inversión de capitales (“Gross Fixed Capital Formation as % of GDP”) fue en Alemania, durante el periodo 1995-2008, más baja que en los países periféricos (siendo España, el que durante estos últimos años tuvo mayores inversiones).
Y un indicador de gran importancia, pues explica en gran manera el escaso crecimiento económico de Alemania, es que la demanda causada por el consumo doméstico (“household consumption”) en Alemania fue más baja que la de los países periféricos.
Esta baja demanda ha sido constante desde 1995 y se debe al estancamiento de los salarios y de los costes laborales. Sólo España ha tenido un menor crecimiento, lo cual no puede atribuirse, en el caso alemán, a un estancamiento de su productividad. En Alemania, la productividad ha crecido, aún cuando el crecimiento ha sido menor que en la mayoría de los países periféricos (excepto España). Resultado de que la productividad ha crecido más rápidamente que los salarios (lo cual ha ocurrido también en España) vemos que el porcentaje de las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales ha ido descendiendo, siendo Alemania –junto con España- el país donde tal descenso ha sido más acentuado durante el periodo 1995-2008.
Las rentas del capital, sin embargo, han crecido astronómicamente en Alemania (lo cual también ha ocurrido en España). Ello se traduce en que la capacidad de ahorro también ha aumentado considerablemente. Pero este ahorro procede del capital exportador y de las rentas superiores. Puesto que la demanda interna no ha sido el motor del crecimiento económico, tal crecimiento se ha basado durante el periodo 1995-2008 en las exportaciones. Alemania es uno de los países más exportadores del mundo (junto con EEUU y China). Ahora bien, es importante aclarar que la competitividad del capital exportador no se debe a una mayor inversión, sino a un crecimiento salarial muy reducido. Ahí está la clave de la economía de las exportaciones alemanas. Ahora bien, para que Alemania exporte se requiere que otros países importen. Y la mayoría de los países que compran los productos alemanes son de la UE. Dos terceras partes de las exportaciones se dirigen a los países de la UE, incluyendo los países periféricos, que naturalmente pagan en euros. Una consecuencia de ello es que Alemania tiene millones de euros a su favor en la balanza comercial y en su balanza de pagos. ¿Y qué ha hecho Alemania con este dinero?
Una opción, que era la que Oscar Lafontaine, entonces Ministro de Economía del gobierno Schröder deseaba realizar, era distribuir este dinero en Alemania entre los trabajadores y aumentar el gasto público social. Ello hubiera aumentado la demanda interna, estimulando la economía de Alemania y la de otros países de la UE, incluyendo los países periféricos, pues las clases populares alemanas habrían incrementado el consumo de productos más baratos, procedentes de los países periféricos europeos, disminuyendo a la vez la excesiva importancia de las exportaciones sobre la economía alemana y su excesiva balanza de pagos positiva. No era bueno, ni para Alemania ni para la UE, que hubieran unas diferencias tan marcadas en la balanza comercial y de pagos de los países de la Unión.
El gobierno Schröder, sin embargo, no aceptó esta alternativa (causa de que Lafontaine abandonara el gobierno y el partido social demócrata). En su lugar, y en respuesta a la enorme influencia de la banca alemana, del Banco Central Alemán (Bundesbank) y del mundo empresarial exportador, decidió gastarse la enorme plusvalía del euro en: 1) comprar deuda externa de los países periféricos a intereses muy favorables 2) prestar dinero a la banca de los países periféricos, que se endeudaron hasta la médula –realizando actividades claramente especulativas, como las inmobiliarias en España, contribuyendo a la creación de las burbujas inmobiliarias- y 3) invirtiendo directamente en actividades especulativas, la mayoría también inmobiliarias, destrozando, por cierto, partes de la costa mediterránea con planes de viviendas de carácter especulativo. En realidad, esta exportación de dinero (euros) se acentuó con la compra de deuda pública de los países periféricos, pues se consideró tal compra como una gran ganancia, creando una cierta burbuja de deuda pública (y también privada). A los gobiernos de los países periféricos les era más fácil pedir prestado dinero a los bancos alemanes (y franceses) que aumentar los impuestos de las rentas superiores, muchas de ellas escasamente gravadas, contribuyendo en gran manera al fraude fiscal. La elevada regresividad fiscal y el fraude fiscal eran las características de las políticas fiscales de los países periféricos.
Esta exportación de dinero alemán, prestado o invertido en el extranjero, llegó a representar más del 25% del capital bancario alemán, lo cual ya es una cifra más que respetable. La dependencia de la banca alemana de estos fondos era muy grande. Y ahí radica parte del problema. No es bueno para la UE, ni tampoco para Alemania, que haya unas desigualdades de renta tan acentuadas dentro de Alemania y dentro de la UE. No es bueno que las clases populares alemanas tengan tan poca capacidad de demanda (que estimule la economía) y no es bueno que Alemania tenga tanto dinero para exportar y que los países periféricos tengan tan poco para importar, endeudándose tanto. Se crean así enormes dependencias que debilitan a todo el sistema europeo. En este momento, la banca alemana, la francesa y la de otros países del centro de la Eurozona, han prestado 1,4 trillones de euros a los países periféricos (una cantidad imposible de pagar por parte de los países periféricos). Y ahí está el problema. La banca alemana y sus aliados en el establishment europeo, incluidos el BCE y el FMI, han puesto como objetivo central de la recuperación económica el forzar a los países periféricos a que paguen sus deudas, tanto públicas como privadas, a sus bancos. Y el objetivo fundamental de la mal llamada ayuda a los países periféricos por parte de la UE y del FMI es, en realidad, ayuda a los bancos alemanes (franceses y de otros países del centro de la Eurozona), prestándoles dinero a los estados periféricos para que paguen su deuda.

Esta situación podría haberse prevenido si se hubiera seguido otra vía, tal como apuntó Lafontaine en su día. Y tal como pidieron las izquierdas en España en 1993. Recordemos que en 1993, las izquierdas fueron marginadas, tanto dentro del gobierno PSOE como fuera de él. La reducción del déficit del estado (necesario según el Pacto de Estabilidad) se hizo a base de reducir el gasto público y de aumentar el endeudamiento privado, en lugar de aumentar los impuestos, realizando la muy necesaria y siempre pospuesta reforma fiscal progresista, tal como habían pedido las izquierdas. Es más, en lugar de redefinir el Pacto de Estabilidad, estimulando más el componente de crecimiento, se siguieron políticas monetarias de escaso impacto estimulante. El crecimiento económico en España pasó a estar centrado en el endeudamiento privado y de carácter especulativo. Y así estamos.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 27 de mayo de 2010

Este artículo analiza las causas del subdesarrollo social de España que se basan en la herencia de cuarenta años de una dictadura caracterizada por su escasa sensibilidad social y por la manera como se hizo la integración de España a la eurozona. La exigida reducción del déficit público, mandada por el tratado de Maastrich, se hizo a costa de reducir en términos absolutos (en el periodo 1993-1995) y en términos relativos (en el periodo 1996-2004) el gasto público social, con el consiguiente aumento del déficit de tal tipo de gasto por persona en España relativo al promedio de los países de la UE-15. Tal déficit se redujo durante el periodo 2004-2007 para aumentar de nuevo con los recortes de gasto público social, colocando a España, de nuevo, a la cola de la Europa Social.

Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa social. Es decir, nuestro Estado del bienestar (que incluye desde las pensiones hasta los servicios públicos, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para las personas con dependencias, vivienda pública y otros) es el que, junto con Grecia y Portugal, está menos financiado entre los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países con un nivel de desarrollo económico más próximo al nuestro.
Si miramos el gasto público social, vemos que tal gasto representa sólo un 21% del PIB, el más bajo (incluso más bajo que Grecia y Portugal) de la UE-15, cuyo promedio es del 27%. Si analizamos el gasto público social por habitante nos encontramos con la misma situación. España es, junto con Grecia y Portugal, el país que tiene un gasto más bajo de la UE-15. Y si nos fijamos en el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del bienestar, el resultado es el mismo. España, con sólo un 9,5%, es el país con un empleo público más bajo de entre los países de la UE-15, cuyo promedio es del 15%. No es cierta la aseveración promovida por autores liberales (que tienen enormes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión españoles) de que hay demasiados empleados públicos. Es precisamente al revés: nuestro país, junto con Portugal, es el país que tiene el sector público –incluido el empleo público en el Estado del bienestar– más bajo de la UE-15.
Tales datos muestran la gran falsedad del mensaje que están transmitiendo las derechas (y algunas voces confusas de las izquierdas): que España está viviendo por encima de sus posibilidades y que hay que ajustarse el cinturón. En realidad, España se gasta mucho menos en su Estado del bienestar de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. El PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15 y, en cambio, el gasto público social por habitante es sólo un 74% del promedio de la UE-15. Lo que esto quiere decir es que España se gasta 66.000 millones de euros menos de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. No es, pues, que no haya recursos en el país. Los hay. Lo que ocurre es que el Estado (tanto a nivel central como autonómico y municipal) no los recoge.
¿Por qué estamos a la cola de la Europa social? Una de las causas es el enorme dominio que las derechas han tenido sobre la vida política de España y que se tradujo en una dictadura de 40 años que careció de sensibilidad social. Cuando el dictador murió en 1975, España tenía (junto con Grecia y Portugal, que tuvieron regímenes totalitarios semejantes) el gasto público social como porcentaje del PIB más bajo de la UE-15 (14%, comparado con el 22% de promedio de los países que más tarde constituyeron la UE-15).
Ahora bien, 32 años después de haber terminado la dictadura, no puede considerarse que esta haya sido la única causa de que España esté a la cola de la Europa social. Para explicar este retraso tenemos que entender cómo se realizó la integración de España a la UE y al euro. En realidad, el enorme déficit de gasto público social se fue reduciendo de una manera muy significativa durante el periodo 1978-1993, de manera que, al terminar este periodo, la diferencia de gasto público social entre España y el promedio de la UE-15 se había reducido a la mitad. Tal reducción tomó lugar predominantemente en los últimos años de la década de los años ochenta y principios de los noventa (consecuencia, en gran parte, de la presión popular, y muy en especial de las huelgas generales, que forzaron un notable incremento del gasto público social).
En 1993, el PSOE perdió la mayoría parlamentaria y se alió con la derecha catalana (CiU), tomando decisiones encaminadas a integrar a España en la eurozona. Entre ellas estaba la necesidad de reducir el déficit público del Estado (siguiendo el mandato de Maastricht) para alcanzar la mágica cifra de 3% del PIB. Tal reducción del déficit se hizo a base de la mayor reducción del gasto público (incluyendo el social) conocida en cualquier país de la UE. El gasto público social por habitante bajó del 3.039 euros estandarizados en 1993 a 2.904 en 1995, lo que afectó de una manera muy notable a las transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar, una de las causas de la derrota del PSOE en las elecciones de 1996.
Tales políticas de austeridad continuaron durante el periodo 1995-2004, con lo cual la diferencia del gasto público social por habitante entre España y la UE-15 se disparó, pasando de 1.812 euros estandarizados a 2.242. Lo que esto quiere decir es que España iba gastando mucho menos en su Estado del bienestar que el promedio de la UE-15, y ello debido a que los ingresos al Estado, que entre 1978 y 1993 se habían destinado a reducir el déficit de gasto público social que tenía España en relación con la UE-15, fueron, a partir de 1993, a cubrir el déficit del presupuesto del Estado. De esa manera, cuando en 2003 el Gobierno de Aznar mostró, lleno de orgullo, que España estaba ya alcanzando el equilibro de las cuentas del Estado, más de un dirigente europeo le recordó que lo había conseguido a base de empobrecer el sufrido y escasamente desarrollado Estado del bienestar español. En realidad, el euro se construyó a base de empobrecer a la España social, siendo las clases populares –las que utilizan más el Estado del bienestar– las que pagaron el coste de que España se integrara en la eurozona.
A partir de 2004, la diferencia del gasto público social por habitante respecto a la UE-15 bajó como consecuencia de la mayor sensibilidad social del Gobierno socialista, presionado por los partidos a su izquierda. Pasó, entre 2004 y 2007 (último año que Eurostat publica datos comparables a nivel de la UE), de 2.242 euros estandarizados a 1.938, cifra todavía más elevada de déficit que el existente en 1993 (1.789). Y la situación empeorará más con los recortes sociales que están ocurriendo ahora, con lo que España continuará a la cola de la Europa social.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 21 de mayo de 2010

Este artículo critica las políticas económicas, fiscales y sociales de los gobiernos Blair y Brown que, distanciándose claramente de las políticas públicas que han caracterizado a la socialdemocracia,  adoptaron políticas liberales (con algunos componentes tradicionales de la democracia cristiana) causa de su gran declive electoral (que ocurrió desde sus inicios). El artículo muestra la evidencia que cuestiona la imagen promocionada por sus apologistas (como Anthony Giddens) de que la Tercera Vía fue muy popular en la Gran Bretaña. Los datos no avalan tal diagnóstico.

Durante muchos años, el gobierno laborista británico (llamado New Labour) se convirtió en un punto de referencia muy importante entre los partidos de centro-izquierda europeos, habiendo influenciado en gran manera los cambios profundos ocurridos en el seno de la socialdemocracia europea. El hecho de que New Labour permaneciera en el gobierno durante un periodo de trece años (uno de los periodos de gobierno socialdemócrata más longevos en Europa) era motivo de admiración, atribuyéndose esta longevidad al éxito de sus políticas, que se transformaron en modelos a seguir en gran número de círculos dentro de los partidos socialdemócratas, tanto de los que gobernaban como de los que estaban en la oposición. En muchos partidos socialdemócratas que estaban en la oposición, se propuso seguir el modelo Blair para ganar las elecciones. Uno de los últimos ejemplos, entre muchos otros, fue la candidata a la Presidencia de Francia del Partido Socialista Francés en las últimas elecciones de aquel país, que explícitamente se refirió a la Tercera Vía como su punto de referencia.

En España la influencia de la Tercera Vía ha sido considerable, no sólo en sectores del PSOE y del PSC, sino también en otros partidos que consideraron atrayentes muchos elementos de la Tercera Vía. Liderada, esta influencia, por los abundantes escritos de Anthony Giddens (uno de los autores extranjeros más visibles en los medios españoles), la Tercera Vía se presentó como la necesaria alternativa a la que, en términos un tanto despectivos, se definía como “socialdemocracia tradicional” (que era la manera amable de llamarla anticuada).

Lo que es sorprendente es que esta visión de éxito político se promocionara cuando la evidencia empírica, fácilmente obtenible, mostraba precisamente lo contrario. El gran triunfo de la Tercera Vía fue en 1997, cuando New Labour ganó por primera vez las elecciones británicas. Tal Partido consiguió el 43% del voto popular (es decir, de la población que votó), que significó el 33% del total del electorado (es decir, de toda la población que podía votar), resultado –como indicaron las encuestas a pie de urna- del enorme rechazo popular hacia las políticas del partido conservador, imbuido de thatcherismo. Pero a partir de aquel año, el descenso del apoyo electoral fue espectacular. En las siguientes elecciones, en el año 2001, el Partido Laborista ganó sólo el 25% del total del electorado, y en el año 2005, descendió más, al 22%. Es sorprendente que en base a estos datos pudiera definirse tal experiencia como exitosa.

Los que llegan a este diagnóstico de “exitoso” utilizan los resultados electorales, no en base a la votación popular, sino en base al número de parlamentarios, ignorando que el sistema electoral británico no es proporcional sino profundamente sesgado y no refleja la voluntad popular. Así, en 1997, el Partido New Labour, con el 33% del total del electorado, consiguió el 64% de todos los escaños del Parlamento Británico. En el año 2001 sufrió un enorme bajón, debido en gran parte al aumento de la abstención (sobre todo entre la clase trabajadora), recibiendo sólo el voto del 25% del total del electorado, (disminuyendo también el porcentaje del voto popular, pasando a ser un 40%). A pesar de estos descensos, el número de escaños sólo bajó de 418 a 413 (de un 63% a un 62% de todos los escaños) dando una impresión errónea de mantener una elevada popularidad. En realidad, si Gran Bretaña hubiera tenido un voto proporcional, la prensa habría hablado de descalabro, que continuó en 2005, cuando el porcentaje de voto del total del electorado fue sólo de un 22%, consecuencia del incremento de la abstención (sobre todo entre la clase trabajadora), experimentando también una disminución notable del voto popular (pasando de 40% a 35%), perdiendo también escaños, pero manteniendo un 55% de todos ellos (356), permitiéndole gobernar en mayoría. El sesgo del sistema electoral estaba ocultando el gran descalabro del New Labour. En 2010, sin embargo, el voto popular bajó al 29%, perdiendo la mayoría de escaños. Tales datos muestran que el New Labour nunca fue muy popular, una falta de popularidad todavía más acentuada entre las clases populares que habían sido su base electoral más sólida durante el siglo XX. La victoria del New Labour no era tanto el “éxito” de sus políticas, sino la situación caótica en la que se encontraba el Partido Conservador (cuyas políticas habían dejado muy mal sabor de boca entre aquellas clases populares, y cuyas luchas internas sobre su postura anti Unión Europea, habían creado enormes tensiones dentro de aquel partido) y el sistema electoral que, potenciando a New Labour, discriminaba abusivamente al Partido Demócrata Liberal, que no tenía posibilidades de poder gobernar. Ni que decir tiene que los apologistas de la Tercera Vía, como Anthony Giddens, nunca citaron tales datos.

La escasa popularidad de New Labour fue consecuencia del abandono de las políticas socialdemócratas (tales como las políticas redistributivas y las políticas de carácter universal encaminadas a extender a toda la ciudadanía los limitados y poco desarrollados derechos laborales y sociales), adoptando en su lugar medidas de corte liberal (en las áreas económicas) y cristianodemócrata (en las áreas sociales). Entre las primeras resaltan la prioridad que New Labour dio al sector financiero en la economía británica. A partir del New Labour el desarrollo económico iba a basarse en un gran crecimiento del capital financiero británico. Siguiendo las políticas del Presidente Clinton (con el cual New Labour tuvo grandes semejanzas), desreguló la banca de una manera muy notable (tal como hizo Clinton al anular la Ley Glass-Steagall), permitiendo, estimulando y facilitando el crecimiento de los comportamientos especulativos de la banca, políticas favorecidas también por la independencia que otorgó al Banco de Inglaterra en el diseño de la política monetaria. El Sr. Gordon Brown, el ministro de Economía, indicó –con orgullo- en más de una ocasión que el mercado financiero en Gran Bretaña estaba entre los menos regulados del mundo desarrollado. En realidad, Londres –la City- se convirtió en el centro del banco en la sombra (the shadow banking), el componente bancario, centrado en la actividad especulativa (los hedge funds), que consideraba a la City más permisiva incluso que Wall Street, lo cual explica que se conociera a la City como “Wall Street’s Guantánamo”. Esta situación permitió la burbuja especulativa, mayor incluso que la que ocurrió en EEUU. Consecuencia de tales políticas, el capital financiero llegó a representar el 32% del PIB, casi tan alto como EEUU, el 33% (el promedio de la OCDE es el 28%). Este crecimiento se hizo a costa del sector industrial, que bajó de un 20% del PIB -cuando el New Labour inició su mandato en 1997- a un 12% actualmente, lo cual explica el deterioro de la manufactura y con ello el fin de los salarios altos y el debilitamiento de los sindicatos más fuertes y militantes –los sindicatos del sector manufacturero-, siendo el mercado de trabajo británico “uno de los mercados más desregulados existentes hoy en el mundo desarrollado” (según expresó, de nuevo, con orgullo el Primer Ministro, Sr. Toni Blair, según cita Tony Word en su análisis de las políticas económicas del Blairismo en su artículo “Good Riddance to New Labour” NLR. 62. pp 5-28. 2010).

En una situación semejante a la existente en España, el boom del capital financiero determinó una gran actividad especulativa, dentro de la cual la actividad inmobiliaria, relacionada con la construcción, lideró el crecimiento económico británico, un crecimiento anual (2,7% del PIB), sólo ligeramente superior al que tuvo lugar durante el gobierno conservador anterior. Parte de tal crecimiento, sin embargo, fue artificial, pues se basaba en una especulación que enriqueció a la banca, sin necesariamente traducirse en crecimiento de la economía real.

Otra influencia liberal se dio en la privatización de los servicios públicos. New Labour empezó comprometiéndose a no subir el gasto público en sus primeros tres años, promesa que mantuvo. No fue hasta el 2000 que se incrementó el gasto público de una manera muy marcada para parar el gran deterioro de los servicios públicos que “las políticas de austeridad” thatcherianas, llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y continuadas por New Labour, habían estado causando. En el Servicio Nacional de Salud (N.H.S.) el crecimiento anual del gasto público sanitario fue, a partir del año 2000, de un 7%. Pero este notable incremento se gastó en realizar las reformas liberales que consistían en privatizar las inversiones en el sector sanitario. En lugar de que las instituciones nuevas, como hospitales, fueran realizadas con gasto público, se animaba a que fueran las empresas privadas las que hicieran tal inversión, pagándoles el N.H.S. parte de las hipotecas correspondientes, lo que encareció tales inversiones, con lo cual, el coste total para el sector público (hipoteca más intereses) resultaba más elevado que si se hubieran construido directamente con fondos públicos. Es un arreglo semejante a lo que ocurre en Cataluña con las autopistas de pago, con el agravante de que el pago hipotecario lo hace el Estado.

La privatización conllevó también un notable crecimiento de los costes administrativos en el sector público (que representa un 10% del gasto total). Por otra parte, la aparición de un sistema concertado basado, en parte, en las ventajas fiscales del aseguramiento privado, reprodujo un sistema semejante al ya existente en Cataluña, con una sanidad polarizada por clase social, en la que el sistema privado concertado (subsidiado con fondos públicos) atiende a las clases de rentas superiores, dedicándose los servicios públicos a las clases populares.

En el sistema educativo se inició un sistema polarizado semejante al sanitario, estableciéndose escuelas privadas (muchas de ellas religiosas) concertadas y escuelas públicas, habiendo introducido sistemas de pago en las públicas, eliminando a la vez las ayudas de tipo universal y sustituyéndolas por ayudas asistenciales para familias de bajos ingresos. Y en las universidades, el criterio de evaluar la investigación priorizó los proyectos que favorecieron los beneficios de la economía, la comercialización de nuevos productos y la creación de nuevas empresas. Todos ellos objetivos loables, pero que se transformaron en prioritarios bajo New Labour.

En todo este discurso desapareció cualquier referencia a la clase trabajadora, sustituida en el discurso por la clase media, la base social –según tal discurso- de tal Partido. De esta manera, el estado del bienestar, en lugar de estar basado en la alianza de la clase trabajadora con las clases medias, condición para que se establezca el principio de universalidad, se transformó en el instrumento asistencial (de clara tradición cristiano demócrata) de ayuda a los pobres y prevención de la exclusión social.

No es sorprendente que el mayor descenso de apoyo electoral se haya dado entre la clase trabajadora, siendo, por otra parte, un hecho muy importante que apenas ha aparecido en los medios, teniendo lugar un espectacular declive de la militancia y del número de miembros del Partido Laborista, habiéndose reducido a la mitad desde que New Labour inició su mandato. Hoy, tal Partido tiene sólo 166.000 miembros, el número más bajo entre los grandes partidos de la socialdemocracia europea. El italiano tiene 800.000, el francés 200.000, y el alemán 400.000. Tal Partido tiene difícil recuperación cuando el grupo de militancia es tan reducido. La sustitución de la militancia por una dependencia en los grupos mediáticos –como el Sr. Murdoch, el gran empresario mediático, definido como el 28º miembro del Gabinete New Labour- le hace enormemente vulnerable a estos grupos mediáticos. Su abandono, como ha ocurrido en las últimas elecciones, disminuyó notablemente la capacidad de movilización de aquel Partido.

Todos estos datos tendrían que alertar a los partidos socialistas y progresistas de los elevados costes económicos, sociales y políticos que representan el tomar como modelo el socioliberalismo representado por la Tercera Vía.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 14 de mayo de 2010

Este artículo (continuación de otro en el que se analizaron críticamente las propuestas realizadas por el gobierno español para salir de la crisis) se centra en las propuestas que hizo el Sr. Rajoy (máximo dirigente del Partido Popular) para resolver la Gran Recesión en la que España se encuentra. En tal exposición, el Sr. Rajoy, indicó que las propuestas que estaba proponiendo habían ya sido exitosas en sacar a España de la recesión anterior, durante el gobierno Aznar. El artículo detalla las consecuencias de aquellas políticas, documentando el impacto negativo que tuvieron en la situación económica y social de España, mostrando indicadores de tal impacto.

Creo que las políticas de austeridad que está llevando a cabo el gobierno socialista, en respuesta a la presión de la UE, son erróneas, por las razones que he elaborado extensamente en este forum (“Las políticas promovidas por la Unión Europea son ineficaces e injustas”. Sistema Digital. 07.05.10). Pero lo que encuentro incluso más reprobable son las propuestas del PP para salir de la crisis. En su presentación el 12 de mayo, ante las Cortes Españolas, de las propuestas para salir de la crisis, el Sr. Rajoy indicó que tales propuestas ya habían mostrado su efectividad cuando fueron aplicadas por el gobierno Aznar. Según Rajoy, tales medidas fueron determinantes para salir de la crisis económica anterior, que ocurrió a principios de los años noventa. De ahí la importancia de analizar cómo se salió de aquella crisis y a qué coste, tanto social como económico. La realidad es que la aplicación de aquellas políticas ahora llevaría a una situación semejante, con costes sociales y económicos mucho mayores, pues la crisis actual (la Gran Recesión) es mucho mayor que la crisis que tuvo lugar entonces.

El objetivo principal de las políticas públicas del PP para salir de la crisis fue la reducción del déficit público, igual que ahora. Y esta reducción del déficit público se hizo a base de reducir el gasto público (incluyendo el gasto público social) y no a base de incrementar los impuestos, tal como el PP está proponiendo ahora. En realidad, el gobierno del cual el Sr. Rajoy fue parte, bajó los impuestos, aprobando reformas fiscales regresivas que favorecieron especialmente a las rentas del capital y a las rentas superiores. Una consecuencia de estas políticas fue un notable crecimiento del déficit que España tenía respecto al promedio de la UE-15 en gasto público social por habitante. Tal déficit aumentó de 1.928 euros estandarizados (euros con el mismo poder de compra en países con distintos niveles de riqueza en la UE-15) en 1996 a 2.242 euros en 2004, un crecimiento de 314 euros estandarizados por habitante (ver Navarro, V., dir. “La Situación Social en España, vol. III, Biblioteca Nueva). Esto supone un incremento muy marcado del déficit de gasto público en las distintas dimensiones del estado del bienestar. Este enorme descenso del gasto público social junto con las reformas fiscales regresivas diluyó todavía más el impacto redistributivo del Estado español, uno de los estados menos redistributivos en la UE-15. Ello explica tanto el elevado nivel de desigualdad de rentas existentes en el país (el mayor de la UE-15, junto con Grecia y Portugal), como su elevada pobreza (de nuevo la más elevada de la UE-15, junto con Grecia y Portugal). Las políticas del PP incrementaron el porcentaje de la población que sufre pobreza, pasando de ser el 18% de la población en el año 1996 a un 20% en el 2003, incremento de dos puntos, que significó un aumento del número de pobres en varios millones de habitantes. Esta reducción del gasto afectó también a las pensiones públicas. El déficit de gasto en pensiones públicas por habitante de España con el promedio de la UE-15, se incrementó un 40% durante el periodo 1996-2003, pasando de ser 492 a 693 euros estandarizados, aún cuando el porcentaje de la población española por encima de los 65 años aumentó durante aquel periodo, siendo este porcentaje mayor que el promedio de la UE-15.

El retraso del estado del bienestar en España se debe no sólo a los cuarenta años de una dictadura de derechas enormemente represiva (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000), con escasísima sensibilidad social (cuando el dictador murió, el gasto público social como porcentaje del PIB era sólo de un 14% del PIB, el más bajo, con diferencia, de la Europa occidental), sino también al dominio conservador y liberal en la vida política y mediática de este país, que resolvió la crisis de 1993 y 1994 a base de unas políticas que, aún cuando fueron iniciadas por el gobierno PSOE en el periodo 1993-1996, se acentuaron y expandieron todavía más en el periodo 1996-2004, durante el gobierno del PP. A la vista de esta experiencia, es fácil concluir que el desarrollo de las propuestas que está haciendo ahora el PP revertiría la reducción del déficit del gasto público social de España con la UE-15, que ha estado ocurriendo en el periodo 2004-2008 (bajando de 2.242 euros estandarizados en el año 2004 a 2.114 en el 2006, último año en que la agencia de estadísticas de la UE, Eurostat ha publicado datos para toda la Unión Europea), siendo el incremento del gasto público social una de las características del periodo 2004-2008, consecuencia de las alianzas informales entre el PSOE y los partidos a su izquierda, incremento que fue reduciendo el déficit de gasto público social español con el promedio de la UE-15. La crisis actual se está intentando resolver a costa de reducir el gasto público (incluyendo el gasto público social) que determinará una reversión de esta reducción del déficit del gasto público social, que se acentuaría más si gobernara el PP, tal como la experiencia de su gobierno anterior lo demuestra.

Por otra parte, las políticas fiscales y económicas del PP (que acentuaron todavía más las realizadas por el gobierno socialista) favorecieron claramente la polarización de las rentas del país, tal como señalé en la sección anterior. Mientras que los costes laborales aumentaron durante el periodo 1999-2004 sólo un 3,7%, los beneficios empresariales aumentaron un 73%.

De estos beneficios, los más espectaculares fueron los de la banca, que alcanzó niveles exuberantes, basados en gran parte en actividades especulativas, de las cuales las inmobiliarias fueron las más importantes. La desregulación del precio del suelo llevada a cabo por el gobierno PP fue un elemento clave para provocar la burbuja inmobiliaria. El maridaje banca-sector inmobiliario-industria de la construcción fue el centro del crecimiento económico, que absorbió una enorme cantidad de recursos que deberían haberse invertido en áreas más productivas y menos especulativas. La política económica del PP fue la política basada en la especulación, que ha sido causa del enorme retraso, no sólo social, sino también económico, del país. El colapso de la burbuja ha provocado el enorme problema de la falta de crédito, mientras que la reducción de la masa salarial ha creado el enorme problema de endeudamiento y escasa demanda, que es la mayor causa de la crisis, la cual empeoraría todavía más con la aplicación de las políticas del PP. Su autopromoción como el partido portador de la solución a la crisis actual carece de credibilidad, pues está recomendando las mismas políticas que nos llevaron a la crisis.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 13 de mayo de 2010

Este artículo muestra el error de muchos supuestos que se reproducen en la sabiduría convencional sobre las causas de la crisis, entre los cuales, uno de amplia difusión, es que la crisis de los países mediterráneos e Irlanda se debe a su excesivo gasto público que debe reducirse. El artículo señala los datos que cuestionan tal supuesto, subrayando que las causas de sus problemas radican en sus enormes desigualdades y polarización de las rentas (que crean problemas de falta de demanda y que generan un profundo endeudamiento), así como el excesivo poder del capital financiero que tiene gran influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y El Banco Central Europeo.

La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.
Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.
Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.
Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB). Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.
Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.
Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública. Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de cualificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses. Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.
Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).
En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.
El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo). No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento. El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 7 de mayo de 2010

El artículo critica las políticas públicas promovidas por el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo para salir de la crisis actual (que enfatizan las políticas de austeridad de gasto y empleo público) subrayando que tales políticas están dificultando la recuperación económica, además de dañar innecesariamente la calidad de vida de las clases populares.

Existen muchas interpretaciones de las causas de la enorme crisis financiera y económica que estamos sufriendo en el mundo y, muy en particular, en la Unión Europea y en el sur de nuestro continente. Una, que pertenece a la sensibilidad liberal, asume que la culpa la tiene el excesivo desembolso del gasto público, que ha ahogado el crecimiento económico. De esta interpretación se derivan las propuestas de que hay que disminuir tal gasto a fin de reducir el déficit y la deuda pública. Hoy, esta visión está generalizada en la mayoría de fórums financieros, políticos y mediáticos de la Unión Europea. Como prueba de la certeza de su diagnóstico, muestran que los países que están en peor situación hoy en la Unión Europea son los países del Sur de Europa –Grecia, Portugal y España-, e Irlanda, que tiene unos mayores déficits, como resultado de su supuesta falta de disciplina en sus políticas de gasto. La supuesta exhuberancia de tal gasto (la posibilidad de jubilación a los 55 años en Grecia, es el caso más citado) es la causa de sus dolores de cabeza. De ahí la presión de que deben reducir muy significativamente su “exagerado” gasto público, a fin de recuperarse y salvarse del colapso (y salvar así también el euro, que está experimentando dificultades por culpa de estos países). En cuanto al elevado desempleo, éste se atribuye predominantemente a las supuestas rigideces del mercado laboral, consecuencia de unos sindicatos excesivamente poderosos e influyentes que están obstaculizando la recuperación económica, en su acérrima defensa de los trabajadores con contrato fijo (y salarios demasiado altos) creando un elevado desempleo.
De esta interpretación de las causas de las crisis se derivan las políticas públicas promovidas por la Unión Europea, que consisten en reducción del gasto y empleo público, en disminución de los derechos sociales y laborales, y en desregulación de los mercados laborales. El desarrollo de tales políticas (que alcanzan su máxima expresión en el caso de Grecia), se consideran necesarias para salir de la crisis. En realidad, es el desarrollo de las políticas liberales que los mundos financieros y empresariales han deseado durante muchos años, y que ahora utilizan la crisis para llevarlas a cabo. Su coste social y humano será enorme, y su impacto en la crisis será mayor, acentuándola.
Lo que es llamativo es que tal dogma liberal, reproducido en los medios de información y persuasión, tiene muy escasa evidencia empírica que lo sustente. Es fácil mostrar que la causa de los problemas de los países con grandes dificultades no es su excesivo gasto público. En realidad, todos ellos (Grecia, Portugal, España e Irlanda) tienen un gasto público, como porcentaje del PIB, más bajo que el promedio de la Unión Europa de los Quince, el grupo de países más desarrollados de la UE, al cual todos ellos pertenecen. Lo mismo ocurre con el gasto público social como porcentaje del PIB, también más bajo que el promedio de la UE-15. Idéntica situación ocurre con el empleo público. El porcentaje de la población que trabaja en el sector público en todos estos países es más bajo que el promedio de la UE-15 (ver Navarro, V. (dir). La situación social en España, Vol III. Biblioteca Nueva).
Y en cuanto a los supuestamente exuberantes salarios, las cifras muestran que, tomando los salarios de los trabajadores de la manufactura, como punto de referencia, todos ellos tienen niveles salariales más bajos que el promedio de la UE-15 (más bajos incluso de lo que les correspondería por el nivel de riqueza que tienen) (ver V. Navarro, Marta Tur y Miquel Campa, La situación de la clase trabajadora en España, en www.navarro.org, sección Economía Política). En cambio, los beneficios empresariales y de la banca están entre los más altos, así como su fraude fiscal. Todos estos datos muestran que los problemas que tienen no se deben a su “excesivo” gasto público y “exuberantes” salarios.
De ahí que sea mucho más creíble otra explicación del origen y causas de las crisis financieras y económicas, que está siendo marginada y discriminada en los fórums y medios de información y persuasión españoles y en la UE. Las crisis actuales son consecuencia directa de las políticas liberales promovidas por el establishment europeo que ha provocado una enorme polarización de las rentas y creación de grandes desigualdades. Los países citados son los más desiguales en la UE, en un continente en el que las desigualdades han crecido enormemente. Las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales han ido disminuyendo enormemente, disminuyendo con ello la demanda, una de las causas más importantes de la crisis. La otra causa de la crisis es la falta de crédito, resultado también de la polarización de las rentas con el crecimiento exuberante de los beneficios del capital, que se invirtieron predominantemente en actividades especulativas (como las inmobiliarias y el desarrollo de instrumentos de alto riesgo) que crearon las burbujas que al estallar provocaron el enorme problema de falta de crédito.

LA ALTERNATIVA PROGRESISTA
Las soluciones son fáciles de ver. Hay que estimular la demanda en aquellos países, así como en toda la UE, a base de una redistribución de las rentas con un incremento de la capacidad adquisitiva de las clases populares, impidiendo bajos salarios (que son la causa de la baja productividad) y una enorme expansión del gasto público con el objetivo de crear empleo, precisamente las políticas opuestas a las que se están realizando en la UE. Nunca se ha salido de ninguna depresión y gran recesión en el siglo XX (como la actual) sin que haya habido una enorme expansión del gasto público y crecimiento de la deuda. La Gran Depresión se resolvió con el New Deal y el enorme incremento del gasto público durante la II Guerra Mundial. En Europa, la reconstrucción de las economías casi destruidas como consecuencia de la II Guerra Mundial se basó en unas enormes inversiones públicas fiscales y sociales, facilitadas por el Plan Marshall. Creerse ahora que se puede salir de esta enorme recesión sin tal crecimiento del gasto público en toda la UE es ignorar las lecciones de la historia. Reducir el gasto público es una nota de suicidio. En realidad, si no fuera por la reducción del gasto público, España ya habría salido de la recesión.
En cuanto al otro gran problema, la falta de crédito, éste debe resolverse a base de una intervención pública, no para ayudar a los banqueros, como se está haciendo ahora, sino para garantizar el acceso al crédito. Como era predecible, las medidas de austeridad exigidas a las clases populares por parte de la UE van acompañadas con medidas muy generosas a la banca, tanto la griega como la alemana (entre otras), propietarios de la deuda griega.Tal como bien ha dicho Joseph Stiglitz, si todas las “ayudas” a la banca se hubieran invertido en crear bancos públicos de crédito, la falta de crédito ya se habría resuelto. Se han gastado 700.000 millones de dólares, sólo en EEUU, para salvar la banca, cuando con este dinero podría (y debería) establecerse una banca o bancas públicas que garantizaran el acceso al crédito por parte de empresas (sobre todo medianas y pequeñas) y ciudadanía. Un tanto semejante ha ocurrido en la Unión Europea (ver V. Navarro, ¿Por qué no banca pública? www.vnavarro.org, sección Economía Política).
Lo que estamos viendo hoy es la plena expresión de lo que solía llamarse “lucha de clases”, en la que las clases dominantes lideradas por el capital financiero están imponiendo sus exigencias a las clases populares a fin de recuperar su rentabilidad. Como bien ha dicho Warren Buffet, una de las personas más ricas del mundo, conocedor del mundo financiero empresarial, al cual pertenece, “hay clases y lucha de clases, y mi clase está ganando esta lucha”. La famosa frase de apretarse el cinturón sólo aplica a las clases dominadas. Las dominantes ni siquiera llevan cinturón. La nula regulación de la banca, a pesar de haber sido la causa de la crisis financiera, dos años ya tras haber creado la crisis, muestra hasta qué punto el mundo político está configurado por tales intereses financieros empresariales, que están dañando enormemente la economía real. No es sorprendente que las llamadas democracias tengan problemas tan graves de credibilidad que están cuestionando su legitimidad. La agitación social en Grecia es el inicio de un proceso que pondrá en vivo lo que hasta ahora aparecía sólo en pasivo, expresándose en abstención en los procesos electorales. La transformación de tal abstención pasiva en agitación activa será, a partir de ahora, una constante en los años venideros. El peligro es que esta agitación la capitalicen las derechas, tal como está ocurriendo en EEUU. Veremos qué ocurre en la Unión Europea.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 6 de mayo de 2010

Este artículo muestra como el mal llamado libre comercio (poniendo entrecomillas “libre” porque no es tal) está dañando enormemente a las clases trabajadoras y clases populares de los países subdesarrollados. Esta tesis, expuesta por el autor en un artículo anterior publicado en PÚBLICO, ha sido ahora corroborada sorprendentemente por el Presidente Clinton de EEUU, el cual ha reconocido que las políticas promovidas por su gobierno, por el Banco Mundial, y por el Fondo Monetario Internacional (y por los medios liberales), dañaron enormemente a Haití, tal como el autor de este artículo había señalado anteriormente. El artículo subraya que tales políticas de “libre” comercio están dañando, no solo a Haití, sino a la mayoría de países de Latinoamérica.

A raíz del terremoto ocurrido en Haití el pasado 12 de enero de 2010, escribí el artículo en Público “Haití no es un desastre natural” (28-01-10), en el que denunciaba la cobertura por parte de los medios de información españoles de la situación desastrosa que aquel país estaba sufriendo. Tales medios presentaron aquella tragedia como un fenómeno natural e imprevisible, el terremoto, ignorando las causas políticas del enorme subdesarrollo del país que le había hecho tan vulnerable frente a aquel fenómeno natural. La información proveída por los medios estaba encaminada a estimular una enorme movilización internacional de ayuda “humanitaria”, liderada por el Gobierno federal de EEUU, presentado por muchos articulistas, como la predecible Pilar Rahola de La Vanguardia, como “el bueno de la película” (21-01-10).
Escribí un artículo muy crítico de tal cobertura mediática subrayando que el desastre de Haití no era exclusivamente (ni siquiera primordialmente) un desastre natural, sino un desastre previsible, consecuencia de la enorme pobreza de la mayoría de la población, resultado de unas estructuras político-económicas dominadas por unas élites corruptas, sostenidas por los gobiernos estadounidenses y franceses. Añadía que el Gobierno federal de EEUU, lejos de ser “el bueno de la película”, era “el malo”, no sólo por haber ayudado al mantenimiento de las élites dominantes de aquel país, sino también por haber promovido políticas que dañaron enormemente su capacidad productiva agrícola. Mostraba, como ejemplo, que Haití, que había sido un país exportador de arroz, pasó a ser más tarde importador de arroz como consecuencia de la imposición al Gobierno haitiano de medidas antiproteccionistas (eliminando los aranceles, entre otras medidas) por parte de los gobiernos Clinton y Bush. Estos gobiernos forzaron al Gobierno de Haití a aceptar el arroz importado de los productores arroceros estadounidenses (la mayoría de Arkansas, el Estado del que el presidente Clinton había sido gobernador), altamente subvencionados por el Gobierno federal de EEUU. Ello explica que el arroz importado fuera más barato en Haití que el producido en aquel país, con lo cual se destruyó la capacidad de producir arroz, empobreciendo a miles de familias productoras de arroz. El supuesto benefactor (el bueno de la película) estaba creando las condiciones para que un desastre natural pusiera al descubierto la enorme tragedia e injusticia que se había impuesto a aquel país.
Como era predecible, el artículo causó gran revuelo, con la consiguiente sistemática retahíla de insultos hacia las voces que cuestionamos el dogma liberal dominante en el país, en los medios que reproducen la sabiduría convencional. Algunas respuestas no fueron insultos, sino expresiones de desacuerdo, sin que estuvieran avalados, sin embargo, por una evidencia que cuestionara mi diagnóstico.
La mayoría de voces, sin embargo, coincidió con la postura reflejada en el artículo del embajador del Gobierno de EEUU en Madrid, Adam D. Solomont, en el que defendió la bondad de las intervenciones del Gobierno de EEUU en Haití (Público, “Una mano que ayuda”, 31-01-10). Con todo ello, mi artículo pasó al olvido.
Hasta ahora. Hace unas semanas (10-03-10), nada menos que el propio ex presidente Clinton, en un testimonio ante el Senado de EEUU, reconoció que en 1995 presionó al Gobierno haitiano para que disminuyera los aranceles (en respuesta a las presiones de los agricultores de arroz de su Estado natal) bajando las tasas aduaneras del arroz del 50% al 3%, destruyendo con ello el sector arrocero de Haití. Añadió Clinton que, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, también habían favorecido tal liberalización que, retrospectivamente –admitía–, había tenido un impacto muy negativo en la economía de aquel país. El arroz estadounidense, altamente subvencionado por el Estado federal, se vendió a 3,8 dólares por libra, frente al precio local, 5,12 dólares. Miles y miles de agricultores tuvieron que dejar el campo y pasaron a engrosar las masas que vivían en condiciones miserables en las ciudades. Haití se convirtió, así, de mayor exportador de arroz a un importador. De hecho, hoy el 80% del arroz es importado. “Haití –concluyó Clinton en su testimonio ante el Senado– es un caso que muestra que, en lugar de ayudar, perjudicamos a aquel país”. Hay que agradecer la sinceridad y el arrepentimiento mostrados por el presidente Clinton. Pero el hecho es que era fácil de ver que todas estas políticas ahora denunciadas causarían el daño que hicieron, como algunas voces solitarias predijimos. No era culpable, pues, sólo él, sino toda la sabiduría convencional liberal dominante en aquel y otros países (incluído España), así como el FMI y el Banco Mundial, y que los medios –también los españoles– reprodujeron. ¿Cuándo pedirán perdón los medios españoles, la mayoría de persuasión liberal, fundamentalistas del libre comercio?
En realidad, la evidencia de que el fundamentalismo liberal de libre comercio está dañando, no sólo a Haití, sino a toda América Latina, es abrumadora, tal como documenta el libro Las relaciones económicas entre la Unión Europea y América Latina: sus impactos en los mercados laborales (1990-2007). Sus autores, dos académicos chilenos, Claudio Lara y Consuelo Silva, ofrecen evidencia empírica que muestra que, con contadas excepciones, tales inversiones extranjeras, en ausencia de medidas proteccionistas, están perjudicando más que favoreciendo la calidad de vida de las clases trabajadoras de aquellos países. El libro, escrito a petición de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA-TUCA), ha documentado un aumento de la destrucción de empleo, de la temporalidad, precariedad y deterioro de las condiciones de trabajo, junto con un descenso salarial en muchos países de América Latina. Esta es la situación ignorada en la promoción del mal llamado “libre” comercio. En realidad, de libre, tiene muy poco.

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Publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 30 de abril de 2010

Este artículo muestra como la posición liberal que, en su teoría, enfatiza la importancia de priorizar los mercados sobre la intervención estatal, no se corresponde en la práctica con las políticas públicas que tal posición ha promovido, pues –tal como el artículo muestra- las políticas supuestamente liberales han favorecido el crecimiento de monopolios. De ahí que el debate político y económico no debiera centrarse en la dicotomía mercados versus estado, sino en la discusión de qué grupos y clases sociales se benefician del estado.

El desarme ideológico de las izquierdas explica que muchas de ellas hayan adoptado el esquema ideológico de las derechas, con las consecuencias que todos estamos viendo: la enorme crisis financiera y económica que estamos experimentando, y en cuya génesis encontramos las políticas liberales promovidas por los gobiernos de derechas y reproducidas en gran número de políticas llevadas a cabo por gobiernos de centroizquierdas.
Así pues, en la Unión Europea (UE), existe consenso en las instituciones europeas -desde el Consejo Europeo, a la Comisión Europea, pasando por el Banco Central Europeo-, de que hay que “apretarse el cinturón” y hacer sacrificios, lo cual quiere decir (en la mayoría de forums en que esta llamada a la austeridad se realiza) que hay que bajar los salarios (a través de reformas del mercado laboral, cuyo resultado será la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares), y disminuir el gasto público para reducir el déficit y la deuda pública. Estas políticas se desarrollan dentro de un marco teórico en el que se considera que el mercado debe ser el que determine la distribución de los recursos, disminuyendo el intervencionismo del estado que dificulta el desarrollo y la eficiencia económica. Hoy, tanto las derechas como las izquierdas gobernantes comulgan con este credo. Y las diferencias políticas se reducen a cuánto mercado versus cuánto estado necesita la economía. Las izquierdas favorecen, en general, que el Estado tenga una función reguladora mayor y las derechas que la tenga menor. Pero por lo demás, ambas –las derechas y las izquierdas- coinciden en que el mercado debe ser el centro del quehacer económico.

Debido al enorme dominio de las derechas en los medios de información y persuasión, esta teoría ha alcanzado la categoría de dogma y como tal se reproduce a base de fe, en lugar de a partir de evidencia científica, puesto que ésta última demuestra claramente que este marco teórico no define la realidad existente hoy en la actividad económica que nos rodea. El Presidente Reagan, el gran gurú del pensamiento liberal (la sensibilidad dominante en las derechas, no sólo estadounidenses, sino también europeas), fue el presidente que aumentó más el intervencionismo público a base de incrementar considerablemente el gasto público durante su manato (de 21,6% al 23% del PIB) mediante el mayor crecimiento de los impuestos que un gobierno federal haya llevado a cabo en tiempo de paz en EEUU (reduciendo la carga fiscal del 20% de renta superior de la población, los más ricos de EEUU, pero aumentando la del 80% restante de la población) y permitiendo un gran crecimiento del déficit federal. El crecimiento del gasto público se dedicó, predominantemente, a tecnología militar y a subvenciones a las grandes corporaciones. Como bien dijo el ideólogo del pensamiento liberal en EEUU, John Williamson, “tenemos que reconocer que lo que el gobierno Reagan promueve a nivel internacional, no lo hace en su propio país” Institute for Internacional Economics. Washington DC. 1986).

El último ejemplo de la falsedad del modelo teórico “mercado versus estado” es lo que ocurre con el gasto farmacéutico. El capítulo farmacia consume alrededor de un 25-30% del gasto sanitario en la mayoría de países de la OCDE (en España es el 32%). Ello supone muchos millones de dólares o euros. EEUU se gasta 250.000 millones de dólares en productos farmacéuticos. Ahora bien, un porcentaje muy elevado (74%) es para comprar productos que tienen un precio inflado, resultado de estar patentado. Es decir, que para compensar lo que la industria farmacéutica define como costes de investigación, el estado le permite durante varios años tener un monopolio en la venta del producto, inflando su precio. No hay, pues, mercado que valga. Según el sistema de patentes, el estado no permite que haya mercado.

Esta práctica ocurre constantemente en el mal llamado libre mercado. Bill Gates no existiría si no hubiera sido porque el estado le dio el monopolio de Windows, prohibiendo alternativas. De ahí, la enorme fortuna de uno de los personajes más ricos del mundo. No fue el mercado, sino el estado el que creó a Bill Gates (permitiéndole unos ingresos de 60.000 millones al año, lo cual no podría ser de no existir tal patente). Pues bien, los costes que supone para la ciudadanía el sistema de patentes garantizadas por el estado se calcula que es alrededor de un 6,6% del PIB en EEUU (casi la tercera parte de los ingresos al estado federal). Recuerden que en todo ello el mercado no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de un monopolio garantizado por el estado.
Frente a esta situación, comienza a cuestionarse la situación monopolista garantizada por el estado. Así, Dean Baker, del Center for Economic and Policy Research de Washington (una de las mentes más claras dentro de la comunidad de economistas estadounidenses), ha propuesto que el estado sea el que haga la investigación aplicada (que realiza la industria farmacéutica), además de la básica (que realiza el gobierno federal). En la investigación farmacéutica, el gobierno federal realiza la mitad de toda la investigación que se realiza en EEUU (en sus centros de investigación sanitaria y, muy en especial, en los National Institutes of Health: NIH), centrándose en investigación básica (30.000 milloneas de dólares). Si hiciera también la otra mitad, que se centra en investigación aplicada (que ahora hace la industria farmacéutica), entonces podrían eliminarse todas las patentes, con lo cual, la sociedad y el estado se ahorrarían enormes cantidades de dinero, permitiendo además que el mercado funcionase en la distribución del producto. La intervención pública permitiría entonces el desarrollo del mercado, en lugar de obstaculizarlo como ahora, abaratando enormemente el producto. Así hoy, un nuevo tratamiento de cáncer, consecuencia de un nuevo producto basado en la ingeniería genética, cuesta 250.000 dólares al año, lo cual excluye en EEUU a la mayoría de la población. Si no existiese la patente (y el estado hubiera hecho la investigación) costaría sólo 200 dólares.
Ahora bien, en la UE esto no puede hacerse, pues la UE prohíbe que el estado intervenga para eliminar las patentes, sustituyendo a la industria privada, que requiere el monopolio. De ahí que el que termina haciendo el sacrificio es el usuario. ¿Por qué no la industria farmacéutica? Pues la respuesta es fácil de obtener. Porque la industria farmacéutica es poderosísima. Así de claro. La cuestión no es mercado versus estado, sino al servicio de quién está el estado. Y cuando se hace la petición de que hay que apretarse el cinturón siempre se piensa en las clases populares como las que tienen que hacer el sacrificio y nunca en los grandes grupos fácticos que ejercen un enorme control sobre las instituciones políticas. ¿Hasta cuándo durará esta situación?

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Vicenç Navarro  respondió a las preguntas de los lectores de PÚBLICO el viernes 23 de Abril

Le sigo desde q leí El Subdesarrollo social..q recomiendo. Ud fue asesor de Allende ¿Qué le parecen las acusaciones de V. Farias? ¿Cree que se está tratando de criminalizar todos los símbolos obreros para q perdamos referentes en esta crisis neoliberal?
Victor Jara

Las acusaciones de tal señor no merecen ser respondidas. En cuanto a la dilución en la visibilidad de los símbolos obreros, es parte de un proyecto de eliminar la cultura obrera y trabajadora que ha sido la fuerza determinante en la creación del Estado del Bienestar y en el establecimiento de la democracia, tanto aquí en España como en América Latina.
Vicenç Navarro

Leo todos los días su blog, y uno de sus argumentos favoritos es la crisis de consumo ¿No cree que esta política keynesiana choca con informes como el del Mit de 1972 y que llega un momento que es necesario un paso más hacia el socialismo?
Republicano

La crisis actual se basa en la polarización, en la distribución de las rentas, tanto a nivel mundial como a nivel de mayoría de países desarrollados. Por un lado tenemos un descenso de las rentas del trabajo como porcentaje de la riqueza del país que ha determinado un enorme problema de demanda. Pero por otra parte el exuberante crecimiento de las rentas del capital y muy en especial del capital financiero ha determinado unos comportamientos especulativos que crearon la crisis financiera. Esta crisis requiere no sólo un incremento muy notable de las rentas del trabajo, sino también una intervención pública muy activa en la generación del capital y su acumulación. Lo cual quiere decir que se requieren políticas redistributivas junto con políticas de intervención pública en los medios de producción, que pueden alcanzar la nacionalización de algunos de tales medios, como la banca. Lo que se requiere por lo tanto es el desarrollo de aquel principio de que “a cada uno según su necesidad y de que cada uno según su habilidad”. Este principio es no sólo un principio de equidad, sino también un principio de eficiencia económica. La propia exigencia de resolver los enormes problemas actuales lleva a la necesidad de implementar tales principios.
Vicenç Navarro

¿Cómo se le explica a una persona que vivimos en un país democrático cuando tenemos un sistema electoral injusto (sobretodo por Izquierda Unida) y una justicia cada vez menos justa? ¿Qué se puede hacer para revertir la situación?
Rayo de fuego

El enorme dominio de las derechas en la mal llamada “Transición modélica” configuró un sistema electoral que es escasamente proporcional y beneficia sobre todo a las fuerzas conservadores, discriminando de una manera profundamente injusta a IU. Esto fue un proyecto exitoso de la nomenclatura del Estado dictatorial en contra de las izquierdas y muy en especial en contra del Partido Comunista. Cualquier persona con sensibilidad democrática debiera protestar que España es uno de los países en Europa que se distancia más del principio básico de la democracia de que cada persona tiene que tener el mismo poder de decisión a través del voto.
Se requiere una movilización muy extendida a lo largo del Estado español para democratizar todo el Estado. El problema mayor que tiene España es que su democracia es muy limitada, lo cual explica el bienestar tan insuficiente que tiene nuestro país. Permítanme que les sugiera mi libro ‘Democracia incompleta, bienestar insuficiente - De lo que no se habla en nuestro país’.
Vicenç Navarro

Sr. Navarro ¿qué podemos hacer en España para disminuir la fuerza de las políticas liberales que llenan la agenda de los dos principales partidos políticos así como los medios de comunicación?. Gracias por su trabajo.
Michael

Creo que es esencial de que la juventud del país se movilice activamente para cambiar y mejorar la tan limitada democracia y el tan insuficiente bienestar de nuestra población. Las fuerzas conservadoras y liberales tienen una enorme fuerza y ello requiere una movilización más intensa por parte de los partidos de izquierda y movimientos sociales (y muy en particular los sindicatos) en una agitación social que ocurra en bases diarias para forzar cambios más sustanciales de los que se están considerando. La crisis actual está dañando las clases populares de una manera muy marcada y las fuerzas progresistas tienen que movilizar y agitar un panorama político que es excesivamente estable.
Vicenç Navarro

Profesor navarro ¿si ya existen propuestas alternativas a las políticas del gobierno, las derivadas de su propuesta del 4rto pilar del bienestar, ¿qué impide tomar al gobierno dichas propuestas como válidas para ser tenidas en cuenta?
Roberto

El cuarto pilar del bienestar incluía en la versión original que yo propuse en el año 2000 no sólo los servicios de dependencia, sino también las escuelas de infancia. La Ley que establece los primeros es una buena ley, aunque está sub-financiada. Lo que se requiere ahora es establecer otra ley que garantice el derecho al acceso de todos los niños y niñas de España a escuelas de infancia de alta calidad. Y digo escuelas de infancia y no guarderías, término que conceptualiza una visión muy errónea de lo que debe ser una escuela de infancia. Guardería da la imagen de “aparcamiento de niños”. Lo que se requiere son auténticas escuelas de alta calidad, como ocurre en los países nórdicos de Europa, siendo Suecia uno de los países que en esa dimensión debe ser un punto de referencia.
Vicenç Navarro

Leyendo su biografía, ¿que experiencias positivas y negativas saca usted de su estancia como asesor del gobierno de Bill Clinton?
RaGe

Los sindicatos estadounidenses y el movimiento Rainbow (el movimiento de los derechos civiles, liderados por Jesse Jackson) me pidieron que respondiera afirmativamente a la invitación del presidente Clinton a que me integrara al grupo de trabajo presidido por su esposa para la reforma sanitaria. Yo tenía mis dudas sobre la orientación de la administración Clinton, pero acepté su invitación por la estima y respeto que tengo a los sindicatos que me lo pidieron. En general considero que el equipo económico de Clinton era un equipo liberal que contribuyó a la crisis financiera. En las áreas sociales se hicieron propuestas más positivas, pero poco financiadas. En general tengo una valoración negativa de la administración Clinton. No era tan mala como la administración Bush, pero su política económica en general fue liberal.
Vicenç Navarro

Hola, querido Profesor: ¿Cuáles son las ventajas de las políticas públicas sobre las privadas? y, ¿por qué se nos engaña con que lo privado funciona mejor? ¿a quién le interesa decir esto? Gracias, compañero Profesor.
JACOBINO

El mejor ejemplo de que lo privado no es necesariamente mejor que lo público es el sistema sanitario estadounidense, que es el más caro del mundo, con el nivel de insatisfacción popular más elevado.
Vicenç Navarro

¿Por qué las ideas neoliberales en la economía, que han demostrado ser ineficaces e injustas, se suelen aceptar como un dogma?.
Michael

El liberalismo es la ideología del capital financiero predominantemente y hoy este capital tiene un enorme poder. Su influencia en la vida política es enorme y de ahí que haya ese dominio tan extenso en España del pensamiento liberal entre los economistas y los políticos. La fortaleza de tal pensamiento no se basa en la riqueza intelectual que le sustenta (que es muy poca), sino en las enormes cajas de resonancia que la banca ofrece a ese pensamiento. Por lo demás, la mayoría de las tesis liberales son fácilmente demostrables que son erróneas y falsas. Todo el edificio liberal se basa en creencias casi de carácter religioso más que en evidencias empíricas de carácter científico.
Vicenç Navarro

Visto que la democracia es una farsa de las multinacionales y poderosos, querido Profesor, ¿qué podemos hacer, los iguales, para conseguir una sociedad más justa? Salud, compañero.
JACOBINO HASTA EL TUÉTANO

La respuesta es fácil: hacer más viva la democracia. La lucha por una democracia verdadera es la lucha más importante del siglo XXI. Hay que hacer una realidad que la ciudadanía controle al Estado.
Le sugiero que abandone el jacobinismo, que centra el poder cuando el poder debe descentralizarse y democratizarse el máximo posible.
Vicenç Navarro

Señor Navarro, España se encuentra como otros países en un desfase histórico, aún tenemos un monarca del estado burgués, pero, ¿realmente cree que la III república comportaría la liberación de los oprimidos y los obreros? ¿O es una gatopardada?
Ximo

La Monarquía es el centro de las fuerzas conservadoras en el país, que dominaron el proceso de Transición. De allí la importancia de democratizar el Estado basándose en unos principios republicanos que nos conducirán, sin duda, a un sistema político distinto al presente. El progreso democrático es imparable. Hoy en España la juventud está cuestionando dogmas que podían considerarse inamovibles sólo hace unos años.
Vicenç Navarro

Compañero: ¿Por qué, Noruega? He visto que muchas veces lo ponías como ejemplo. ¿No tienen una derecha y una socialdemocracia tan derechista como aquí? Gracias, compañero.
JACOBINO

Los países nórdicos de Europa son los que tienen Estados del Bienestar más avanzados y ello se debe a la fortaleza del mundo del trabajo. La clase trabajadora en alianza con las clases medias estableció el Estado del Bienestar más avanzado en Europa. Ni que decir tiene que continúan habiendo muchos problemas, pero no hay duda de que a mayor fuerza la clase trabajadora tiene en un país, mayor es la calidad democrática de su Estado y más avanzado su Estado del Bienestar. La poca calidad de nuestra democracia y el escaso bienestar se debe a la debilidad de la clase trabajadora y a la enorme fortaleza de la clase empresarial y financiera de nuestro país. Hay una lucha de clases muy intensa en España y el hecho de que no se hable de ella es en si un síntoma de que aquellos que ganan aquella lucha en bases diarias no quieren que se hable de ella.
Vicenç Navarro

Buenos días Sr. Navarro: Si el PP gana las próximas elecciones, que diferenciaría a la política económica del PP de la que está tomando el PSOE últimamente? Leo con fervor todo lo que usted publica, moitas grazas.
Xabi

Me parece un error profundo homologar el PSOE con el PP. El hecho de que los equipos económicos del PSOE en general han tenido una sensibilidad liberal no quiere decir que sean idénticas que las políticas del PP. Y las políticas sociales del PSOE son mucho más avanzadas que las del PP. No hay plena conciencia en España de que el PP es una fuerza que en el panorama político de Europa corresponde a la ultraderecha. El ‘caso Garzón’ es un ejemplo de ello. Los mayores medios de la derecha europea han condenado el enjuiciamiento del juez Garzón y denunciado al Tribunal Supremo. Los partidos europeos más afines a los postulados del PP son de ultraderecha.
Vicenç Navarro

Soñemos: Izquierda Unida aumenta su representatividad parlamentaria, tras una reforma de la Ley Electoral, y forma parte del Gobierno. Entre otros, asume la gestión del Ministerio de Economía y te ofrecen participar. ¿Aceptarías?
Silgo

Siempre he respondido afirmativamente a la petición de ayuda y asesoramiento de cualquier partido de izquierda o centro-izquierda. Tengo gran respeto por IU y desearía que tuviera mucha mayor fuerza. El PSOE necesita una fuerza a su izquierda que le empuje hacia la izquierda. Es una lástima que el PSOE no se haya aliado más con otros partidos a su izquierda como IU-ICV, ERC, el BNG y otras fuerzas de izquierda. En general las políticas del gobierno tripartito catalán son más a la izquierda que las del PSOE y ello se debe a que la alianza de las fuerzas de izquierda han configurado unas políticas sociales más avanzadas que en otras partes de España.
Vicenç Navarro

¿Decir Aznar es decir Franco?
Pollo de fuego

Aznar representa la derecha dura española homologable a la ultraderecha en Europa. Es la figura política que representa más claramente la sensibilidad heredada del régimen fascista anterior.
Vicenç Navarro

¿Cómo solucionaría el follón montado por la sentencia sobre el Estatuto catalán?
Emilio Ferrando Escrivá

Me parece obvio que el Tribunal Constitucional no sólo debería cambiarse, sino también debería eliminarse o al menos no permitirle que tome decisiones en contra de la soberanía popular. Su poder deriva de esa soberanía y es profundamente antidemocrático de que un Estatuto aprobado por el Parlamento de Catalunya y las Cortes españolas y refrendado por el pueblo catalán ahora no se apruebe por un Tribunal Constitucional en donde están dominando las fuerzas conservadoras que quieren conseguir lo que no se consiguió a través del voto y del referendo.
Vicenç Navarro

Muchas gracias por las preguntas. Muy interesantes! A todos los que tomaron el tiempo para pasarlo conmigo les agradezco su interés y les animo a que lean mi blog (www.vnavarro.org) y que lo distribuyan ampliamente entre los círculos en los que se muevan. Hay que promover entre la población información que no les llega por los medios habituales. Información es poder y de allí la enorme importancia que los que luchamos por la democracia y el bienestar de la población tengamos a nuestro alcance argumentos y datos que refuercen nuestra postura y denuncia de la situación actual. Soy profundamente optimista puesto que en mis años de vida he podido ver cambios enormes en España. En los años 50 vivimos y luchamos bajo uno de los regímenes más horribles que ha conocido Europa en el siglo XX. Hoy vivimos ya en otro mundo, pero el reto es el mismo.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 23 de abril de 2010

Este artículo señala que la situación financiera y fiscal de Grecia no es la causa principal de la crisis del euro. De ahí que la ayuda que se ha pactado para ayudar a Grecia, aunque necesaria, es insuficiente. La crisis del euro responde al comportamiento especulativo de la banca (incluyendo la banca alemana) junto a las políticas de austeridad (seguidas también por Alemania) que están dificultando la recuperación económica.

La visión que se está transmitiendo, por la mayoría de medios de información en España, sobre la crisis del euro es que esta crisis está causada por el comportamiento irresponsable del gobierno griego, que ha gastado en exceso en su estado del bienestar, creando un déficit y una deuda pública que no son sostenibles y que han generado dudas sobre si el gobierno podrá pagar sus deudas, con lo cual la moneda que utiliza Grecia –el euro- quedará muy afectada. Ejemplo de esta lectura del euro es el artículo de Sala i Martín en La Vanguardia (17.02.10), en el que critica a Grecia (y a otros países de la eurozona mediterránea, incluyendo España) de ser responsables de la crisis de la moneda europea, debido a un excesivo gasto público, derrochado –según él- en exuberantes beneficios sociales y laborales (ver mi artículo “La crisis, ¿qué debería hacerse?” Sistema 05.03.10). En este contexto, aparecen frecuentemente los pensionistas griegos, muchos de los cuales pueden ya jubilarse a la temprana edad de 55 años. De esta lectura se deriva que la solución es que los griegos (así como los españoles, portugueses y otros mediterráneos -aunque incluyen también a Irlanda- inclinados a excesos en sus gastos públicos) se aprieten el cinturón recortando su gasto público y reduciendo sus exuberantes beneficios sociales y laborales, tal como instruyen el Banco Central Europeo (máxima autoridad monetaria de la Eurozona) y el Pacto de Estabilidad.

Hasta aquí el dogma liberal. Veamos ahora los datos. En realidad, la economía griega en los últimos quince años (hasta 2009) había sido altamente exitosa. Su crecimiento económico (medido en el PIB per capita) creció más rápidamente que el promedio de la UE. Es cierto que ahora su déficit es elevado (13% del PIB), y su deuda es también elevada (113%), aunque no mucho más elevada que la deuda que se proyecta para el 2011 para el promedio de los países de la OCDE y mucho menor que la deuda de Japón (192% del PIB). Lo que ha ocurrido en Grecia, y en la mayoría de países de la OCDE, es que la disminución de los ingresos del estado, consecuencia del descenso muy marcado de la actividad económica, ha causado el crecimiento del déficit. Lo que los liberales olvidan es que el problema del déficit se basa más en el déficit de ingresos al estado (impuestos), que en la exuberancia del gasto.

Grecia es un país pequeño (que además tiene un fraude fiscal enorme), y el gobierno conservador anterior prefirió más conseguir dinero de los bancos extranjeros que aumentar los impuestos de la gente más pudiente y así corregir el fraude fiscal. El 95% del dinero que consiguió, vendiendo bonos, fue a bancos europeos. En otras palabras, el 95% de la deuda del estado griego la tienen los bancos europeos (y muy en especial los alemanes). Estos bancos compraron los bonos griegos en masa y a precios muy reducidos. Tiene millones de euros en bonos. Estos bonos los tienen asegurados en lo que se llama Credit Defaults Swaps (CDS); lo cual quiere decir que el aseguramiento de los bonos no se basa en su precio real, sino en un precio ficticio, resultado de la especulación. De ahí las campañas de los bancos y de los hedge funds (fondos de carácter especulativo) a fin de inflar el precio de los bonos que generan un interés exorbitante de un 7% por año. Y se están forrando como  consecuencia de ellos. De esto, los liberales ni hablan.

Pero este crecimiento exuberante de los intereses de los bonos lo tiene que pagar el ciudadano griego a base de ajustarse el cinturón. Y ahí está el Pacto de Estabilidad, el instrumento por antonomasia de rectitud monetaria. Lo que al ciudadano griego se le dice es que tiene que ser más austero, vivir con menos transferencias y servicios públicos y reducir sus beneficios sociales y laborales. Todo ello para que se puedan pagar a los bancos sus escandalosamente altos beneficios bancarios, basados en mera especulación. Y los bancos tienen sus propias agencias de certificación (que están en su bolsillo), que catalogan los bonos de los estados según la voluntad de los gobiernos de seguir las instrucciones de los bancos (que se llaman los mercados financieros).

Ahora bien, este descenso del gasto público está creando un enorme problema, pues acentúa más la recesión y dificulta la recuperación en todos los países de la eurozona y no sólo en los países mediterráneos (e Irlanda), sino también en los países centrales, incluida Alemania. La austeridad de gasto público (iniciada ya con las reformas Schroeder) en Alemania, junto con la falta de crecimiento de los salarios en aquel país, hace que la escasa demanda interna esté imposibilitando el estímulo económico necesario para salir de la crisis. De ahí que los círculos liberales y conservadores que gobiernan en Alemania intenten basar la recuperación económica en el crecimiento de las exportaciones. Pero el problema es que la gran mayoría de exportaciones en Alemania (2/3 partes) van a los países de la Eurozona que no están importando por las mismas razones: las prácticas de austeridad (bajada de gasto publico y de salarios), que están imposibilitando que se importen los productos alemanes. De ahí que el comercio alemán y europeo se está paralizando. En realidad, en Irlanda, donde más se han aplicado las recetas de austeridad (al igual que en Lituania), el PIB ha disminuido nada menos que un 8% (en 2009), desembocando aquel país en una profunda recesión. Un tanto igual ocurrirá en Grecia (y puede ocurrir en España si las políticas de austeridad no cambian). El paquete de ayuda de la UE a Grecia que el presidente Zapatero, Presidente de la UE, ha organizado, es una medida necesaria pero profundamente insuficiente, pues la solución a la crisis de Grecia pasa por cambios más profundos de lo que la UE está considerando, pues  se necesita un giro de 180º en sus políticas, pasando de políticas liberales a políticas keynesianas de estímulo de la demanda. Cuando se creía que la crisis presente (generada por las políticas liberales) significaría el fin del neoliberalismo, resulta que, paradójicamente, estamos viendo como la mayoría de gobiernos de la UE, alentados por sus instituciones (tanto el BCE como la Comisión Europea y el Consejo Europeo) están reincorporando tales políticas.

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